En medio de la disputa entablada entre el oficialismo y la oposición por la arremetida del Gobierno nacional contra la Corte Suprema de Justicia con el pedido de juicio político para sus cuatro integrantes, la relación entre los gobiernos provinciales con el Poder Judicial en cada distrito no está exenta de tensiones y búsqueda de cercenamiento de la independencia de poderes.
La situación, sin embargo, no se da solo en las provincias gobernadas por el peronismo, sino en otras bajo el mando del radicalismo y del PRO, como en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Así lo indica un informe publicado hoy por La Nación con el título “Se extiende la presión del poder sobre las justicias provinciales”. Asegura que tanto las “reformas judiciales” como “los proyectos de juicio político y las designaciones de ‘amigos’ se repiten en diferentes provincias gobernadas por distintos partidos políticos”.
En ese sentido, además de CABA, menciona los casos de las provincias peronistas de Chaco, Formosa, Catamarca, La Rioja, Tucumán, San Luis y Santa Cruz, y por otro lado Jujuy y Mendoza (UCR), Río Negro (Juntos Somos) y Santiago del Estero (Frente Cívico). En todas ellas hubo maniobras políticas para condicionar a la Justicia a favor del oficialismo de turno.
En cuando a Catamarca, el diario afirma que en “julio del 2020, con el aval del hoy gobernador Raúl Jalil, el oficialismo sancionó la ley que eliminó el Consejo de la Magistratura y elevó de cinco a siete el número de miembros de la Corte provincial. También creó una Comisión Evaluadora para designar a los jueces: hubo muchos concursos declarados desiertos y se designaron ‘a dedo’ funcionarios, según dice la oposición”.
Recuerda que en 2016, la entonces gobernadora Lucía Corpacci “había aumentado los integrantes de la Corte provincial de tres a cinco. Designó como jueza a la hermana del exdiputado nacional y provincial Isauro Molina (en alusión a Vilma Molina) y a Miguel Figueroa Vicario (exfuncionario)”.
Con Jalil al frente del Ejecutivo provincial, la Corte se amplió con “Fabiana Gómez, esposa del intendente de Fray Mamerto Esquiú (Guillermo Ferreyra), y el exministro de Seguridad provincial Hernán Martel”.
Aparte, en lugar de la jueza Amelia Sesto de Leiva, que se jubiló, ingresó María Fernanda Rosales, exasesora general de la Gobernación. Y Verónica Saldaño, que era fiscal, hizo lo propio en lugar de Vilma Molina, también jubilada.
"'Hay operaciones, favores, desmanejos, todo a cielo abierto, es vox populi. El gobierno de Raúl Jalil aniquiló la independencia del Poder Judicial catamarqueño', dice Francisco Monti, diputado nacional de la UCR", según citó el medio porteño.
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