Lo que comenzó como un rumor a finales del 2021, en abril de este año se convirtió en una realidad: Edgar Adhemar Bacchiani era detenido el viernes 22 de ese mes por Gendarmería Nacional.
Desde diciembre de 2021, cuando Adhemar Capital aún permanecía abierto a los clientes y las actividades de la financiera se desarrollaban con normalidad, empezaron las especulaciones: “Bacchiani no está pagando”.
Rápidamente, se corrió la voz entre poceros, acreedores y trabajadores de la empresa; el castillo de naipes comenzaba a desmoronarse. Desde amenazas de bomba en la empresa hasta protestas frente al sanatorio donde Bacchiani estaba internado, antes de su detención, eran claros indicios del malestar de los inversionistas.
El 13 de abril el empresario fue formalmente imputado, junto a otros integrantes de la cúpula, por los delitos de estafa y lavado de dinero.
La estafa piramidal de Adhemar Capital
Adhemar Capital realizaba sus operaciones mediante la captación del capital de los ahorristas, con la premisa de un negocio sumamente atractivo, basado en la especulación, que prometía un beneficio económico muy elevado.
Como su nombre lo indica, una pirámide consta de escalones en los cuales se posicionan los integrantes según su jerarquía de poder en la firma; en Adhemar Capital, la figura más representativa era Bacchiani, pero la estructura de la empresa no estaba compuesta solamente por él.
Si Bacchiani representaba el escalafón más alto de la pirámide, por debajo de él existía una organización que avalaba la empresa. El empresario no operaba individualmente; existía una estructura que respaldaba las operaciones de la firma.
A pesar de que Bacchiani era el “rostro” de la firma, Adhemar Capital estaba constituida por personal humano encargado de consolidar las operaciones.
En la jerarquía de la firma, el “trader” constituía el escalafón más alto, seguido por sus ex socios de negocios, Alexis Sarroca y José Blas y su ex asesor y abogado Lucas Retamozo. En la categoría de poder de decisión, según las denuncias presentadas, se encontraba su ex pareja, Sofía Piña, como intermediaria entre los ahorristas y el empresario.
En segundo lugar, se encuentra el personal de trabajo y empleados administrativos que ejecutaban las tareas relacionadas al funcionamiento integral de la firma. Los poceros representaban la tercera categoría, como reclutadores de inversionistas y recaudadores del capital invertido.
La última categoría se compone de los ahorristas. Dependiendo del poder adquisitivo del inversionista, éste podía ascender en la pirámide; la gran mayoría de los inversionistas estaba constituida por ciudadanos comunes.
Inimaginables cantidades de dinero
En el caso de Adhemar Capital, uno de los testimonios más recientes aportados por un técnico informático de la firma reveló que la financiera recibió más de 220 millones de dólares y alrededor de 73 mil millones de pesos, además de numerosas unidades en Bitcoin y Ethereum.
Bacchiani, por su lado, mostró una captura de pantalla de una de sus billeteras virtuales en la cual se mostraba un monto de 58.711.171 USDT -criptomoneda-, durante la primera verificación de fondos que resultó fallida. En una segunda verificación, el empresario se negó a mostrar si contaba efectivamente con ese dinero para pagar, lo cual dejó en duda si realmente poseía esa cantidad de USDT.
El “trader” incluso ha solicitado un concurso preventivo para evitar la quiebra, que implicaría la liquidación de sus bienes; abogados de los damnificados consideran que esta instancia previa a la quiebra es un recurso que Bacchiani pretende utilizar para negociar su excarcelación.
¿Dónde está el dinero? El desapoderamiento de bienes del “trader god”
Rastrear el capital, tanto de Adhemar Capital como el del Bacchiani, es uno de los principales objetivos de los querellantes y de la Justicia Federal de la provincia.
Si bien se desconoce la fecha exacta en la cual Bacchiani habría comenzado un proceso de desprendimiento, una resolución del Ministerio Público Fiscal, recopilando varias denuncias de querellantes, desprendió un dato que podría indicar cuándo se comenzó con el vaciamiento de bienes.
“Entre los días 17 y 18 de febrero de 2022, el imputado Edgar Adhemar Bacchiani, procedió a desprenderse de una gran cantidad de bienes inmuebles, los cuales resultaban la garantía de los créditos de los acreedores”, expresaba el escrito del organismo fiscal.
En dos días, durante febrero cuando la financiera ya no podía afrontar el plan de pagos de los ahorristas, Bacchiani cedió 10 propiedades; parte de estos inmuebles fueron transferidos al suegro de Lucas Retamozo, César Agüero Berrondo.
Por lo que, según datos aportados por los querellantes, se podría deducir que parte del desprendimiento de los bienes para no afrontar los pagos se efectuó cediendo propiedades y bienes a terceros o en el mercado de activos digitales, el negocio de las criptomonedas.
Una de las hipótesis implicaría que, retomando la estructura de la pirámide, Bacchiani podría haberse insolventado financieramente a través de los integrantes de la estafa, según cada escalafón:
El traslado de bienes e inmuebles a los más cercanos y allegados -por ejemplo, Lucas Retamozo, Alexis Sarroca, José Blas, Sofía Piña, entre otros- o en criptoactivos a aquellos que operan en el mercado de las criptomonedas, parte de la primera categoría; en el segundo lugar, entrega de propiedades de menor dimensión o en dinero físico a los trabajadores de la firma; finalmente, en la última escala, a los inversionistas y a quienes no están familiarizados con el mercado cripto, entrega en dinero tangible o bajo el supuesto de una posible reestructuración de deuda, como pagos adeudados.
Ahora Bacchiani se enfrenta al cargo de “insolvencia fraudulenta”, delito que implica deshacerse efectivamente de bienes e inmuebles con la finalidad de declararse insolvente financieramente y no pagar las deudas a los acreedores y crimen por el cual todavía no ha respondido.
Bacchiani, hoy
A 8 meses de su detención, el financista, lejos de los lujos que antes ostentaba, permanece en el Servicio Penitenciario Provincial y enfrenta los cargos de intermediación financiera no autorizada, asociación ilícita, estafa y eventual lavado de activos.
Lo que alguna vez fue una empresa que prometía beneficios económicos excepcionales hoy, con incontables damnificados y numerosas denuncias, representa uno de los fraudes más polémicos de Catamarca y del país.
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