Distintas organizaciones sindicales de Catamarca, en conjunto con trabajadores autoconvocados de varios ministerios, expresaron su descontento respecto a los acuerdos salariales establecidos entre el Gobierno Provincial y algunos gremios.
Argumentan que estos acuerdos provocan una significativa pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos provinciales. La Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC), los Autoconvocados de la Salud, la Asociación de Profesionales de la Salud de Catamarca (APROSCA), la Asociación de Trabajadores del IPV, el Sindicato de Empleados de Rentas de Catamarca (SERCa) y el Sindicato de Empleados de Catastro de Catamarca se manifestaron en conferencia de prensa para expresar su rechazo a esta situación.
A pesar de que el gobierno provincial ya otorgó un aumento del 68% a los empleados públicos durante el presente año, distribuido en dos etapas (40% en marzo y 28% para el segundo semestre dividido en tres cuotas), los gremios aseguran que la inflación de 2023 podría alcanzar un piso del 140%. Esto implicaría que los empleados públicos provinciales sufrirían una pérdida del 72% de su poder adquisitivo.
Además, si se suma el 26% que los empleados ya perdieron en 2022 debido a otros acuerdos salariales "a la baja", la pérdida acumulada al finalizar el año podría llegar a casi el 100% de su poder adquisitivo frente a la constante escalada inflacionaria en el país. En otras palabras, para mantener su poder adquisitivo, los empleados necesitarían ganar más del doble de su salario actual para fin de año.
Los gremios también señalan que el aumento del 40% otorgado en el primer semestre de 2023 resulta insuficiente ante la tasa de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que alcanzó el 50,7% en el mismo período. Esto representa una pérdida del salario cercana al 11%.
Los representantes sindicales destacaron que no fueron convocados por el Gobierno Provincial para discutir los aumentos salariales y que las notas enviadas en solicitud de reuniones no obtuvieron respuesta. Sostienen que el gobierno prefiere tratar con organizaciones gremiales no informadas, lo que limita la posibilidad de oposición y cuestionamientos. Aseguran que se está llevando a cabo una reducción sistemática del salario real, y que los acuerdos se realizan por debajo de los índices inflacionarios reales.
Los gremios reclaman ser escuchados por el Gobierno y buscan un espacio de diálogo para discutir la pérdida de poder adquisitivo que afecta a los trabajadores. Resaltaron la importancia de que los demás empleados comprendan su recibo de sueldo y las razones por las que no logran llegar a fin de mes. Otorgan al gobierno un plazo de 72 horas para que los convoquen a una reunión con el fin de dialogar sobre la situación.
En la conferencia de prensa también se cuestionó la falta de pronunciamiento por parte del gobierno y se destacó la necesidad de una explicación detallada sobre los cálculos utilizados para realizar los aumentos salariales.
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