¿Quién mató a “Rojitas”? ¿Por qué lo mataron? ¿Quién o quiénes se beneficiaban con su silencio? ¿Está plenamente probado que fue un crimen o no se descarta alguna otra causa de muerte? Si en efecto hubo homicidio, ¿existió un móvil político o se trató de algo personal? ¿Por qué los investigadores pusieron el foco sobre el entorno familiar y no sobre su círculo político-laboral? ¿Hasta dónde avanzó la búsqueda de la verdad en la Justicia?
Así, solo con interrogantes, podría abordarse el caso del exministro de Desarrollo Social de la Provincia y secretario general del gremio gastronómico de Catamarca, Juan Carlos Rojas, asesinado, como todo indica, en su modesta vivienda del norte de la Capital en la que vivía solo.
El próximo martes 3 de diciembre se cumplirán dos años de la muerte de Rojas. Fue su hijo Fernando el primero en llegar a la casa el domingo 4 y hallar el cuerpo de su padre tendido boca abajo en el piso de la galería, semidesnudo y sobre un charco de sangre. Tenía el rostro desfigurado. Las pericias posteriores detectaron 33 lesiones en total, incluyendo una fractura en la base del cráneo y una herida en la frente. Sostienen que estaba sin vida desde el sábado 3.
Fernando Rojas declaró en la causa que fue alrededor de las 12 para limpiar, como hacía habitualmente, la suciedad de sus perros, que Juan Carlos había aceptado criar con esa condición. Cuando vio la escena, su primera reacción fue dar vuelta el cuerpo y tratar de reanimarlo. Como no respondía llamó por teléfono a Fabián Vega, amigo de la familia y estrecho colaborador de Rojas en el gremio UTHGRA. Vega, que vive a tres cuadras de allí, llegó en pocos minutos. Ante la situación se comunicaron con el 911.
Era un día agobiante. Al mediodía la térmica rondaba los 40°.
Poco después llegó la Policía junto a los peritos. Y más tarde se presentó el malogrado primer fiscal de la causa, Laureano Palacios, quien apenas llevaba tres meses en el cargo. Pero el primero en tomar contacto con la escena del crimen fue el entonces jefe de Homicidios, Tomás Rodríguez, al mando del operativo policial.
Fernando recuerda que una mujer policía que trabajaba en el lugar le preguntó: “Jefe, ¿cómo informamos en el grupo (de WhatsApp) sobre la muerte de Rojas? ¿Informamos muerte dudosa? No, informe muerte natural”, habría respondido Rodríguez, sin dudar. Para más datos, Rodríguez es licenciado en Criminalística.
Natalia, hermana de Fernando, comentó que incluso el jefe policial los autorizó a limpiar el piso, ya que debían soltar a los perros que estaban atados y seguro se dirigirían al cuerpo. “Nos dijeron ‘no hay problema, limpien’. Y ahí (Rodríguez) nos ofreció una empresa de limpieza, porque había que limpiar con químicos especiales para que no queden restos. Entonces, ahí se retiraron ellos y quedamos nosotros”, relató.
A esa altura del día, la noticia de la muerte de un ministro del Gobierno provincial ocupaba las portadas de la mayor parte de los medios. Oficialmente, se comunicó que Rojas había fallecido por causas naturales.
La tarde-noche de ese domingo se llevó a cabo la primera autopsia del cuerpo. El informe apuntó: “La causa fehaciente de muerte es traumatismo cráneo encefálico y hematoma subdural”. Hasta allí, muerte natural. Al terminar, el fiscal Palacios ordenó entregar los restos para el velatorio, que se realizó a la noche en la sede de los gastronómicos. El jefe sindical, Luis Barrionuevo, ya había arribado a Catamarca para el último adiós.
Barrionuevo llegó al gremio junto al gobernador Raúl Jalil. En medio del velorio, una mujer se acercó al líder gastronómico y le dijo algo al oído. El cambio de expresión en su rostro fue notorio. Enseguida llamó a una reunión reservada en el primer piso. Además de él y Jalil, estaban el vicegobernador Rubén Dusso; la ministra de Seguridad, Fabiola Segura, y un abogado. Minutos después convocaron a los hijos de Rojas. “Les quiero decir que a su padre lo mataron”, manifestó Barrionuevo.
Pero la revelación pública de eso fue a la mañana del lunes 5. Antes de regresar a Buenos Aires, Barrionuevo vociferó en una radio: “A Rojas alguien lo sorprendió y lo golpeó”. No dijo mucho más. A partir de allí cambió la investigación.
Al mediodía se supo que el fiscal había ordenado una segunda autopsia y que, además, concurrió nuevamente al lugar del hecho. Sin embargo, en diálogo con la prensa, Palacios insistió: “No hemos notado nada extraordinario que nos haga pensar en una muerte violenta”. ¿En verdad le parecía “normal” ver a un hombre tirado sobre un charco de sangre?
La segunda autopsia informó lo que se esperaba: la víctima “sufrió un fuerte traumatismo” que sería “compatible con agresión con elemento contuso sin filo”. En otras palabras, muerte traumática. La hipótesis del homicidio estaba en marcha.
Detención y liberación
El fiscal Palacios cambió entonces la carátula de “muerte natural” a “muerte violenta” y la primera medida concreta que decidió fue la detención de Silvina Nieva, empleada del sindicato y pareja ocasional de Rojas. Le imputó “homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja y alevosía”. Pero cinco días después tuvo que liberarla porque la orden de prisión preventiva no tenía ninguna firma. O sea, la mujer había sido privada de la libertad por un escrito anónimo. Las torpezas seguían marcando la actuación judicial.
¿Por qué Nieva? Porque ella habló por teléfono con Rojas el sábado. Fue, hasta ahora, la última persona que tuvo contacto con él. En su declaración contó que en un momento escuchó un ruido parecido a un golpe y que allí se cortó la comunicación. Que estuvo unos 4 minutos con la línea abierta y sin respuesta. ¿No le llamó la atención? ¿Por qué no avisó a nadie?
A esa altura, era tan evidente la impericia de Palacios que la Procuración General designó dos fiscales con experiencia para que se sumen a la investigación: Hugo Costilla y Alejandro Gober. Recién ahí la Justicia parecía asumir que el crimen de un ministro del Ejecutivo provincial demandaba más esmero.
Las críticas al Poder Judicial y al Gobierno no se hicieron esperar, porque Palacios fue designado por el gobernador Jalil luego de que se declarara desierto el concurso para cubrir el cargo. Contaba con 34 años y ningún antecedente en materia penal, ya que antes se desempeñaba como colaborador del vicegobernador Dusso en el Senado. La oposición política pidió el enjuiciamiento del magistrado y el tribunal de jury evaluó que, efectivamente, había elementos para abrir el proceso.
Palacios había responsabilizado a la Policía por no preservar la escena del crimen, lo cual fue estrictamente cierto. No obstante, omitía considerar que él era el conductor de la investigación.
Jury: todo mal pero siga
El 30 de mayo de 2023 comenzó el enjuiciamiento de Palacios. El fiscal del Jury, Víctor Mauvecín, pidió su destitución por mal desempeño en las funciones, porque decidió entregar el cuerpo de Rojas a sus familiares tras la primera autopsia -que consideró “insuficiente”-, “sin conocer la causa de muerte” y por no haber dirigido la investigación de la causa.
El mismo criterio compartieron la presidenta del tribunal y ministra de la Corte de Justicia, Fernanda Rosales, y la representante de la oposición legislativa, diputada Juana Fernández (UCR). Sin embargo, los dos miembros del oficialismo, la diputada Cecilia Guerrero y el senador Oscar Vera; y los representantes del Colegio de Abogados, Silvia Cabrera y Pablo Nicolini, se pronunciaron por su absolución. En definitiva, la votación fue 4 a 2 a favor de la continuidad del fiscal Palacios. El mensaje del Estado a los catamarqueños fue decepcionante: borrón y cuenta nueva.
De nada sirvieron las marchas de los familiares en reclamo de esclarecimiento, ni tampoco los acertados cuestionamientos de los demás actores sociales e institucionales. El Jury a Palacios confirmó la vigencia de un sistema que va en contra de la demanda de justicia de una comunidad indefensa.
Unos días antes de cumplirse el primer aniversario de la muerte de Rojas, el gastronómico Barrionuevo encabezó en Catamarca una multitudinaria marcha a la que asistieron sindicalistas del sector de otras provincias para pedir justicia por el compañero asesinado. Y aprovechó para cargar las tintas contra el Gobierno provincial y la Justicia por la falta de respuestas.
En diálogo con INFORAMA, Barrionuevo apuntó especialmente contra el vicegobernador Dusso, al que culpó por la “salvación” del fiscal. “Él les dijo al senador Vera y a la diputada (Guerrero) que voten en contra de la destitución de Palacios”, aseguró. Más aún, “me consta que el Gobernador le dijo a Dusso que le pida la renuncia a Palacios, pero no quiso hacerlo”. Nadie salió a desmentir al jefe sindical.
La causa hoy
Más allá de las controversias, Palacios ya había sido desplazado de la causa antes de cumplir un mes al frente. Desde entonces, el grueso de la investigación quedó en manos del fiscal Costilla. Indagó a los hijos y a sus parejas, las llamadas telefónicas que hicieron antes y después de ese día, sus rutinas, la relación de cada uno con Rojas. Y aparte secuestró 14 celulares que ya fueron peritados. Le interesaba saber sobre los mensajes eliminados en cada uno.
Al único hijo de Rojas que el fiscal no le permitió ser querellante en la causa es Fernando, por el hecho de ser el primero en dar con el cuerpo de su padre aquel domingo. Esto es, lo puso en la primera línea de sospecha. Pero hasta ahora no pasó de eso.
Según información a la que accedió INFORAMA, el fiscal Costilla hizo lugar al pedido de la querella de realizar la reconstrucción del hecho antes de fin de año. La intención era avanzar con eso en noviembre, pero el médico propuesto por la Corte de Justicia se encuentra fuera del país.
Aparte, se espera la respuesta al exhorto diplomático dirigido a Google para que suministre información de todas las comunicaciones registradas entre el 3 y el 15 de diciembre de 2022, en un perímetro determinado alrededor de la casa de Rojas. El informe se basa en un registro de datos que recopila la plataforma en cuanto a la ubicación de los usuarios en un momento dado.
Esas serían las últimas medidas de prueba que necesita el fiscal para decidir sobre la causa. Hasta el momento, el expediente suma más de 6.000 fojas, casi 30 cuerpos.
Si bien es innegable que la investigación judicial decayó, lo que resulta más llamativo es el silencio, o acaso desinterés, de todos los que rodeaban y decían estar comprometidos con la búsqueda de justicia: el Gobierno, el PJ, el sindicato, los excompañeros de Desarrollo Social…
A dos años del crimen de Rojitas, la lucha de su familia es vencer el olvido.