La absolución del fiscal Laureano Palacios por mayoría de votos del Jury de Enjuiciamiento, donde llegó acusado por mal desempeño e incumplimiento de sus deberes, puede ser interpretada desde dos perspectivas. Por un lado, la cuestión técnica: no se pudo acreditar que haya sido su deficiente actuación lo que mantiene impune el crimen del exministro Juan Carlos Rojas. Por el otro, lo político institucional: al confirmarlo en el cargo, el oficialismo eligió consolidar el desprestigio de la Justicia con actores que no están a la altura de la demanda de su servicio.
El juicio a Palacios demandó solo cuatro días. Declaró menos de la mitad de la treintena de testigos previstos. El tribunal estuvo presidido por la titular de la Corte de Justicia de la Provincia, Fernanda Rosales. Los demás integrantes fueron la diputada Cecilia Guerrero y el senador Oscar Vera (Frente de Todos), la diputada Juana Fernández (Juntos por el Cambio) y los dos representantes del Colegio de Abogados, Silvia Cabrera y Pablo Nicolini.
La votación a favor del fiscal fue 4 a 2. Por su absolución, lo hicieron los dos legisladores oficialistas y los abogados. Solo la jueza Rosales y la diputada opositora consideraron que Palacios debía ser destituido, tal como lo había solicitado el fiscal del Jury, Miguel Mauvecín. El próximo viernes 16 de junio se conocerán los fundamentos de cada voto.
El desenlace del juicio fue desconcertante a la luz de los precedentes. Sin embargo, si hubiera que analizarlo desde un estricto punto de vista formal, tanto los testimonios como las pruebas documentales, entre ellas los informes de las dos autopsias practicadas en el cuerpo de Rojas, es difícil encontrar elementos que permitan concluir que la impericia de Palacios haya producido un daño fundamental en la causa. De hecho, aún hoy, en manos de otro fiscal, no se sabe quién o quiénes fueron los asesinos y cuál fue el motivo.
Los testimonios de los forenses que intervinieron en las autopsias fueron auto exculpatorios. La médica Miranda Zar, que hizo la primera, declaró que en ningún momento le dijo al fiscal Palacios que se trataba de una “muerte natural”, aunque tampoco le dijo que podría ser un homicidio. Simplemente que era una “muerte traumática”. Algo que bien puede ser causado por un accidente.
Por su lado, el jefe del Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF), Sebastián Vega, se mostró fastidiado porque no lo convocaron a la primera autopsia, pese a que se supone que debía saber que había un ministro muerto en extrañas circunstancias y que él tenía al menos que controlar la operación en la morgue. Y contó que después le dijo al fiscal Palacios, tras observar las fotos que recibió “por Whatsapp”, que Rojas “había sido golpeado”. El que avisa no traiciona…
Vega recién intervino en la segunda autopsia, junto a un equipo de cuatro profesionales, en la que se determinó que las heridas en el cuerpo de Rojas eran “compatibles con una agresión con un elemento contuso sin filo”. Tal conclusión le permitió a Palacios cambiar la carátula del caso de muerte natural a muerte violenta.
A criterio del fiscal Mauvecín, Palacios debía ser destituido del cargo porque decidió entregar el cuerpo de Rojas a sus familiares tras la primera autopsia -que consideró “insuficiente”-, “sin conocer la causa de muerte” y por no haber dirigido la investigación de la causa, que quedó casi en manos de los médicos. “Tenía la responsabilidad de llevar adelante la investigación con total seriedad y eso no ha ocurrido. Obviamente, la conducta del fiscal Palacios generó una pérdida de confianza en la sociedad”, expresó.
Con todo, es altamente improbable que Palacios decidiera entregar el cuerpo de Rojas para el velatorio si hubiera contado con datos que le permitieran sospechar de un homicidio. Sin dudas, la comunicación que tuvo las primeras horas con los médicos y peritos fue tan escasa como defectuosa.
Pero además, hay un punto insoslayable: Palacios, con 34 años, llevaba apenas tres meses en el cargo cuando le tocó el caso Rojas. No tenía ningún antecedente penal ni menos judicial, ya que antes se desempeñaba como colaborador del vicegobernador Rubén Dusso. Y llegó a fiscal por decreto del Ejecutivo provincial, luego de que la Comisión Evaluadora declarara desierto el concurso para cubrir la vacante de esa fiscalía. Ninguna habilidad investigativa se puede esperar de tal pasantía política.
Aporte al desprestigio
El enjuiciamiento de fiscal Palacios fue pedido por la oposición política. Frente a la presión social por las derivaciones del caso, las sospechas de encubrimiento, la repercusión nacional y las marchas de los familiares y amigos del exministro, el Gobierno no solo aceptó la petición sino que además apuró el proceso. Obvias motivaciones electorales.
El juicio comenzó el pasado martes 30 de mayo. A priori de sus fundamentos, los votos de los legisladores oficialistas tienen alguna lógica y a la vez son contradictorios.
En el caso del senador Vera, de quien no se oyó ninguna intervención en el debate, integra la Comisión de Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes de la Cámara alta. Es decir, fue uno de los que aprobó el pliego de acuerdo de Palacios.
Lo de la diputada Guerrero, que además de ser presidenta de la Cámara baja es una de las más experimentadas y locuaces dirigentes del peronismo, es extraño. Sobre todo porque ella participó en marchas organizadas por familiares de Rojas en las que se reclamaba justicia con severos cuestionamientos a la actuación de Palacios. Habrá que ver cómo sostiene el salvataje del fiscal en los fundamentos.
Los representantes del Colegio de Abogados tampoco tuvieron participación en los interrogatorios a los testigos. De todos modos, no se esperaba que se pronuncien en forma diferente a los legisladores oficialistas.
En cuanto a la minoría, la diputada Fernández, como impulsora del Jury, llegó a este juicio con una posición clara. Tenía la certeza de que ninguno de los testimonios cambiaría su opinión respecto al mal desempeño del fiscal.
Pero la peor parte se la llevó la presidenta del Jury y del mayor tribunal de justicia de la Provincia, Fernanda Rosales, quien fue asesora general del gobierno de Raúl Jalil: quedó sola enarbolando la bandera de la calidad institucional y de una mejor administración de justicia.
Es una dura derrota para Rosales y el Poder Judicial. Porque es la política, y no el derecho, la que ordena cómo debe funcionar el servicio. Palacios seguirá siendo fiscal a contramano del modelo de Justicia que pretenden sus máximas autoridades.
El mensaje no deseado
Si faltaba algo para aumentar la contrariedad, conspicuos representantes del oficialismo provincial salieron a cuestionar el veredicto del Jury. El primero de ellos fue el ministro de Gobierno, Juan Cruz Miranda, quien consideró que la decisión fue “decepcionante” y “afecta a la credibilidad del sistema de Justicia” porque la sentencia “es contraria a las irregularidades expuestas en el alegato del fiscal acusador".
Ayer se sumó el presidente del bloque oficialista de diputados, Ramón Figueroa Castellanos, quien afirmó que “la sociedad y la familia Rojas necesitan una explicación clara de parte de los miembros del Jury de Enjuiciamiento” sobre el veredicto que absolvió al fiscal Palacios.
Para la oposición, cuyos más notorios dirigentes salieron al unísono a cuestionar el fallo del Jury, las expresiones del oficialismo en el mismo sentido constituyen una “cortina de humo” para crear confusión y simular una toma de distancia de sus voceros políticos en el tribunal.
De todas formas, por lo bajo no dejan de agradecerlo. El salvataje de Palacios les ha suministrado un jugoso insumo de campaña con miras a las PASO y a octubre. Podrán insistir con la “impunidad”, “la decadencia institucional” y la “colonización política de la Justicia”, entre otras adjetivaciones que circulan en las redes de los precandidatos.
Si realmente el Gobierno quería quitarle una mancha a la Justicia, la salida era la destitución de Palacios. En definitiva, si de contención laboral se trata, el presupuesto provincial está repleto de espacios muy bien rentados y de nula exposición.
Por el contrario, al restituir en el cargo al fiscal que hizo mal sus deberes, el mensaje que da a los catamarqueños es, quizás, el más temerario: aquí no ha pasado nada.
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