Gustavo Aguirre, diputado provincial y presidente del bloque oficialista de la Cámara de Diputados, habló sobre lo sucedido en Peñas Negras, y dijo que si bien la Policía ejerció allí “una acción represiva”, se debe analizar el contexto.
“Si se actuó bajo el principio de legalidad, de proporcionalidad, si se aplicaron los Protocolos de uso racional y progresivo de la Fuerza Pública. Hay una serie de conceptos y parámetros que establecen los Protocolos de actuación que me gustaría que se tomen en cuenta a la hora de tomar una decisión”, manifestó en el programa El Ágora.
Al respecto, comentó que la ministra de Seguridad Fabiola Segura, “con buen tino” está realizando una investigación interna y recabando información para poder tomar decisiones.
También sostuvo la necesidad del diálogo y la licencia social “que el Gobierno está ejerciendo”. “Nos consta que hay reuniones donde participan los vecinos para poder construir esta licencia. Las empresas también tienen que entrar en esa dinámica y tomar conciencia de que tiene que ser con la anuencia de la sociedad. Y en ese contexto intervienen la Policía y las Fuerzas de Seguridad, que, por la información que tengo, lo hacen en el marco de una orden judicial de una Fiscal de Belén”, aclaró.
Y añadió: “Por la información a la que pude acceder, el procedimiento policial duró más de seis horas (…), y en ese marco hay 15 o 20 segundos que muestran una situación de violencia. Pero creo que lo más sano para todos es que haya una investigación judicial, creo que hay una denuncia, sino de oficio”.
Sobre la minería versa también el fallo de la Corte de Justicia de Catamarca, en la causa iniciada por el Cacique Guitián, en representación la Comunidad aborigen Atacameños del Altiplano, en contra de las empresas Livent y Galaxy, sobre la que hay “lecturas entrelíneas”, según Aguirre.
“No quiero abonar la tesis del conflicto por el presupuesto, porque imagínense qué puede creer un inversor extranjero que está pensando en invertir millones de dólares en Catamarca si por un problema de sueldos le van a paralizar la actividad”, diría “no vengo nunca”, reflexionó el diputado.
Asimismo, contó que el fallo le genera algunas dudas: “Por ejemplo el voto del doctor Figueroa Vicario al cual se adhiere la mayoría para tomar esa decisión, se basa en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referido a una situación que sucedió en Salta, en donde también hay una medida cautelar y se solicita que no se otorguen más permisos. Pero antes de tomar esa decisión (…) le dan 90 días al Gobierno de la provincia para que presente un informe de impacto acumulativo. Y en este caso no le dio 90 días y tomó una decisión de no otorgar nuevas licencias”.
“Una empresa que invierte millones de dólares en la provincia y que no sabe si le van a renovar dentro de un año que se le vence el permiso por esta ley, impacta en la seguridad jurídica que es lo que debería garantizar en este caso la Justicia”, apuntó.
A lo que sumó, que no se cumplió con la debida notificación al Estado, requisito estipulado en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, lo que según explicó, provocó que no se le diera la oportunidad al Estado de presentar el informe y por ende, no frenar la actividad.
El diputado también dijo que el Estado presentó un estudio similar a lo solicitado por la Corte, gestionado a instancias del CFI y que está publicado en la web, y que tampoco habría sido tenido en cuenta.
“Esas cosas nos distancian de ese fallo y ojalá que el Gobierno pueda contestar (…) y aclarar la situación para que pueda seguir una actividad que en este contexto de crisis que estamos viviendo es muy importante, porque más allá de lo que recauda la Provincia acá tiene que ver con los puestos de trabajo de mucha gente, que se ponen en duda a partir de esto”.
Ley de Emergencia Económica
Por otro lado, Aguirre comentó que el proyecto de Ley de Emergencia Económica tomará hoy estado parlamentario en las Sesiones extraordinarias y será girado a la Comisión de Hacienda, a la que definió como la “primera instancia de información y trabajo de consenso”.
“Eso no quita que se puedan ir trabajando consensos dentro de la Cámara a través de las autoridades de Bloque o que el propio Ejecutivo tenga conversaciones con algunos actores de la política informando los alcances y la profundidad de Proyecto”, agregó.
“Catamarca dejó de recibir muchos ingresos, por eso esta Ley de Emergencia viene a tomar medidas preventivas para que evitemos males mayores”.
Gustavo Aguirre
Comentó también que no queda clara la postura de los actores políticos, “fundamentalmente del bloque opositor del radicalismo que es el más importante en la Cámara”, ya que “ellos habían presentado proyectos de emergencia económica, educativa, financiera. Después solicitaron al Ejecutivo que se haga una prórroga de las sesiones extraordinarias para su tratamiento. Y después empezaron a surgir algunas voces de otros diputados del mismo bloque que planteaban que no hacía falta una ley de emergencia, teniendo en cuenta que la provincia cuenta con una ahorro de mil millones de pesos”.
En este sentido, dice que probablemente esas divergencias se sinteticen y sea plasmada una postura, sino “va a resultar muy difícil poder consensuar con una dispersión de ideas”, que asegura no cuestionar.
“Hay una vocación permanente al diálogo de parte nuestra. Tampoco hay un lineamiento del Ejecutivo a su bloque oficialista de decir queremos que salga textual (…) nos plantearon que lo trabajemos. Incluso dentro de nuestro propio bloque hay dudas que seguramente van a ser evacuadas cuando citemos a la Comisión a las autoridades de Hacienda del Poder Ejecutivo”, relató.
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