En los papeles, Catamarca se encuentra en emergencia económica desde junio pasado, cuando se promulgó la ley del mismo nombre. Pero los hechos, desde que Javier Milei asumió como presidente en diciembre pasado y anunció fuertes recortes en el gasto público y en las transferencias a las provincias, en la tierra de la Virgen del Valle hubo numerosas designaciones en el Estado y los gastos no se redujeron a tono con la crisis. Algo no funciona bien cuando las leyes pierden sentido antes de ser leyes.
Alcanzaron las primeras medidas fiscales caracterizadas con la “motosierra” de Milei para que las provincias anticiparan el cimbronazo. Fin del financiamiento para la obra pública, despidos masivos en los organismos nacionales y cierre del grifo de las transferencias discrecionales del Tesoro. Catamarca fue una de las más afectadas por la poda.
Durante todo el verano el tema recurrente en la política fue precisamente cómo impactaría el ajuste en las arcas provinciales, en particular por el freno a la obra pública financiada por Casa Rosada y la caída de la coparticipación federal como consecuencia de la eliminación del Impuesto a las Ganancias en septiembre de 2023, al ritmo de la campaña electoral de Sergio Massa.
Y la primera reacción del Gobierno fue anunciar que enviaría un proyecto de ley para declarar la emergencia económica en la provincia, con el fin de contener el gasto público, priorizar las obras necesarias y adoptar medidas extraordinarias en la planta de trabajadores del Estado. Si bien se cuidó de no hablar de ajuste, sí enfatizó la idea de la austeridad.
El proyecto de ley para declarar la “Emergencia económica, financiera, administrativa y educativa del Estado provincial” fue remitido a la Legislatura el 14 de marzo pasado, en forma simultánea con la convocatoria a sesiones extraordinarias a partir del día siguiente y hasta el 15 de abril. El Ejecutivo pretendía contar con la herramienta en ese plazo. No pudo ser porque las rondas entre funcionarios de Economía y legisladores se extendieron más de lo previsto.
Entre los principales puntos, el proyecto establece lo siguiente:
- Se prohíben nuevas contrataciones o designaciones de personal en Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal de Cuentas y municipios hasta el 31 de diciembre de 2024.
- Quedan exceptuados los contratos de empleo público ya celebrados, la promoción, las contrataciones o designaciones en las áreas de Salud, Educación y Seguridad por razones de estricta necesidad.
- Se crea un régimen de retiro voluntario en todo el sector público para el personal con 50 años (hombres) y 45 años (mujeres), con 5 o más años de antigüedad. Las prestaciones por pagar van de 65% a 80%, según los años de servicio.
- Se suspenden hasta fin de año las ejecuciones de condenas contra el Estado provincial y se declaran inembargables sus cuentas.
- Se prohíben las compras de automotores que no sean para reemplazo de los existentes.
- Quedan suspendidos los nuevos alquileres de inmuebles con destino a la administración.
Sin consenso
La iniciativa recibió despacho de comisión de la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados el 25 de abril. La oposición presentó el propio en disidencia. Después de un áspero debate, el proyecto tuvo media sanción en la sesión ordinaria del 8 de mayo. La votación terminó 21 a favor y 17 en contra.
La diputada peronista Mónica Zalazar, presidenta de la Comisión de Hacienda, se encargó de la defensa del proyecto. “Aquí se busca establecer medidas de carácter transitorio y de manera excepcional hasta fines del año con una prórroga alternativa por cinco meses más, no se vulnera al trabajador, sus derechos adquiridos, no hay recortes de sueldos, congelamiento ni poda”, afirmó. Y cuestionó “el recorte del Gobierno nacional a la provincia, que solo en el primer trimestre significó un 23% en relación con 2023”.
Por el lado del bloque de la UCR, el diputado Mamerto Acuña recordó que “entre 2016 y 2023, la Provincia recibió alrededor de 609 millones de dólares, ¿dónde está esa plata?”, interrogó. Y analizó que "en términos fácticos, no están dadas las condiciones para decir que hay emergencia, no están dadas las condiciones ni económicas, ni técnicas, ni financieras para considerarse una ley de emergencia”.
El más duro fue el jefe del bloque libertario, Adrián Brizuela, quien diferenció la emergencia nacional de la provincial por cuanto “aquí -remarcó- se da después de un festival de nombramientos entre diciembre y enero”. Y dijo que mientras Milei redujo burocracia estatal, en Catamarca “se mantienen 16 ministerios y los exfuncionarios son designados en el gabinete".
De otro contexto
Una semana después de la aprobación del proyecto en la Cámara baja, una comitiva oficial de la provincia partió rumbo al Vaticano para participar del encuentro denominado "De la crisis climática a la resiliencia climática". Por supuesto, hubo encuentro protocolar y fotos con el Papa Francisco, al que le entregaron obsequios catamarqueños.
Además del Gobernador, la delegación estaba integrada por los diputados nacionales Silvana Ginocchio y Sebastián Nóblega; el diputado provincial Juan Carlos Ledesma; los intendentes Mario Cusipuma (Antofagasta de la Sierra) y Enzo Carrizo (Saujil), el cacique Bernardo Gutiérrez (La Angostura) y la secretaria de Planificación e Inversión Pública, Tania Schönhals. Junto a ellos, artesanos de la Puna y de FME.
Según se justificó, el viaje de los artesanos fue para tomar contacto con “La ruta del telar” en Italia, para así “darle el valor agregado y fortalecer la actividad textil artesanal y de la vicuña y su fibra”. No quedó claro, por cierto, cuál era la urgencia de esta incursión, ni menos aún el papel de Catamarca en una cumbre climática en un contexto de emergencia económica como la que describe la ley provincial.
Por cierto, menos clara todavía fue la necesidad del viaje de los legisladores oficialistas y de los intendentes. En realidad, las comitivas oficiales al extranjero suelen contar con participantes esporádicos que no tienen ningún vínculo con los temas de agenda. Son más bien “gestos” o gentilezas políticas para apaciguar ánimos o premiar conductas. Cualquiera haya sido la intención, nada de eso estaba en línea con el mensaje de austeridad y razonabilidad en el gasto que emitía el Gobierno por esos días.
En igual sentido, la semana pasada, la Cámara de Diputados se trasladó a Santa María para celebrar una sesión que autotituló “histórica” por su carácter “federal”. Si bien no se pagaron viáticos a los legisladores, sí lo hicieron con los treinta empleados del cuerpo (taquígrafos, secretarios, asistentes, choferes) que fueron para el montaje de la escena.
Entre gastos de alojamiento, comida y combustible, más viáticos del personal, la sesión en el interior le costó entre 4 y 5 millones de pesos a la Cámara baja. No se trata de un gasto elevado; se trata de un gesto contradictorio con el discurso de la emergencia económica.
Porque todos los proyectos que se trataron en Santa María (como declarar patrimonio cultural a la receta de la capia, el reconocimiento a los bomberos voluntarios y el pedido de construcción de un edificio escolar) bien podrían haber sido aprobados en el recinto de la Legislatura.
De hecho, si de ser federales se trata, los diputados podrían comprometerse a visitar regularmente por cuenta propia cada rincón del interior, hablar con su gente y recoger las inquietudes para darles tratamiento legislativo. No es necesario ni prioritario trasladar la estructura burocrática con una supuesta pretensión de apertura y sensibilidad. La demagogia suele mostrar diversos rostros.
Contratos a contrarreloj
El Boletín Oficial N°45, del 4 de junio pasado, publica una cantidad no determinada de contratos de empleo público con personas no identificadas, una omisión que difiere de los extractos habituales de los decretos de designación o contrataciones en el Estado provincial. El primer dato es, entonces, la falta de transparencia.
En total, son cinco contratos individuales referidos en los decretos 517, 525, 527, 541 y 543. Y un número no precisado de contratos colectivos en los decretos 529, 531, 533, 535, 537, 539 y 545. Todos tienen fecha de mayo de 2024.
Pero hay otro dato central: los contratos de empleo corresponden en su totalidad al Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, a cargo de Verónica Soria. Es decir, un área que no figura entre las excepciones previstas en la ley de Emergencia Económica, que permite solamente designaciones o contrataciones en los ministerios de Salud, Educación y Seguridad y por “razones de estricta necesidad”, según establece el artículo 5° de la norma.
El Poder Ejecutivo podría alegar que tales contratos fueron realizados antes de que la Legislatura aprobara la ley de Emergencia Económica, y por supuesto previamente a su promulgación, el pasado 18 de junio.
Tal vez eso pueda servir como argumento formal, pero en los hechos se entiende que la situación de emergencia económica por la caída de los recursos provinciales ya era realidad a principios de año. Dicho en otros términos, la fecha de los decretos es irrelevante.
De manera tal que designar personal a las apuradas, viajar al extranjero cuando no es prioritario y gastar en sobreactuaciones legislativas son algunas de las situaciones que hacen de la “Emergencia económica, financiera, administrativa y educativa del Estado provincial” una ley formalista y sin correlato con la realidad. Una mentira piadosa.