En un fallo que ha generado un amplio debate sobre la aplicación de la perspectiva de género en el sistema judicial, la jueza Corina Nancy Pérez rechazó la solicitud de la fiscalÃa de desestimar y archivar una denuncia por abuso sexual presentada por una mujer contra su expareja, el intendente de Icaño, Franco José Carletta, y ordenó continuar con la investigación, a la vez que destacó la importancia de aplicar la amplitud probatoria y tener en cuenta el contexto de violencia de género en el caso.
La denunciante, Silvina Laura Ulik, acusó a su exmarido Carletta de abuso sexual ocurrido el 29 de abril de 2018, en Icaño, La Paz. Más especÃficamente, el hecho ocurrió en la casa de Ulik, ubicada en el barrio 38 viviendas. Según relató Ulik, tras su divorcio, Carletta la agredió sexualmente en su hogar mientras sus hijas se encontraban presentes. La denuncia fue presentada en Córdoba, después de que Ulik se mudara debido al miedo y la vergüenza provocados por la influencia polÃtica de su ex pareja en la región.
Inicialmente, la fiscalÃa solicitó el archivo de la causa, argumentando que no habÃa suficientes pruebas para corroborar el relato de la vÃctima. Además, la fiscalÃa interpretó de manera arbitraria las pericias psicológicas realizadas a Ulik. Este intento de desestimación fue criticado por la jueza, quien subrayó la importancia de considerar la totalidad de los elementos probatorios, incluidos los informes psicológicos que evidencian estrés postraumático en la vÃctima.
La jueza Pérez revirtió la decisión de la fiscalÃa y enfatizó que, en casos de violencia de género, la falta de pruebas fÃsicas directas no debe invalidar el testimonio de la vÃctima. La jueza subrayó que el estrés postraumático, la ansiedad y el temor que presentó la denunciante son indicios importantes que deben ser valorados en la investigación. Además, la jueza rechazó la solicitud de una nueva pericia psicológica por parte de la fiscalÃa, calificándola como un acto de revictimización. La magistrada destacó que en muchos casos de abuso sexual, el delito ocurre en la intimidad y las vÃctimas pueden tardar en denunciar debido al miedo y la vergüenza.
El abogado de Ulik, Fernando Ariel Salavarria, se opuso al archivo de la causa, señalando que la vÃctima presentaba un claro cuadro de estrés postraumático, tal como lo indicaban los informes psicológicos. Además, destacó que la fiscalÃa habÃa ignorado el contexto de violencia de género y el poder polÃtico y económico del agresor, lo que pudo haber influido en la denuncia tardÃa.
La jueza hizo referencia a la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres y la Convención de Belém Do Pará, que establecen la necesidad de garantizar la amplitud probatoria en los casos de violencia de género. La resolución judicial establece que todos los indicios y pruebas que contribuyan a la demostración de los hechos deben ser considerados, siempre que sean graves, precisos y concordantes.
Además de esta causa, Franco Carletta enfrenta otra imputación como autor de lesiones y golpes contra su propia hija, un proceso que también sigue en curso.
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