La causa abierta hace 18 años por las millonarias compras directas de materiales para asistencialismo en la ex Subsecretaría de Acción Social en la gestión del Frente Cívico y Social continúa sin avances concretos. Hoy las defensas de los imputados presentaron objeciones formales y el debate se postergó nuevamente hasta el próximo lunes 12 de diciembre, a las 8.30.
Para esta audiencia fueron citados el exsubsecretario de Accción Social Vìctor Hugo Brandán, quien además es secretario general de la UOCRA Catamarca; el exministro de Salud y Acción Social de la Provincia Pablo Doro, la entonces encargada de la Contaduría, Carlina Valle de Zurita y el responsable del depósito de ese organismo Omar Martínez.
Un planteo de los abogados fue que el tribunal de la Cámara Penal Nº3 –que integran Marcelo Soria, Carlos Moreno y Mauricio Navarro Foressi- debería haber respondido por escrito los distintos pedidos de nulidad en lugar de hacerlo en forma oral en la audiencia. Además, el defensor de Brandán, Pedro Vélez, objetó que la Justicia insista en juzgar a su representado cuando ya transcurrió más tiempo del considerado como plazo razonable, y por ello pidió su absolución definitiva.
A su vez, el defensor de Doro, Carlos Rosales Vera, recordó que un dictamen del Tribunal de Cuentas de la Provincia había deslindado responsabilidades sobre los exfuncionarios, de manera que por ese antecedente, según argumentó, no deberían ser juzgados.
Los acusados deben responder por fraude en perjuicio de la Administración Pública por administración infiel, en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, todos en concurso real. En el caso de Doro, la acusación es por 7 hechos -dos en carácter de coautor y cinco como partícipe necesario- mientras que Brandán tiene la acusación más pesada: 12 hechos, todos como coautor. Zurita está imputada por 7 hechos como partícipe necesaria, mientras que Martínez, por un solo hecho, en carácter de partícipe necesario.
Antecedentes
- La investigación judicial se abrió en 2004, un año después de la denuncia penal realizada por el exdiputado peronista Fidel Sáenz, actual ministro de Vivienda y Urbanización.
- El hecho fue que el organismo al mando de Brandán ejecutó compras directas por 27 millones de pesos –a valores de 2003- en materiales de asistencia social. Casi el 75% de estas operaciones fueron realizadas con una decena de empresas proveedores. La mayoría había comenzado a operar formalmente un par de meses antes.
- Brandán dejó el cargo en el Ejecutivo sin ser investigado y asumió luego como diputado provincial. La Justicia no pudo avanzar con el desafuero porque el oficialismo de entonces rechazó por mayoría el pedido de un juez.
- La causa fue elevada a juicio en tres ocasiones: 2010, 2014 y 2019.
Desde entonces, las defensas de los acusados hicieron numerosas presentaciones dirigidas a postergar el debate.
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