“¿Quién gana con la muerte de Juan Carlos Rojas? Seguro que su familia no”. Así resume Iván Sarquis, abogado de la familia Rojas, un planteo hecho en la Justicia provincial pero que trasciende ese ámbito. El crimen del exministro de Desarrollo Social cumplió 10 meses sin culpables, ni siquiera sospechosos con algún fundamento sólido, y la hipótesis del móvil político se diluye entre el desinterés de los investigadores y la conveniencia del poder de turno. Puertas afuera, muchos se preguntan qué hizo o dejó de hacer Rojas, en su carácter de funcionario, para ser asesinado.
El cuerpo de Rojas fue hallado sin vida por su hijo Fernando Rojas al mediodía del 4 de diciembre de 2022. Estaba tirado en el piso de la galería de su casa, boca abajo y con el rostro desfigurado. A simple vista, eran signos de golpes muy fuertes. Poco después llegó la Policía junto a los peritos. Y más tarde se presentó el fallido primer fiscal de la causa, Laureano Palacios, quien apenas llevaba dos meses en el cargo.
Pero antes que llegara el fiscal, el primero en tomar contacto con la escena del crimen fue el entonces jefe de Homicidios de la fuerza, Tomás Rodríguez. Según el relato de Fernando Rojas, una mujer policía que estaba trabajando allí se acercó y le preguntó: “Jefe, ¿cómo informamos en el grupo de WhatsApp sobre la muerte de Rojas? ¿Informamos como muerte dudosa? No, informe muerte natural”, habría respondido Rodríguez con tono inequívoco.
No solo eso, también autorizó a que los hijos de Rojas limpiaran el lugar, ya que debían soltar a los perros que estaban atados y seguro se dirigirían al cuerpo. “Nos dijeron ‘no hay problema, limpien’. Y ahí (Rodríguez) nos ofreció una empresa de limpieza, porque había que limpiar con químicos especiales para que no quede ningún resto de nada. Entonces, ahí se retiraron ellos y quedamos nosotros”,relató Natalia Rojas.
De manera que el jefe de Homicidios no vio -a diferencia de sus subordinados- ningún indicio de que allí se hubiera producido una pelea; tampoco le llamó la atención la desfiguración del cuerpo. No dudó en poner la primera “carátula” y actuar en consecuencia al permitir la alteración de la escena con el lavado. Ni siquiera por simple prudencia atinó a informar “muerte dudosa”, y que luego en definitiva decidan los forenses.
A raíz de su actuación, la familia Rojas denunció a Rodríguez por “encubrimiento” y la fiscalía abrió una causa paralela a la del homicidio.
Tan cuestionada quedó la fuerza que el Gobierno decidió en febrero pasado relevar al comisario Ángel Agüero de la Jefatura de Policía y en su lugar designó a Ulises Córdoba. Y en abril, luego de una investigación interna por el caso Rojas, trasladaron a Rodríguez de Homicidios a Criminalística y le abrieron un sumario administrativo.
La primera autopsia del cuerpo de Rojas se hizo el domingo 4 de diciembre a la tarde-noche. El informe indicó: “Lacausa fehaciente de muerte es traumatismo cráneo encefálico y hematoma subdural”. El lunes 5, salió el líder gastronómico, Luis Barrionuevo, a vociferar por una radio que a Rojas lo habían matado. “Alguien lo sorprendió y lo golpeó”, dijo. Y desde allí cambió la investigación.
Ese mismo día, a la tarde, se llevó a cabo la segunda autopsia, cuyo informe final señaló que resultaba “altamente probable” que el fuerte traumatismo de cráneo de la víctima fuera “compatible con agresión con elemento contuso sin filo”. El fiscal Palacios entonces cambió la carátula de “muerte natural” a “muerte violenta”.
Pero solo pudo ordenar la detención de Silvina Nieva, empleada de UTHGRA y expareja de su secretario general, Juan Carlos Rojas, a la que le imputó “homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja y alevosía”. Aunque debió liberarla cinco días después porque la mandó a detener con una orden sin firmas. Torpeza de novato.
Lo cierto es que Palacios duró pocos días en esa causa. Antes de fin de año ya había sido relevado por su par Hugo Costilla, quien hasta ahora tampoco pudo avanzar con algo concreto. Costilla mantiene las sospechas sobre Nieva y también sobre la familia Rojas, en especial Fernando, a quien le dedicó bastante tiempo y esfuerzo en las indagatorias.
Sin embargo, la investigación en torno al lugar de trabajo de Rojas, el Ministerio de Desarrollo Social, un organismo asignado exclusivamente a Barrionuevo por el gobernador Raúl Jalil, parece haber quedado perdida en el voluminoso expediente en manos del fiscal Costilla.
El factor político
Los hijos de Rojas comentaron desde el principio de la investigación que veían a su padre muy preocupado por su trabajo en Desarrollo Social poco después de asumir en el cargo, en mayo de 2022, en reemplazo, por supuesto, de otro barrionuevista, Maximiliano Rivera.
Dicen que Rojas estaba nervioso porque "se negaba a firmar unos expedientes”; que de un día para otro “desaparecían” los materiales que compraba para asistencia social; que algunos proveedores le enviaban desde la calle fotos de la mercadería y le decían: “Mirá, acá están las cosas”. Que ya llevaba meses comiendo poco y descansando mal. El ministerio se había convertido en un lugar insalubre para él.
Así lo confirmó, por otra parte, Crisanto Jayme, vicepresidente de Obra Social de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (OSUTHGRA), quien en un audio que la querella presentará la semana próxima a la Justicia asegura que el jueves previo a su muerte, Rojas estuvo en Buenos Aires y les contó los problemas que tenía en el ministerio.
“Tirá todo a la mierda y venite al gremio. A él no le jugaban bien dentro del Ministerio, no lo ayudaron. Yo desconfío de todo”, le dijo Jayme a Fernando Rojas. Se desconoce si la grabación fue consentida por el interlocutor.
Para el abogado Sarquís, “Juan Carlos era muy prolijo en sus cosas, hasta burocrático, se podría decir. Y eso generaba rispideces internas en el Desarrollo Social”, según dijo a INFORAMA. Pero además también Barrionuevo sabía de los problemas que tenía Rojas en “su” ministerio.
De hecho, ese mismo jueves del que habla Jayme, Rojas se reunió con Barrionuevo y le habría contado sobre un conflicto que mantenía con Gonzalo Mascheroni, quien entonces era su segundo en Desarrollo Social. ¿Y por qué debía confiarle tal cosa? Porque Mascheroni es sobrino de Barrionuevo. La familia es lo primero, decía “El Padrino” Vito Corleone.
Lo cierto es que “24 horas después que Rojas fue asesinado Mascheroni ya estaba sentado en el cargo de ministro”, agregó Sarquis, para quien tal urgencia posiblemente haya sido por la necesidad de “ordenar papeles” en Desarrollo Social.
Además de estas suspicacias, la querella denunció a una puntera justicialista que manejaba el asistencialismo de esa cartera por haber amenazado de muerte a Rojas, ya que éste había decidido cortarle el negocio. La Justicia, sin embargo, jamás la citó a declarar.
En cambio, sí fueron citados varios funcionarios de Desarrollo Social a declarar, entre ellos Mascheroni y el exchofer de Rojas, Facundo Aroca. Para la querella, no obstante, las preguntas que les hizo el fiscal Costilla fueron “superficiales y poco punzantes”.
Es claro que Costilla no considera susceptible de investigar a fondo la hipótesis del poder y del dinero.
Según las pericias forenses, Rojas habría muerto el sábado 3 de diciembre, es decir, un día antes de que su hijo Fernando hallara el cuerpo. El celular de Juan Carlos, según la querella, fue accedido el mediodía de ese sábado por un desconocido. La Justicia sostiene que se trató solo de un mensaje de Whatsapp. Lo extraño es que la historia de llamados y mensajes tenía un bache temporal de varios días.
Eran los días previos a la Fiesta de la Virgen del Valle. Una semana en la que Desarrollo Social trabaja a tiempo completo para asistir a los peregrinos. Pero el celular de Rojas casi no funcionó esos días.
Las sospechas en torno a Desarrollo Social, sin embargo, se mantienen bajo un sigilo inquietante.
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