Después de tres años, por la falta de presentación de las rendiciones de cuentas durante la gestión correspondiente al segundo semestre de 2021, primer semestre de 2022 y segundo semestre de 2022, el Tribunal de Cuentas ha iniciado un sumario administrativo contra el exintendente de Fray Mamerto Esquiú, Guillermo Ferreyra, y quienes integraban su equipo: Noelia Julieta Posch, exsecretaria de Hacienda y Finanzas, Laura del Valle Romero, exdirectora de Tesorería.
En junio de 2022, se otorgó una prórroga excepcional para la presentación de las rendiciones del primer y segundo semestre de 2021, pero meses después, esta prórroga fue incumplida. Como resultado, el Tribunal de Cuentas decidió proceder con el sumario para esclarecer las responsabilidades y posibles daños a la hacienda pública.
Pero en el presente, el avance del sumario se encuentra detenido debido a que Guillermo Ferreyra, ahora senador departamental y posee fueros parlamentarios que protegen su inmunidad.
Esta situación destaca la necesidad de actualizar la ley del Tribunal de Cuentas, que data de 1991, para agilizar procesos y reducir la burocracia.
De acuerdo a los registros documentales, en 2014 fue la última vez que se intentó avanzar en la modificación de la ley Orgánica del Tribunal de Cuentas.
La ley actual del Tribunal de Cuentas es la 4621 del año 1991. Y es necesaria su actualización para agilizar tramitaciones, desburocratizar el organismo, corregir errores formales, aclarar conceptos y poder incluir sistemas modernos de información en el control.
Uno de los puntos a favor de la modificación de la ley es para establecer que deberán continuar los procesos de juicios sin importar si el funcionario asume un cargo en el que tiene fueros. Además, establece tiempos perentorios para rendiciones, requerimientos del TC, como para definir situaciones de legalidad y sanciones.
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