La comitiva que se reunirá con el primer mandatario insistirá por el cumplimiento de un Petitorio presentado la semana pasada.

Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, y el intendente Eduardo Córdoba se reunieron para planificar proyectos de infraestructura urbana y vial en Andalgalá. Además, se anunciaron reuniones de gabinete en el interior provincial.

También instó a que las provincias manifiesten una decisión coherente de cooperación entre el Ejecutivo provincial y sus legisladores.

El legislador explicó de qué se trata el flamante Observatorio de Precios de SFVC. También hizo alusión a lo abrupto de los ajustes que lleva adelante el presidente Javier Milei, aunque señaló que "está haciendo lo que dijo que iba a hacer" y que la gente lo convalidó en las urnas.

Javier Galán, dirigente libertario, cuestionó duramente al diputado Lencina y analizó la situación económica que afecta especialmente al sector comercial.

Además, comunicaron que en marzo se abrirá la paritaria 2024.

El Gobierno mantiene reunión con los gremios de la intersindical, mientras los autoconvocados docentes se manifiestan afuera.

El objetivo es implementar una adecuada política de protección de la calidad del aire.

Hasta el momento, desde que asumió, viajó dos veces a Mar del Plata a ver el espectáculo de su pareja Fátima Flores.

El senador nacional destacó la madurez y prudencia del Gobernador Raúl Jalil para gobernar en tiempos difíciles para el país y la provincia.

Empresarios y productores catamarqueños buscan conquistar el mercado mundial con sus productos regionales.

Con motivo de la Batalla de Salta, el ministro realizará su primera visita a una provincia desde que es funcionario y se reunirá con gobernadores, en medio de los cruces por el recorte de fondos. Jalil confirmó sus asistencia.

El fiscal Laureano Palacios dispuso una junta médica interdisciplinaria para determinar la imputabilidad de Jorge Castro en el caso del crimen de Látigo Ferreyra. La medida busca esclarecer si Castro se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales al momento del homicidio.

Los destinatarios del acuerdo son los profesionales de la Administración Pública.

Buscan asegurar que ningún profesional de la administración pública perciba menos de $800.000, actualizados por el índice inflacionario del mes anterior.

Abogados, arquitectos y contadores, entre otras profesionales liberales, afirman que la recomposición salarial a los administrativos está perjudicando a las categorías profesionales. “No se tiene en cuenta nuestras responsabilidades. Somos los que ponemos nuestra firma”.

Además de una actualización de haberes, reclaman modificaciones de las disposiciones vinculadas a la carrera administrativa.