En la última jornada del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa quedó pactada la fecha para los alegatos. Además declararon dos peritos citados por la defensa de los rugbiers y dos de los acusados brindaron testimonio.
Los damnificados reclamaron la privación de beneficios y privilegios para los acusados. También expresaron que los hechos han afectado económicamente y psicológicamente a casi toda la sociedad catamarqueña.
La empresa estatal solo explota rodocrosita y cada vez produce menos. Pero a partir de la modificación del Código de Procedimientos Mineros empezó a quedarse con todas las minas vacantes, caducas y algunas otras también, aunque no hace nada con ellas. El ministro Murúa es el único que trata de dar cierta cordura al manejo del área.
Este viernes declararon solo tres personas: Verónica Onieva y Javier Timoteo, dos Bomberos Voluntarios y Pablo Gastón Zapata, un joven de Zárate que había denunciado a uno de los imputados.
El juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa continúa este martes con declaraciones de testimonios del hecho, criminalistas que analizarán la huella de la zapatilla y las fotos tomadas por los imputados.
Los acusados fueron fotografiados en público a cara descubierta en la sala donde son juzgados. Máximo Thomsen fue quien tomó la iniciativa de quitarse el tapaboca, y luego lo siguieron los otros 7.
El Ministerio de Educación de la provincia informó que hasta el viernes 10 de febrero del corriente año, se recibirán las preinscripciones de los jóvenes estudiantes que deseen postularse para acceder a la beca de la Residencia Universitaria Provincial “Abuelas de Plaza de Mayo” dependiente de la cartera educativa local.
La convocatoria puso el foco en la preservación y difusión de aquellos registros, acervos y colecciones con valor histórico-cultural para las comunidades.
A través de un hilo en Twitter, el juez Rodrigo Morabito explicó los alcances de la máxima pena que impone el Código Penal del país. Todo ello en relación con el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa.
Los postulantes deben tener residencia en departamentos del interior de la provincia y carecer de medios económicos suficientes para afrontar su estadía en la Capital.