Opinión

La reforma, Alfonsín y el “Pacto de San Antonio”

La reunión reservada de un grupo de diputados radicales con funcionarios de Jalil para tratar la reforma de la Constitución y cargos políticos para la oposición dejó al bloque de la UCR al borde la ruptura y al partido en ebullición. Sucedió en la semana en que se recordó el legado del “padre de la democracia”.
Por Marcelo Sosa

La Psicología explica que el sentimiento de culpa “surge cuando un individuo percibe que sus acciones han violado sus principios morales o éticos. Este estado emocional puede desencadenarse por situaciones tales como romper normas sociales o incumplir expectativas personales”.

Así podría comprenderse la actitud defensiva que adoptaron los diputados radicales que se reunieron el martes pasado con una comitiva del Gobierno provincial, para abordar temas de agenda parlamentaria, en especial la ansiada reforma parcial de la Constitución de Catamarca que pretende la administración Raúl Jalil.

Es que si el diálogo político no solo es válido sino también deseable en el sistema democrático, ¿por qué habría que dar explicaciones como si se tratara de algo ilegítimo? ¿Por qué salir al día siguiente de conocida la noticia a aclarar los términos del encuentro y defender la “honorabilidad” de los diputados opositores? El sentimiento de culpa parece justificar esa conducta.

Las razones son que la reunión se hizo a puertas cerradas en la finca del diputado y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Marchioli, en San Antonio (FME) y no en un ámbito público; además el resto del bloque y la dirigencia partidaria no estaban al tanto; se abordaron temas como la enmienda constitucional, que merecen un amplio consenso y no mesas chicas; y finalmente porque se pusieron sobre el tapete cargos políticos ofrecidos a la bancada opositora. Un “acuerdo entre gallos y medianoche”, según definió en la sesión del último miércoles el diputado José “Chichí” Sosa, quien se mueve como líbero en el bloque de la UCR.

Además del anfitrión Marchioli, por los radicales estuvieron Luis Lobo Vergara, Luis Fadel, Juana Fernández, Alicia Paz y Silvana Carrizo. Los visitantes fueron el vicegobernador Rubén Dusso; el ministro de Gobierno, Juan Cruz Miranda; el asesor general de la Gobernación, Nicolás Rosales Matienzo; la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Guerrero; y el diputado Gustavo Aguirre.

Fue “Chichí” Sosa el que ventiló este “acuerdo extramuros”, cuestionó el “toma y daca” que se propone a la oposición y responsabilizó al gobernador Jalil por “apurar los tiempos” para avanzar con la reforma de la Constitución. Lo hizo desde su banca y ninguno de sus pares salió a contradecirlo.

Diputado José "Chichí" Sosa. Cuestionó el "toma y daca" entre sectores de la UCR y el Gobierno.

El jueves, Marchioli eligió sus redes sociales y un solo medio de comunicación para dar su versión. Comentó que la reunión fue de carácter preliminar para “tratar los posibles temas de una reforma constitucional” y aseguró que tuvieron “grandes coincidencias” con las autoridades provinciales. Hasta allí se desconocía que la UCR había decidido avanzar con la enmienda de la ley suprema de la provincia. Mejor dicho, que un grupo de sus dirigentes había decidido por todos.

Nadie niega que la Constitución de Catamarca necesita ser actualizada. Desde poner fin a las reelecciones indefinidas en los cargos electivos, establecer que las elecciones sean cada 4 años (y no cada 2), que las sesiones ordinarias comiencen el 1 de marzo (y no en mayo) y que el criterio de selección de los jueces tenga carácter constitucional, entre otros puntos.

Y es precisamente porque se trata de un asunto trascendental en la vida institucional de la provincia que no puede ser abordado solo por un puñado de legisladores y funcionarios. Algunos de esos diputados concluyen su mandato en diciembre; algunos de esos funcionarios quizás no sigan en el próximo gabinete o tengan otro destino.

Reacciones y quiebre

Como era de esperar, el reproche del diputado Sosa no iba a ser el único. Horas después se sumó su par Tiago Puente. "Se les va a terminar el juego de los negocios en nombre de la UCR con el Gobierno provincial. Están en retirada y la quieren detonar más de lo que ya está", escribió en su cuenta de Twitter.

La exdiputada Paola Bazán, quien además integra el secretariado de la centenaria fuerza, hizo lo propio en Instagram: “Somos un partido democrático. Los temas se debaten a la luz del día y en las instituciones creadas a tal fin. ¡Hace rato venimos diciéndole NO a los acuerdos de finca!”, indicó.

El viernes, un grupo de seis diputados del bloque de la UCR rechazaron estas negociaciones a través de un comunicado. “No prestamos acuerdo a las autoridades de la UCR y las autoridades del bloque para seguir llevando adelante reuniones con funcionarios del Gobierno provincial, sobre la reforma constitucional y la creación de cargos para la integración de CAMYEN y los fideicomisos”. Lo suscribieron Sosa, Puente, Cristina Gómez, Silvana Carrizo, Natalia Herrera y Carlos Marsilli.

El hecho de que entre los díscolos figure la diputada Carrizo, una de las que estuvo en la finca de Marchioli, se explica, según se supo, porque ella se opuso a que allí se hable de la reforma constitucional y así lo hizo saber. Sin embargo, las conversaciones siguieron adelante.

¿Habrá dos bancadas radicales en Diputados? En el comunicado, los legisladores no lo aclaran, pero está a la vista que el vínculo interno ha quedado muy deteriorado tras el “Pacto de San Antonio”.  

Alfredo Marchioli celebra su elección como presidente de la UCR el 2 de abril de 2023.

Malas negociaciones

No es la primera vez que Marchioli se reúne con gente del Gobierno para tratar el tema de la integración de la oposición en la empresa minera estatal. Lo hizo a principios de año, a poco de haber asumido como presidente de la UCR, en un encuentro a solas con el ministro Miranda. “A los diputados les diría que participen del directorio de CAMYEN y del fideicomiso, tienen que estar ahí. Creo que con Alfredo se va a poder hablar mejor en estos términos”, expresó Miranda luego de la reunión. Ciertos elogios pueden ser muy perjudiciales.

Marchioli había visto con buenos ojos la propuesta oficial por cuanto, según dijo, la mejor forma de “controlar la política minera es desde adentro”. Sin embargo, la iniciativa tuvo un rechazo total del pleno de la UCR y del bloque legislativo. Incluso el senador nacional y excandidato a gobernador de Juntos, Flavio Fama, se expresó severamente en contra: “Entendemos que la oposición está para controlar, no para gestionar o cogobernar”, afirmó.

En medio del revuelo en el radicalismo, salió el gobernador Jalil a recordar que los proyectos para sumar a la oposición en CAMYEN y en el fideicomiso “ya estaban presentados en las cámaras legislativas desde el año pasado y en la última semana ingresó el proyecto de eliminar las reelecciones indefinidas”, señaló. Lo hizo en un intento por quitar el carácter “oculto” a la oferta oficialista en el mitin de San Antonio.

El problema es que los diputados radicales no solo aceptaron tratar temas ya rechazados formalmente, sino que además improvisaron una cumbre pre-reformista. Y encima trascendió que sobre la mesa se tiró, además, la posibilidad de que cada diputado pueda acceder a dos cargos de planta permanente para sus colaboradores. Es decir, la reunión ya se tornaba bastante oscura.

Si de abrir camino a la reforma de la Constitución se trata, tanto Jalil como Marchioli han encarado mal las negociaciones. El “diálogo político” que ambos defienden se debe llevar a cabo a través de los canales institucionales vigentes, en forma abierta y con consenso previo.

Así fue como se llevó adelante en 2015, en el final del primer mandato gubernamental de Lucía Corpacci. El ministro de Gobierno de entonces, Gustavo Saadi, fue el encargado de articular el proyecto de reforma más ambicioso del peronismo con consultas abiertas a las instituciones y los partidos. Pero quedó trunco porque la principal oposición votó en contra.

Hoy, ya como intendente capitalino, Saadi mantiene la misma convicción sobre ese proceso. “Lo primero es que la sociedad de Catamarca esté informada acerca de qué se quiere modificar, para que así pueda acompañar la iniciativa. Recién después de eso hay que sentarse con las fuerzas políticas”, opinó en diálogo con este medio.

Es posible que, en su apuro, el gobernador Jalil haya sepultado la reforma constitucional hasta nuevo aviso.

Menudo homenaje

El lunes pasado se cumplieron 40 años de la recuperación de la democracia en Argentina. Hubo homenajes bastante emotivos, tanto en la UCR como en la Universidad de Catamarca, con eje en la asunción de Raúl Alfonsín en 1983 y su lucha por los derechos humanos y la consolidación de la praxis democrática.

Raúl Alfonsín habla en el predio porteño de Parque Norte, a dos años de haber asumido como presidente.

En su discurso del 1 de diciembre de 1985 en Parque Norte, considerada una de sus piezas más progresistas, Alfonsín interpela acerca de qué debe entenderse por democracia y cómo generar diálogos o acuerdos para la construcción de la nación.

Dos párrafos resultan particularmente ilustrativos:

  • “Hay que pasar de la macro política a la acción comunitaria para el debate y la solución de problemas concretos, acercar canales de participación a la sociedad, pasar de la vieja política de puertas cerradas a la nueva política en contacto directo con las demandas y propuestas del pueblo”.
  • “El radicalismo recibió frecuentes críticas de los partidos dogmáticos y se le imputó no pocas veces vaguedad ideológica y falta de rigor teórico. La ironía de la historia ha permitido que esa supuesta ambigüedad sea hoy una de sus mayores riquezas, pues si algo caracterizó al radicalismo en su casi un siglo de existencia es el sentido ético de la política y su adscripción a ultranza al sistema democrático”.

¿Qué tan próximo o alejado quedó el “Pacto de San Antonio” de esas ideas del padre de la democracia argentina?