Domingo 4 de diciembre de 2022. Ese día apareció el cuerpo sin vida de Juan Carlos Rojas, ministro de Desarrollo Social de la Provincia e histórico sindicalista gastronómico local. Estaba tirado boca abajo y semidesnudo en la galería de su humilde vivienda sobre un charco de sangre. Así lo halló poco después de las 12 su hijo Fernando, quien, según dijo, solo atinó a darlo vuelta y tratar de reanimarlo. No sabía qué más hacer, al punto que le pidió a Fabián Vega, un compañero de su padre, que llamara a la Policía. Ese fue el comienzo de una novela que hoy, a más de tres meses de aquel mediodía, solo tiene principio y capítulos inconclusos, fallidos y a la vez inquietantes.
“No hemos notado nada extraordinario para sospechar de una muerte violenta”, fue la primera declaración que hizo a la prensa el fiscal Laureano Palacios, tan principiante que ni siquiera tomó el recaudo de analizar en detalle los elementos de la escena ni la actuación de la Policía y los peritos. Le alcanzó el informe de una autopsia apresurada para entregar el cuerpo a los familiares para el velatorio.
La noche del domingo llegaron a la sede gremial el líder gastronómico, Luis Barrionuevo, junto al gobernador Raúl Jalil, para acompañar a los familiares y amigos. Ninguno habló con la prensa. Hubo una reunión reservada un par de horas después en el primer piso. Además de Barrionuevo y Jalil participó una hija de Rojas y un abogado.
Al día siguiente, antes de regresar a Buenos Aires, el jefe sindical no solo rompió el silencio sino que puso en marcha la investigación. “Él tiene un golpe en el cráneo, en la parte de atrás, alguien lo sorprendió y lo golpeó. Esto no es una muerte casual”, afirmó en declaraciones radiales. Fue un baldazo de agua fría para la Justicia, dispuesta hasta allí a cerrar el expediente y a otra cosa.
Fue quizás, también, el último favor que Barrionuevo le hizo a su amigo y discípulo Rojas, a quien no dudó en poner al frente del sindicato en Catamarca y además lo convirtió en diputado provincial por el peronismo. Desde aquel lunes 5 de diciembre, la familia de Rojas no tuvo más contacto con Barrionuevo ni con el gremio. “Nos dejaron solos”, repite Fernando Rojas en cada ocasión que puede.
Investigación endeble
Tras el cimbronazo de los dichos de Barrionuevo, el fiscal Palacios no tuvo más remedio que ordenar una segunda autopsia. Cuando la familia de Rojas se disponía a encaminarse al cementerio, llegó la orden de regresar el cuerpo a la morgue para la segunda autopsia. Nuevo informe: muerte violenta. “Rojitas” había sido asesinado.
A partir de allí sobrevinieron más sucesos colaterales al hecho que resultados concretos de la investigación. Por caso, llovieron las críticas sobre el papel, ciertamente lamentable, del fiscal Palacios, designado por el gobernador Jalil luego de que se declarara desierto el concurso para cubrir el cargo. La oposición política pidió el enjuiciamiento del magistrado y el tribunal de jury evaluó que, en efecto, había elementos para abrir el proceso. Palacios, en su defensa, responsabilizó a la Policía por no haber preservado la escena del crimen. Omitió aludir a su rol de jefe de la investigación. Pronto tendrá la oportunidad de justificar su actuación ante el tribunal.
Para colmo, la única medida que Palacios tomó en el marco de la pesquisa se cayó a la semana por un error formal grosero. Fue la detención de Silvina Nieva, imputada por “homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja y alevosía”, quien debió ser liberada porque la orden de prisión preventiva no tenía ninguna firma. Privada de la libertad por un escrito anónimo.
Nieva es la única persona imputada en la causa. Era empleada del sindicato y solía ayudar a Rojas en quehaceres de la casa. También habrían tenido una relación de pareja ocasional. El fiscal la considera responsable por una imagen difusa de una cámara de seguridad instalada a muchos metros de la vivienda de Rojas, ubicada frente al club Salta Central, al norte de la Capital. Incluso los hijos de Rojas, que la conocían bastante bien, dudan de que la mujer de esa imagen sea ella.
Pero la Justicia también sospecha de Nieva porque fue la última persona en hablar -por teléfono- con Rojas, y porque su defensa en la indagatoria estuvo cargada de “inconsistencias”. En rigor, hasta aquí no existe ninguna prueba contundente que permita incriminarla. Ella dice ser un simple “perejil” en esta historia.
Tan evidente fue la impericia de Palacios que la Procuración General designó dos fiscales más con experiencia para que se sumen a la investigación: Hugo Costilla y Alejandro Gober. Fue la demostración más clara de que recién allí la Justicia asumió que el crimen de un ministro del Poder Ejecutivo exigía máxima atención.
En la práctica, el que quedó a cargo de la investigación fue Costilla. Comenzó por el entorno familiar. Indagó a los hijos y a sus parejas, las llamadas telefónicas que hicieron antes y después de ese día, sus rutinas, la relación de cada uno con Rojas. Y aparte secuestró 14 celulares que la semana próxima llevará a Buenos Aires -tras los fallidos intentos de la Gendarmería local- para que sean peritados por especialistas. Quiere saber sobre los mensajes eliminados en cada uno.
Al único hijo de Rojas que el fiscal no le permitió ser querellante en la causa es Fernando, por el hecho de haber sido quien el primero que halló el cuerpo de su padre aquel domingo.
Sin embargo, la semana anterior la causa sumó elementos para suponer que existe un entorno cotidiano de Rojas que bien merece ser investigado a fondo: el Ministerio de Desarrollo Social.
Enclave bajo sospecha
“Para mi papá, él era como el hijo. Desde ese domingo se borró, no nos dio el pésame a la familia. Cuando mi papá viajaba, él se quedaba con el vehículo. Tenía llaves de la casa, de UTHGRA y de las oficinas del ministerio”. El relato corresponde a Fernando Rojas y fue dado a INFORAMA a raíz de la declaración de un testigo que apuntó a Facundo Aroca, ex chofer y secretario privado de Juan Carlos Rojas y que recientemente fue ascendido a un cargo superior en el área.
Según declaró el testigo ante Costilla, Aroca habría enviado un mensaje de voz por Whatsapp en el que pedía que le recomienden dos personas para hacer “un trabajo pesado”. Pero poco después lo borró. Entre los 14 celulares secuestrados por el fiscal está el de Aroca.
En estrictos términos legales, nada incrimina a Aroca. No obstante, existen razones lógicas para creer en los testimonios de los hijos de Rojas acerca del brusco cambio físico y anímico que empezó a experimentar su padre desde que asumió como ministro en mayo de 2022.
Aseguran que Rojas estaba estresado porque "se negaba a firmar unos expedientes”; que llegaban materiales y otros elementos comprados por el ministerio y que “desaparecían” al primer descuido; que algunos proveedores le enviaban fotos de la mercadería y le decían “mirá, acá están las cosas”; que comía poco y descansaba mal desde hacía meses. La función pública, en suma, se había transformado en una terrible carga personal.
Y a todo eso se agrega el silencio. Desde la muerte de Rojas, los hijos y su hermana quedaron aislados, como parias. Muchos de los integrantes del gabinete de Desarrollo Social, tan amigos íntimos de la víctima entonces, ni siquiera se acercaron a saludar a su familia. Tampoco lo hicieron funcionarios del Gobierno que tantos posteos de condolencia y necrológicas para la tribuna escribieron aquel domingo.
En el caso de Juan Carlos Rojas, la muerte parece ser el olvido para el peronismo. Pero no es cualquier muerte, sino un homicidio con ribetes tenebrosos.
Las sombras del crimen se cierran sobre la parcela de poder barrionuevista en el Gobierno provincial.
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