El inexorable paso del tiempo suele atentar contra los hechos que en su momento fueron descollantes, ineludibles, y que luego quedaron eclipsados por aspectos colaterales. Es lo que sucede con el homicidio del exministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas: lo que hoy cobró más relevancia es la acusación política a la Justicia provincial, mientras que la investigación del hecho sigue paralizada. A más de 5 meses de iniciada, todavía no se sabe quién o quiénes lo mataron ni por qué motivo.
Tal vez por ello la mayor parte de los catamarqueños considera que el crimen de Rojas quedó “encubierto”. No solo eso, sino que además fue el “poder político” provincial el que se encargó de ponerlo bajo un cono de sombras para que no se esclarezca.
Así lo revela una encuesta realizada entre fines de abril y principios de mayo por la consultora #OpinaArgentina para INFORAMA, en base a entrevistas presenciales domiciliarias a residentes mayores de 18 años.
Ante la consulta puntual acerca de si cree que hubo “encubrimiento” en la investigación del caso Rojas, el 57% de las personas respondió positivamente, el 35% dijo no saberlo o no tener opinión formada sobre el tema, y solo el 8% contestó “no”.
Fueron los hijos del exministro, Natalia y Fernando Rojas, los que denunciaron que hubo un encubrimiento del homicidio mientras mostraban a la prensa las fotos del expediente con el rostro desfigurado de la víctima. Lo hicieron el 4 de abril pasado, el mismo día en que se cumplían cuatro meses del hecho que conmocionó a la provincia.
“Convocamos a los medios para poner en evidencia todo lo que está pasando, la manera maliciosa y falazque pretendió ocultar la verdad de la muerte de nuestro padre. La Justicia nos mintió. Tanto al pueblo catamarqueño como a la familia se nos dijo que mi papá murió de una caída, que murió solo, que no había violencia, que no faltaba nada, que se había ido en paz”, dijo entre sollozos Natalia Rojas.
Y continuó: “Ahora sabemos que papá no se cayó, que no se desmayó, ni tuvo un infarto. Papá fue brutalmente golpeado, lo tuvieron de rodillas y lo golpearon, le reventaron el rostro, la boca, un ojo, lo ultimaron rompiéndole la base del cráneo, le hicieron una abertura de extremo a extremo, lo arrastraron y lo tiraron en el patio”.
Pero a diferencia de los hijos de Rojas, los catamarqueños consultados en el estudio de #OpinaArgentina creen en su mayoría que el responsable de que el crimen no se esclarezca es “el poder político”. Así respondió el 67%, mientras que solo el 25% cree que eso es responsabilidad de la Justicia y el 5%, que la culpa es de la familia.
En ese sentido, el Gobierno provincial buscó despegar del asesinato de Rojas con acciones puntuales. Por un lado, dio curso al jury de enjuiciamiento pedido por la oposición política contra el fiscal Laureano Palacios, quien tuvo a su cargo la primera parte de la investigación en la que abonó la hipótesis de la “muerte natural”. Una postura que sostuvo hasta que al día siguiente del hallazgo del cuerpo de “Rojitas”, el gastronómico Luis Barrionuevo lanzara la bomba de la muerte violenta. Fue después de eso que Palacios ordenó la segunda autopsia cuyos resultados fueron determinantes para cambiar la carátula de la causa.
Por el otro, en las últimas marchas callejeras organizadas por familiares y amigos de Rojas, uno de los participantes más notorios fue el ministro de Gobierno, Juan Cruz Miranda. Su presencia fue interpretada como un intento por mostrar que también “el poder político” reclamaba a la Justicia el esclarecimiento del caso.
En el banquillo
Sin embargo, será la política más que la Justicia propiamente dicha la que estará sentada en el banquillo de los acusados el próximo martes 30, a partir de las 9, cuando comience el jury al primer fiscal del caso Rojas por presumible mal desempeño en sus funciones. Y eso porque Palacios no llegó al Poder Judicial por concurso sino por un decreto del Ejecutivo provincial, luego de haber sido asesor del vicegobernador Rubén Dusso.
Su designación fue la inevitable consecuencia del sistema de configuración de la Justicia provincial que quedó vigente luego de la derogación de Consejo de la Magistratura en 2020 y su reemplazo por una Comisión Evaluadora. Como los aspirantes a cubrir la vacante en esa fiscalía no obtuvieron el puntaje establecido por la Comisión -lo que también ocurrió en otros casos-, el concurso fue declarado desierto. Y de esa forma el Ejecutivo quedó habilitado para mandar los pliegos de acuerdo al Senado con candidatos elegidos a dedo. En este caso, el novel postulante surgido de la Vicegobernación.
El fiscal del Jury, Miguel Mauvecín, pidió inhibirse de hacer la acusación por amistad con Palacios, lo que fue rechazado por el tribunal. Luego consideró improcedente el enjuiciamiento por cuanto entendió que su par había actuado correctamente en la investigación. Pero eso también recibió el rechazo de los miembros del tribunal. Finalmente, Mauvecín cambió de opinión al analizar nuevos elementos incorporados en la causa y formuló la acusación contra Palacios.
Salvo por ese episodio, la “familia judicial” no mostró reparos por el proceso abierto contra Palacios, a quien en definitiva consideran un hijo de la política y no de la judicatura. Con todos los defectos que se pueden endilgar al Consejo de la Magistratura, en el Poder Judicial sostienen que el remedio de la Comisión Evaluadora fue peor que la enfermedad.
Muy distinta fue, en cambio, la reacción de los jueces frente al nuevo pedido de jury que hicieron los legisladores nacionales de Juntos por el Cambio de Catamarca contra el fiscal general (en comisión), Alejandro Dalla Lasta, al que ven tan responsable como Palacios de los graves yerros de la investigación inicial del crimen de Rojas por haberlo acompañado -y respaldado- en ese proceso.
“Tal solicitud debilita la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, por un lado, como así también la independencia y actuación objetiva del Ministerio Público Fiscal en la búsqueda de la verdad de los hechos”, se pronunció la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Catamarca en un comunicado difundido el miércoles pasado, esto es, al día siguiente de la presentación de los legisladores.
Ocurre que Dalla Lasta, a diferencia de Palacios, tiene una larga trayectoria en la Justicia, adonde llegó por concurso, no por un decreto del Gobernador. Sin embargo, hoy por hoy es rehén de la política: el pliego de acuerdo para ser designado como fiscal general se encuentra pendiente de tratamiento en el Senado provincial, donde la hegemonía del oficialismo es absoluta.
El Tribunal de Enjuiciamiento de jueces todavía no se pronunció sobre el pedido de jury a Dalla Lasta. Y quizás no lo haga hasta terminar con el proceso a Palacios, que llevará no menos de una semana, según la cantidad de testigos que se presenten.
Por lo pronto, el Gobierno aspira a cerrar rápidamente el capítulo del fiscal Palacios, cuya suerte parece estar echada. Supone que de ese modo expiará su culpa de haberlo puesto en un cargo para el cual no estuvo a la altura. Y también da por hecho que el caso Rojas, al menos en el pulso de la calle, ha cumplido un ciclo; es decir, la gente ya no habla tanto del tema. Tal vez porque dejaron de hacerse las marchas de los familiares.
No obstante, la oposición política se ha empeñado en que el caso Rojas renazca en la campaña electoral que se avecina. Está dispuesta a recordarle al Gobierno que tiene un ministro asesinado en el ropero, que no ha demostrado interés en la investigación y que solo le interesa pasar la página. O sea, una sospecha tras otra.
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