El asesinato del exministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas permanece impune a 135 días de aquel sábado 3 de diciembre que las pericias establecen como día de su muerte. La investigación judicial se maneja con hermetismo y de sus avances solo se conocen algunos datos que suelta el líder gastronómico Luis Barrionuevo, devenido en protagonista central del caso por su vínculo con la víctima y las influencias de las que hace alarde. Incluidas las que conciernen a la marcha del expediente en sí.
En efecto, desde que se produjo el hecho, Barrionuevo tuvo tres apariciones públicas con fuertes repercusiones: la primera fue el 5 de diciembre, cuando “pidió una radio” -como expresó después- para decir que Rojas no murió por causas naturales sino en forma violenta; la segunda, el pasado 5 de abril, para lanzar su teoría de que el homicida estaría en el “entorno familiar”; y la tercera, el último jueves 13, cuando declaró citado por la Justicia y luego le dijo a la prensa que descree del crimen político e insistió con el entorno, aunque esta vez lo amplió más allá de la familia.
Luego de lanzar la bomba del crimen que provocó un giro clave en el curso de la investigación, el jefe de los gastronómicos siguió con lo suyo, bien lejos, mientras que la Justicia catamarqueña reenfocaba la causa y ponía a dos sospechosos en la mira: Silvina Nieva, empleada del sindicato y pareja ocasional de la víctima, y a Fernando Rojas, el hijo que fue el primero en hallar el cuerpo sin vida de Juan Carlos el domingo 4 de diciembre.
Transcurrieron cuatro meses para su segunda puesta en escena. Lo hizo en una radio porteña, horas después de la conferencia de prensa de los hijos de Rojas en las que revelaron las terribles imágenes del progenitor asesinado, lo que, como era de prever, provocó un fuerte impacto. Allí Barrionuevo salió decidido a revertirlo.
Afirmó que “Rojitas” era la “persona que más apreciaba”. Más aún: “Ni los familiares creo que amaban tanto a Juan Carlos como yo”, expresó. Y tras cartón puso a la familia de la víctima, y en especial a Fernando, en la primera línea de sospecha. “Mi hipótesis va más al entorno de él que otra cosa”, disparó. El conductor del programa, Eduardo Feinmann, insistió: “¿Usted dice que el entorno familiar lo mató?”, a lo que Barrionuevo respondió: “Y, ahí… anda todo por ahí”.
Los hijos de Rojas, Fernando y Natalia, y el abogado querellante, Iván Sarquís, no desaprovecharon ocasión mediática para replicar a Barrionuevo. “En lugar de apoyarnos nos ataca”, reprochó la mujer. Luego anticiparon que pedirían al fiscal de la causa, Hugo Costilla, que citara a declarar en la causa al jefe sindical, ya que se jactaba de saber detalles hasta allí desconocidos. El fiscal se adelantó y lo hizo por su cuenta.
La información es poder
Así fue como Barrionuevo reapareció en sede judicial, el jueves último. Esta vez recalibró las sospechas sobre los Rojas. “No hablo de la familia, sino del entorno. Hay otros círculos, hay otras hipótesis”, dijo a la prensa a la salida de fiscalía. Y cuando le preguntaron a qué se refería concretamente con eso, sugirió: “Andá por el tema pasional”, pero en seguida aclaró que desconocía las “relaciones carnales de Juan Carlos”.
Luego aseguró saber que una de las hipótesis que investiga el fiscal Costilla es la de “las amenazas que estaba recibiendo Rojas”. “De eso me entero ahora”, agregó. Sin embargo, rechazó que tales amenazas tuvieran que ver con el Ministerio de Desarrollo Social. “Él no tenía enemigos, no tenía adversarios”, aseveró. Y por esa razón, concluyó que este “no es un crimen político”. ¿Cómo puede estar tan seguro de ello?
Y porque a su criterio la política no tiene nada que ver con este homicidio, Barrionuevo se expresó en contra de que tanto el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, como con más razón el ministro de Gobierno provincial, Juan Cruz Miranda, participaran de la última marcha en reclamo de justicia convocada por los familiares de Rojas. “¿En contra de qué lo hicieron?”, interrogó.
La explicación de por qué Barrionuevo niega el carácter político del crimen es simple. Desarrollo Social es el ministerio que Jalil le cedió para que lo maneje a su antojo. Todos los ministros que pasaron por allí fueron barrionuevistas de la primera hora. Que Rojas haya sido víctima de intereses o conflictos internos es algo que afecta al jefe sindical en carne propia.
También dijo que el gobernador Raúl Jalil debe “echar a la mierda a todos los inútiles que hubo” en el primer tramo de la investigación. No solo eso, además afirmó que precisamente por esa razón “están volando algunas cabezas”. ¿A quiénes se refirió? Después del jefe de Policía Ángel Agüero -reemplazado en febrero pasado por Ulises Córdoba-, más algunos desplazamientos internos en la División Homicidios -que permitió que se lave la escena del crimen- y del fiscal Laureano Palacios -apartado de sus funciones y en vías de enfrentar un jury por su actuación en el caso Rojas-, no hubo más cambios. Es probable que Barrionuevo haya accedido a información de primera mano.
Finalmente, el sindicalista gastronómico contó algunos pormenores de la causa que ni siquiera la parte querellante conoce. A saber: dijo que hasta ahora “declararon los testigos, pero faltan los sospechosos” y que “ya vinieron a Catamarca los resultados de las pericias (hechas en Salta a los celulares secuestrados) y ahora las están trabajando”. Quizás en retribución fue que elogió al fiscal Costilla, de quien dijo que “tiene un equipo de trabajo excelente”.
Cruces en el Congreso
Ese mismo jueves, el Senado de la Nación se convertía en caja de resonancia del crimen de Rojas. El radical Flavio Fama abrió el fuego al plantear una cuestión de privilegio contra el gobernador Raúl Jalil como "autor intelectual y material de la designación de funcionarios y magistrados judiciales que están impidiendo la administración transparente de Justicia”.
Al cruce salieron los oficialistas Lucía Corpacci y Guillermo Andrada. La exgobernadora calificó el planteo de Fama como una “difamación” al gobernador catamarqueño y dijo que acusar al mandatario por designar a un fiscal que actuó mal es igual que endilgarle a un gobernador o ministro de Salud la responsabilidad por una mala praxis de un médico. Tanto Corpacci como Andrada se pronunciaron en favor de que la Justicia investigue y esclarezca el caso.
En contrapartida, la UCR catamarqueña emitió después un comunicado de extrema dureza contra Corpacci y Jalil, en el que respaldó los dichos de Fama respecto a que el Gobernador “nombró a dedo militantes” políticos en cargos judiciales. “Hoy, mucho más que antes, la colonización de la Justicia nos está costando la sangre de los catamarqueños", remató.
Un crimen irresuelto, más aún si se trata de un ministro del Poder Ejecutivo, en un año electoral, representa un insumo de enorme valor para el discurso opositor. Por eso, el tiempo que transcurra sin esclarecerse es directamente proporcional al perjuicio que puede ocasionar al oficialismo.
Curarse en salud
En esa línea se inscribe también el pedido de auditoría sobre el manejo de los recursos en el Ministerio de Desarrollo Social que hicieron los diputados provinciales del interbloque opositor (UCR, PRO y FAC, de Hugo Ávila) al Tribunal de Cuentas (TC) de la Provincia, conducido por el exministro de Gobierno y dirigente peronista Jorge Moreno.
La arremetida es por las sospechas que ventiló el abogado Sarquis respecto a que fondos de esa cartera podrían haber terminado en las arcas de Edgar Adhemar Bacchiani, el “Trader God” caído en desgracia cuando se derrumbó la monumental estafa piramidal montada en Adhemar Capital SRL. Sarquís le dijo a INFORAMA Radio que “entre las hipótesis que manejamos en lo que respecta a Desarrollo Social, creemos que habría fondos del ministerio en la causa de Bacchiani”.
Por ello, los diputados exhortaron al TC a realizar una auditoría completa en Desarrollo Social que indague sobre el estado de rendición de cuentas, desde diciembre de 2019 a la fecha, sobre los ingresos origen provincial, nacional, de organismos internacionales o privados.
Desde el TC se informó que el organismo ya había dispuesto abrir una “auditoría por objetivos” en ese ministerio antes de que le llegara la nota de los diputados, en la cual recabarán información sobre las deudas de Desarrollo Social a diciembre de 2022 y los “movimientos que considere de importancia” de los periodos 2021 y 2022. Y que, a diferencia de otros informes que insumen entre seis y siete meses, este estaría terminado en dos meses.
Que el organismo de contralor se haya anticipado “motu proprio” o no a esa auditoría es el costado anecdótico. Lo que importa es la calidad de la información que obtenga y ponga a consideración del fiscal que investiga el caso.
De esa auditoría podrían surgir elementos que abonen o no la hipótesis del crimen político. Algo que tenga más sustento que la simple negación de la parte interesada: Luis Barrionuevo.
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