Tras las declaraciones de Iván Sarquís, abogado de la familia del exministro Juan Carlos Rojas a INFORAMA Radio, sobre que existen sospechas de que el crimen tendría alguna vinculación con fondos de Desarrollo Social que fueron a parar a las arcas de la desaparecida financiera Adhemar Capital, la oposición política en la Cámara de Diputados consensuó un pedido de informes al Tribunal de Cuentas de Catamarca.
“La muerte violenta del exministro del área Juan Carlos Rojas, y el tiempo transcurrido, hacen necesario conocer en detalle el funcionamiento de la dependencia a su cargo, en el entendimiento de que, entre las líneas de investigación, suponemos existen algunas que vinculan lo ocurrido con su función política en el actual Gobierno provincial”, expresa el pedido dirigido a Jorge Moreno, presidente del organismo de contralor.
La presentación fue firmada por los diputados de la UCR, el PRO y el unipersonal Frente Amplio Catamarqueño, de Hugo Ávila. Exhortaron al Tribunal de Cuentas a realizar una auditoría en la cartera que conducía Rojas entre el 11 de diciembre de 2019 a la fecha.
El supuesto vínculo entre el crimen y esa presunta maniobra es porque los hijos de Rojas relataron que en los últimos días observaban a su padre preocupado por cosas que sucedían en ese ministerio. Por caso, dijeron que se negaba a firmar unos expedientes referidos a gastos y, aparte, porque adentro robaban mercadería que se compraba con destino a los sectores carenciados.
La nota presentada por los diputados detalla los siguientes requerimientos que debería abarcar la auditoría:
- Cuál es el estado de rendición de cuentas en el periodo indicado, haciendo referencia en cada caso a mora e intimaciones si las hubiere, respecto de todos los ingresos, origen provincial, nacional de organismos internacionales o privados correspondientes a fondos permanentes, figurativas, semestrales y demás.
- Si se han realizado informes de la rendición de esos periodos y/o auditorías especiales o especificas.
- Listado de beneficiarios por programa.
“La rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública, aparecen como requisitos ineludibles para recuperar la confianza social en el Estado, a la cual esta acción pretende contribuir”, señalan.
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