Aparecieron los cargos prometidos y ya hubo, en retribución, un par de leyes aprobadas y una conducta opositora tolerable. El radicalismo busca aprovechar sus votos en la Cámara de Diputados para seguir estrujando lo poco que hoy el Gobierno está dispuesto a ceder. Ahora se viene la ley de emergencia económica, tan impopular como inevitable, y el Ejecutivo necesita consenso para ajustar. Desde ya, confía en que los “socios” cumplirán su palabra.
La historia se remonta al 31 de octubre pasado, días después de las elecciones generales que relegaron al frente liderado por la UCR (Juntos por el Cambio) en tercer lugar en la provincia. En esa ocasión, el diputado y presidente del Comité Provincia de la UCR, Alfredo Marchioli, ofició de anfitrión en su finca de San Antonio (FME) de una reunión a puertas cerradas con una comitiva del Gobierno provincial con el fin de avanzar en el tratamiento de temas centrales para el oficialismo, como la reforma parcial de la Constitución y la ley de creación del parque nacional Sierras de Ambato.
A Marchioli lo acompañaron sus pares de bancada Luis Lobo Vergara, Luis Fadel, Juana Fernández, Alicia Paz y Silvana Carrizo. Por el lado del oficialismo estuvieron el vicegobernador Rubén Dusso; el entonces ministro de Gobierno, Juan Cruz Miranda; el asesor general de la Gobernación, Nicolás Rosales Matienzo; la expresidenta de la Cámara baja Cecilia Guerrero y el diputado Gustavo Aguirre.
La reunión fue duramente cuestionada por otros radicales que se enteraron en forma indirecta. El diputado José “Chichí” Sosa la tildó de “acuerdo extramuros”, un “toma y daca”, y responsabilizó al gobernador Raúl Jalil por “apurar los tiempos” de la enmienda constitucional. Días después, un grupo de legisladores radicales rechazó las negociaciones encaradas por Marchioli. “No prestamos acuerdo a las autoridades de la UCR y las del bloque para seguir llevando adelante reuniones con funcionarios del Gobierno provincial sobre la reforma constitucional y la creación de cargos para la integración de CAMYEN y los fideicomisos”, sostuvieron.
Pero lo peor sobrevino luego en un plenario en la UCR, cuando la entonces diputada Fernández admitió que en las negociaciones para aprobar una ley se pidió a Guerrero, extitular de la Cámara baja, el nombramiento de “dos cargos de planta permanente para cada legislador”. El abucheo fue ensordecedor.
Por el lado del Ejecutivo, el extitular de la cartera política, Miranda, siguió echando leña al fuego. “Les diría a los diputados que participen del directorio de CAMYEN y del fideicomiso. Creo que con Alfredo se va a poder hablar mejor en estos términos”, expresó.
El encuentro radical-peronista en la finca de Marchioli quedará en el recuerdo como “El Pacto de San Antonio”.
Si bien la enmienda constitucional, el parque Sierras de Ambato y la integración del radicalismo en los apéndices mineros estatales salieron de agenda, sí se aprobaron sin mayores sobresaltos el Presupuesto y la Ley Impositiva 2024 -base del impuestazo inmobiliario-.
Designaciones radicales
Pese a la repulsa de los correligionarios a las negociaciones reservadas con el Gobierno, algunos acuerdos se cumplieron y favorecieron a los protagonistas del Pacto de San Antonio y a otros más.
En efecto, con fecha 28 de diciembre de 2023, el Ejecutivo provincial firmó el decreto N° 984 de designación en contratos de empleo público -instancia previa al pase a planta permanente- de 26 personas vinculadas al radicalismo. Algunos son familiares directos de diputados y otros son colaboradores.
Lo curioso es que el decreto se conoció pocas horas antes del plenario de la Convención provincial de la UCR, realizada el pasado sábado 23. Muchos interpretaron que su difusión fue una travesura filoperonista para enturbiar las deliberaciones en el Comité. Para evitar esto, los radicales acordaron no poner el tema sobre la mesa.
En la oportunidad estaba previsto que los diputados del partido dieran su informe de la labor legislativa en la Convención, tal como está previsto. Pero como tal vez eso podría dar lugar a un cuestionamiento por los flamantes nombramientos, se votó que los informes quedaran en observación durante 60 días. Es decir, aún no están aprobados.
Sobre las designaciones, Marchioli dijo en la prensa: “Todos tenían conocimiento de la situación. Los que no sabían preguntaron y se les explicó, al igual que a todos los legisladores que están relacionados con ese listado. Todos comprendieron porque aparte son personas que conviven en esta actividad parlamentaria, técnica y política con el resto de la militancia radical”.
Los diputados pretendían que los cargos quedaran en la Cámara baja, pero la expresidenta del cuerpo, Guerrero, se negó por falta de presupuesto. Y por eso fueron incorporados en distintas áreas del Ejecutivo. “Eso se hizo a regañadientes de nuestra parte”, se apresuró a aclarar Marchioli.
Solo en lo que respecta a “personal transitorio con funciones políticas”, la Cámara de Diputados aprobó para este año un total de 471 cargos. Esto es, existen 11/12 empleados por cada uno de los 40 diputados, sin contar los que dependen directamente de la presidencia del cuerpo. Era comprensible la negación de Guerrero.
Pero esto no concluyó allí. Los diputados radicales que ingresaron en la última renovación de bancas también pretenden dos cargos per cápita, ya que, según sostienen, Marchioli arregló solo para sus pares de camada.
Políticamente aceptable
Así se mueven estos días los herederos de Alem e Yrigoyen, más preocupados por los favores del oficialismo provincial que por los despidos masivos de la gestión Milei, que consienten en silencio.
Si bien cuestionan en términos severos al Gobierno por los incrementos de impuestos y servicios, las cuotas del IPV y las prestaciones de OSEP, se quedan en la comodidad del discurso y no avanzan con denuncias en la Justicia. El caso del aumento en los aportes salariales de los empleados públicos a la caja de la AGAP, bien merece un fuerte planteo legal.
Ese tipo de oposición política, quejosa pero inofensiva, es la que el Gobierno provincial está dispuesto a tolerar para mantener la sociedad del Pacto de San Antonio.
El documento final de la última Convención de la UCR afirma que “afuera de los comités hay miles de catamarqueños que esperan algo distinto, y si nosotros no empezamos a poner el oído en la gente y actuar en consecuencia, serán otros los que ocupen ese lugar: el de la alternativa de cambio”. Y agrega: “Para eso queremos un radicalismo moderno y vanguardista, que tenga la capacidad de respuesta a los problemas del presente y del futuro. Solo así tendremos la posibilidad de ser gobierno”.
Detrás de esa imagen autopercibida, están las prebendas en forma de decreto.
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