A poco de cumplirse dos meses desde que salieron a la luz las excesivas contrataciones directas que el Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles realizó a la empresa Air Total SRL, se materializó la denuncia penal.
“Era una asignatura pendiente que teníamos desde que vino Niederle a la Legislatura y confesó que la obra pública está cartelizada, lo cual es un delito” indicó el diputado Hugo Ávila (FAP), uno de los que motorizó la judicialización de la causa.
Ávila acusó que el Gobierno de la Provincia de Catamarca ha ido elaborando “un sistema de controles más laxos, elevando los montos mínimos para las adjudicaciones directas a través de distintos decretos”, lo que ha beneficiado a empresas cercanas a funcionarios del Poder Ejecutivo.
“Así se ha visto beneficiada la empresa Air Total SRL, también la empresa Guido Moguetta, también la empresa Huasi Construcciones SRL. Así que consideramos que este es un primer paso, que hay que hacer una presentación penal para que se investigue lo que el mismo Niederle ha dicho: que la obra pública en Catamarca está cartelizada”, sentenció.