2 de marzo de 2007. El Gobierno provincial conformó una comisión integrada por ministros del Ejecutivo, directivos de hospitales y representantes de los autoconvocados de la salud, que llevaban cinco días de quite de colaboración en reclamo de un aumento salarial del 50 por ciento, con el fin de solucionar el conflicto del sector. No pudo lograrlo.
Corría entonces el primer mandato de Eduardo Brizuela del Moral. Ante los sucesivos fracasos en las negociaciones, los trabajadores del hospital “San Juan Bautista” decidieron llevar las protestas frente a su domicilio. Para desgracia del exmandatario, vivía justo frente al nosocomio. Una cosa es tolerar una manifestación en la Gobernación y otra muy distinta en el hogar.
A 15 años de esas protestas, el conflicto en el sector de la salud sigue presente entre los asuntos pendientes del Gobierno. Su cronificación es un dato incontrastable de la incapacidad de las autoridades para encausarlo en un marco de consenso y racionalidad.
De los tres servicios esenciales que debe garantizar el Estado provincial a la población, la salud es el más inestable. Los otros, la seguridad y la educación, están lejos de ser óptimos, pero al menos funcionan con alguna regularidad.
En junio pasado, en medio de la ola de enfermedades respiratorias habitual en la estación invernal, el Hospital de Niños “Eva Perón” se vio desbordado de pacientes. Allí los pediatras plantearon que cobraban poco respecto a otros sectores de la Administración y que además se encontraban en malas condiciones laborales.
Como el Gobierno demoró una respuesta, los profesionales declararon el estado de asamblea permanente y suspendieron la atención en consultorios externos y cirugías programadas. Luego empezaron a sumarse otros especialistas y técnicos de ese nosocomio, quienes también aseguraron padecer la misma situación que los pediatras. Y entonces surgieron los abrazos simbólicos al hospital infantil.
El Gobierno, en una reacción apresurada y sin tacto de la situación, decidió solucionar el reclamo de los pediatras y no dio mayores detalles del arreglo. Prometió que el resto de los trabajadores entrarían en una segunda etapa de negociaciones. La consecuencia del acuerdo selectivo no se hizo esperar.
En menos de una semana, empleados de otros nosocomios, encabezados por la Asociación de Trabajadores de la Salud (APROSCA) y autoconvocados empezaron a ganar la calle. En simultáneo, se manifestaron también trabajadores de hospitales del interior. Después se sumó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuya máxima aspiración es conseguir toda la representación del sector público. En pocos días, la crisis de la salud se convirtió en el principal tema de la agenda informativa.
El aliado sindical
El gobernador Raúl Jalil repitió la misma receta fallida de sus antecesores y sentó a la cabeza de las negociaciones a Leonardo Burgos, secretario general de ATSA y pope de la CGT local. Burgos es el último representante del gremialismo jurásico de Catamarca: lleva más de tres décadas al frente de esa entidad.
Como la base principal de afiliados de ATSA son los enfermeros y técnicos de la salud, la gran mayoría de los profesionales y otros trabajadores están afuera. Algunos comulgan con APROSCA y ATE y muchos directamente no participan en ninguno de ellos.
Pero Burgos, como buen sindicalista de la vieja guardia, es un aliado insaciable. Busca los primeros planos con las autoridades y pretende que los laureles sean solo suyos. Eso sucedió hace una semana con un supuesto incremento salarial para la salud que aún no se formaliza.
El gremialista se había reunido con Jalil y los ministros de Gobierno, Juan Cruz Miranda; de Trabajo, Verónica Soria; y de Salud, Manuela Ávila, para avanzar sobre las mejoras salariales para el sector. Sin embargo, como se trataba de un diseño parcial, el Gobierno decidió frenar el anuncio y analizar un esquema más general.
Burgos no resistió la tentación e hizo circular un audio suyo en el que anticipaba el acuerdo con el Gobierno con aumentos de entre 3.000 y 15.000 pesos según categorías. “Comuníquenlo a los compañeros”, cerró con tono presuntuoso.
Pero el Gobierno no solo no lo comunicó, sino que además lo desmintió. “No se ha firmado nada con ATSA ni con él”, dijo Miranda a TVEO Noticias en alusión al sindicalista. Eso encolerizó a Burgos, que salió a atacar al jefe de la cartera política, de quien afirmó que “le queda holgado el cargo”. “No nos va a marcar la agenda un ministro de Gobierno que recién llega y no sabe ni dónde está parado”, expresó.
Al igual que el camionero Hugo Moyano, Burgos siente que es el único sindicalista al que el Gobierno le debe respeto y apoyo. Si bien maltrató a Miranda, dijo que confía en el gobernador Jalil porque “siempre cumple su palabra”. Será desbocado, pero no suicida: sabe hasta dónde puede tensar la cuerda.
Como sea, sin acuerdo con las partes ni anuncio oficial, el conflicto de la salud continúa en la calle y afecta algunos servicios hospitalarios. Ha sufrido un desgaste lógico por el tiempo transcurrido, hay menos manifestantes y decayó la protesta en el interior. Sin embargo, mantiene su centralidad como problema no resuelto.
Otro modelo
No obstante, las falencias del sistema público de salud no se agotan con la cuestión salarial.
La playa de estacionamiento del Hospital San Juan Bautista está llena de vehículos a primera hora de la mañana. Pero poco después de las 9 los espacios abundan. ¿Cuál es la razón? La mayor parte de los profesionales, que son empleados estatales, se van a atender en sus consultorios o en las clínicas y sanatorios privados. La jornada laboral se reduce a 2 o 3 horas como máximo. Lo mismo sucede en el sistema de salud municipal.
Es un hecho que los galenos derivan pacientes del sistema público a sus propios consultorios para un “mejor seguimiento”.
También es un hecho que el controvertido e ilegal “plus médico” goza de buena salud. Ninguna obra social, por más “top” que sea, alcanza a cubrir el costo completo de las consultas. Los profesionales aseguran que sus honorarios no son retribuidos como establece el nomenclador nacional. La OSEP pide a sus afiliados que denuncien a quienes les cobran plus. Es decir, los arriesga a perder su médico. Los únicos perjudicados son los pacientes.
Hace algunos años, se propuso como alternativa para que los médicos dediquen más tiempo al sistema público poner en vigor el “bloqueo del título”, de modo que solo puedan prestar servicio en forma exclusiva en el Estado durante determinada cantidad de horas. Pero eso obligaría a fijarles salarios muy altos, casi ofensivos para el resto de la Administración.
Lo que llama la atención es que nunca el Gobierno, en varias décadas, decidiera encarar un estudio amplio y profundo sobre cómo resolver este conflicto. Un trabajo que podría realizar una comisión mixta, del cual incluso derive una legislación provincial.
Tampoco hubo propuestas alternativas, al menos que hayan trascendido, como la posibilidad de que los profesionales al servicio del Estado garanticen una atención mínima diaria o semanal de cierta cantidad de pacientes. O sea, que se considere la productividad como parámetro.
Lo cierto es que la salud pública es un asunto trascendental, demasiado complejo y delicado como para ser abordado con sindicalistas amañados y funcionarios que se ocupan de todo un poco.
Es fundamental un cambio de paradigma.
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