El funcionario judicial había sido apuntado por su actuación como Fiscal General durante la investigación del crimen de Juan Carlos Rojas. Para la oposición, fue tan responsable como Palacios en los errores cometidos durante las horas posteriores al hallazgo.
La representante de la Justicia en el Tribunal de Enjuiciamiento brindó una conferencia para llevar claridad en torno a los fundamentos de la sentencia al fiscal Laureano Palacios. Dijo que confía en los funcionarios y funcionarias de la justicia, pero pidió que se ponga en discusión la estructura del Poder Judicial. “Tenemos que darnos seriamente esa charla”.
Hace instantes se conocieron los fundamentos de la sentencia. En la audiencia, tanto el Ministerio Público Fiscal como la defensa de Palacios solicitaron que se les remita copia, por lo que rápidamente se dio por finalizada. En un fallo de 53 hojas, se despliegan las razones por las cuales los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento emitieron su voto.
El diputado Francisco Monti acusó al Gobierno de “hipócrita” por modificar el reglamento de la Comisión Evaluadora para dar más transparencia a los concursos, mientras que por otro lado ingresa pliegos de funcionarios designados al Senado. ¿Fue efectivamente así?
La intervención judicial del mediático Fernando Burlando en Catamarca con el caso Bacchiani, no es la primera que se da, ya lo había hecho en 2015 cuando visitó al “Maestro Amor” en la cárcel.
El gobernador Raúl Jalil, junto a los miembros de la Corte de Justicia, dejaron habilitadas las nuevas oficinas de la Fiscalía General y Fiscalía de Instrucciones Penales, ubicadas en Avenida Virgen del Valle y General Roca.
En un breve intercambio con la prensa, el Gobernador de Catamarca deslizó que el proyecto -tantas veces acordado entre la Corte de Justicia y el Poder Ejecutivo municipal y provincial- no será ejecutado como estaba previsto.
El ex subsecretario de Acción Social, Víctor Brandán, fue condenado a 10 años de prisión. Pablo Doro, ex ministro de Salud, purgará 6 años por el delito de fraude en perjuicio a la Administración Pública.