El Gobierno nacional y un grupo de mandatarios provinciales acordaron hoy no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que restituyó fondos de la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La postura de la Casa Rosada fue influenciada directamente por los gobernadores del PJ, que durante horas estuvieron reunidos con el presidente Alberto Fernández, algunos en forma presencial y otros a distancia. Habría sido el chaqueño Jorge Capitanich quien lanzó la idea de desconocer la sentencia del máximo tribunal.
Esta tarde-noche se conoció el comunicado con la decisión de Fernández y 14 mandatarios provinciales que asistieron a la reunión en Casa Rosada. Allí se consideró al fallo como “inédito, incongruente y de imposible cumplimiento”. Además, acusaron a la SCJN de no haber fundado “el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje (de la coparticipación para la Ciudad) al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180.000 millones de pesos adicionales a los que ya percibe”.
Los gobernadores del PJle habían reclamado a Fernández que el Gobierno asuma una postura firme frente al fallo de la Corteque repuso parte de la coparticipación a la CABA que había sido detraída en 2020, cuando el Presidente decidió girarle esos fondos al gobierno de Axel Kicillof para apagar una revuelta policial. Los mandatarios provinciales dispensaron palabras fuertes contra los ministros del máximo tribunal y pidieron hacer “algo” para evitar que se vean afectados los fondos coparticipables que hoy reciben las provincias para, entre otras cosas, invertir en obras públicas.
Fernández pidió recusar a los cuatro miembros de la Corte: Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y que se presente el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución dictada ayer por los jueces.
En su fallo, la Corte había advertido que era falso el argumento de que restituirle fondos a la Ciudad significaba quitarle recursos de la coparticipación a las provincias, debido a que sus porcentajes en nada varían. Esto porque los recursos restituidos a la Ciudad corresponden a los fondos de la recaudación nacional que retiene para sí la Nación, no la torta que reparten entre los distritos. En el comunicado, los gobernadores desconocieron ese argumento: “Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación”. A lo que apuntaron que “es un fallo político, de cara al año electoral” y que la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA”.
Los gobernadores firmantes fueron Kicillof, de Buenos Aires; de Catamarca, Raúl Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich, de Chubut, Mariano Arcioni; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de San Juan, Sergio Uñac; de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
En el comunicado se evitó usar el concepto de “conflicto de poderes” algo que había trascendido como una posibilidad durante el correr del día, pero que finalmente no se concretó. “No es porque no creamos que no lo hay”, deslizó una fuente sobre un punto sensible. En el Palacio de Tribunales anticipaban que era “imposible” que se hablara de un conflicto de poderes, “porque no se está violando la Constitución Nacional”. “Sí se está violando”, replicaban en Balcarce 50, pero evitaban con mesura ahondar en el tema.
En su declaración pública, Fernández y los gobernadores insistieron en que en las condiciones actuales, la medida es “de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad”.
Los gobernadores también advirtieron que al verse afectadas las provincias “en forma directa por la arbitraria decisión” de la Corte “instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los Estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación de los ministros firmantes de dicha medida cautelar y para que soliciten la revocación ‘in extremis’ de la misma”, como recurso legal.
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