Como un signo de época, el gobernador Raúl Jalil lanzó la propuesta de hacer un “Pacto catamarqueño” horas después de haber firmado el Pacto de Mayo con el presidente Javier Milei y otros 17 mandatarios provinciales. El principal escollo por sortear será, por cierto, la falta de credibilidad que ha demostrado el Gobierno en otras ocasiones en que buscó el acuerdo de la oposición para avanzar en temas centrales de la provincia. Con todo, el pacto político más ambicioso y duradero no es otro que la reforma constitucional.
Los acuerdos amplios tienen una virtud innegable: posibilitan consensuar políticas públicas a largo plazo orientadas al bienestar general. Es precisamente lo que reclama la comunidad a las fuerzas políticas; esto es, que dejen sus diferencias a un lado y trabajen por el bien de todos. Sería lo más cercano a una sociedad civilizada ideal. La madurez política en su máxima expresión.
Pero Catamarca no registra ningún antecedente de un contrato político de esas características. Por el contrario, los pocos acuerdos que hubo fueron parciales, carentes de pluralismo y con negociaciones a puertas cerradas. Desde la reforma de la Constitución provincial de 1988, que contó con la participación de solo un puñado de opositores radicales, hasta el fallido “Pacto de San Antonio” del año pasado, que no pasó la categoría de papelón.
No hay dudas que el Pacto de Mayo del 9 de julio pasado, firmado en la Casa de Tucumán, tuvo un influjo determinante sobre el jefe de Estado catamarqueño. Así lo reconoció en su discurso del acto central de la Independencia, realizado en Bañado de Ovanta, Santa Rosa.
“Es un día importante por lo que hemos firmado anoche los 18 gobernadores con el Presidente de la Nación. Por ello, propongo que también nosotros tenemos que trabajar en un pacto para el mes de agosto, en el Día de la Autonomía de Catamarca, que determine las políticas públicas que necesita Catamarca para los próximos 100 años y donde se refleje la minería y el control ambiental, social y economía de esta actividad, como también el turismo”, dijo Jalil.
Para determinar las políticas de Estado que tendrá el Pacto Catamarqueño convocaremos en los próximos días a los distintos sectores políticos e intendentes, quienes nos aportarán su visión para construir un gran acuerdo catamarqueño.
— Raúl Jalil (@RaulJalil_ok) July 11, 2024
Consideramos fundamental sentar acuerdos que… pic.twitter.com/vHJ2tZgxP5
Al día siguiente, el jefe de Estado reunió en la Gobernación a los presidentes de las cámaras legislativas, el vicegobernador Rubén Dusso y Paola Fedeli, más sus colaboradores del área política, para definir los temas que conformarían ese pacto. Según se esbozó, serían la reforma parcial de la Constitución, el plan de obra pública, las políticas en minería, turismo, agroindustria y economía del conocimiento, entre los principales. Y se dispuso que la convocatoria se extienda a los intendentes.
Escepticismo opositor
Como era de esperarse, la iniciativa chocó con las opiniones críticas de los dirigentes opositores más activos en el plano mediático. Entre ellos:
- Flavio Fama, senador nacional (UCR): “Que el gobernador Raúl Jalil me venga a decir que ahora quiere hacer un Pacto de Agosto y encima por 100 años desnuda que no tiene ninguna iniciativa propia, más allá de lo que ya le conocemos que son los negocios de la obra pública, la minería y de la salud”. “Creo que Jalil tiene que ser más sincero. Es más falso que patada de víbora, porque de pronto nos sale con eso o cuando tiene algún problema saca la reforma de la Constitución. Necesitamos hechos, no palabras”.
- Hugo Ávila, diputado provincial (FAC): "Habría que ver si el Gobernador tiene voluntad de discutir, de ceder. Y en el marco de un acuerdo, no puede imponer él su voluntad hegemónica”. “Con Jalil lamentablemente nunca pudimos coincidir en nada. Todas las veces que fuimos convocados y conversamos con él, llevamos inquietudes en materia de política sanitaria, salarial, educativa, política, minera y siempre se hizo absolutamente todo lo contrario de lo que nosotros planteamos”.
- Alfredo Marchioli, diputado provincial y presidente de la UCR: “El Gobernador es una persona que muchas veces ha realizado anuncios en los medios que son zanahoria de plástico”. “Siempre plantea el tema de la reforma de la Constitución cuando hay discusiones políticas que lo afectan o se hacen visibles deficiencias de su gestión”. Pero “si este llamado es serio, tiene honestidad intelectual, es claro y lleva beneficios para la sociedad de Catamarca, el radicalismo estará presente”.
- Tiago Puente, diputado provincial (UCR): “¿Jalil llamando a un pacto? Después de vaciar la Provincia a la par que se fue enriqueciendo directa o indirectamente a través de sus emprendimientos y los de su familia. Lo sabemos todos los catamarqueños, lo conocemos y sabemos qué decisiones tomó para ayudarse a él mismo y a su grupito”.
¿JALIL LLAMANDO A UN PACTO?
— Tiago Puente (@TiagoPuente) July 10, 2024
Después de vaciar la Provincia a la par que se fue enriqueciendo directa o indirectamente a través de sus emprendimientos y los de su familia. Lo sabemos todos los catamarqueños, los conocemos y sabemos qué decisiones tomó para ayudarse a él mismo y a…
- Diego Figueroa, presidente del PRO Catamarca: “El Gobernador se quiere calzar la peluca”, aunque “pacto hace el que puede y no el que quiere”. En lugar de convocar a un pacto, “Jalil debería pactar su retiro en son de paz y no seguir avivando las llamas del kirchnerismo local que le pedía a gritos no firmar el Pacto de Mayo”.
Hasta aquí, el único dirigente radical que dijo estar de acuerdo con la propuesta fue el intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba. “Le expresamos al Gobernador la voluntad de llevar adelante un pacto que me parece saludable”, opinó en declaraciones a la prensa. A su criterio, lo más importante es plasmar en la Constitución la decisión de “subsanar la brecha histórica que existe entre la Catamarca del Valle Central y el resto de la provincia”.
Intentos fallidos
En rigor, el pacto político por excelencia sería una reforma de la Constitución que defina líneas cardinales del modelo deseado de Provincia. Por el valor institucional que representa, se trata de un acuerdo mucho más abarcativo y sólido que el Pacto de Mayo de Milei.
Sin embargo, en las últimas cuatro décadas los intentos de los gobiernos de turno para avanzar en una enmienda de la Carta Magna han sido infructuosos. No pudieron avanzar el gobierno del Frente Cívico y Social ni tampoco las gestiones peronistas que le sucedieron.
El trabajo más serio que se hizo en ese sentido fue durante la administración de Lucía Corpacci, quien encomendó al entonces ministro de Gobierno y actual intendente capitalino, Gustavo Saadi, que trabajara con las fuerzas políticas, instituciones y actores económicos para lograr un conjunto de coincidencias elementales para actualizar la Ley de leyes de Catamarca.
Entre otras cosas, se buscaba poner fin a las reelecciones indefinidas en los cargos electivos, establecer que las elecciones sean cada 4 años (y no cada 2), que las sesiones ordinarias comiencen el 1 de marzo (y no en mayo) y que el criterio de selección de los jueces tuviera carácter constitucional. Pero el empeño quedó a mitad de camino porque la oposición se negó a aprobar la ley de necesidad de la reforma.
El año pasado, a pocos días de concluir el proceso electoral de renovación legislativa, el Gobierno retomó las negociaciones con la oposición por la reforma constitucional. Aunque el montaje no pudo haber sido más desafortunado. Es que el lugar de la reunión fue la finca del diputado Marchioli en San Antonio (FME), quien junto a un puñado de legisladores de su bancada recibió a un grupo de funcionarios del Ejecutivo, con los que, además de la reforma, hablaron de cargos políticos para la oposición. El resto del bloque radical no estaba al tanto, ni tampoco el partido. El escándalo estalló días después en el Comité Provincia.
En verdad, la reforma constitucional es algo tan trascendente que no puede abordado a escondidas, ni menos aún quedar a expensas de arreglos por puestos de trabajo para la militancia. Ningún acuerdo político serio prospera sin consenso previo y sin interlocutores legítimos.
Aparte, una condición básica de un pacto es que las partes cumplan con el compromiso asumido. Algo que no sucedió, por ejemplo, con la reciente Ley de declaración de la Provincia en estado de Emergencia Económica y Financiera, por cuanto el Gobierno siguió gastando recursos en cuestiones no prioritarias como si tal crisis no existiera.
En definitiva, si realmente hay voluntad de actualizar la Constitución, el primer paso será la construcción de un consenso amplio. Y luego demostrar que existe un compromiso firme de cumplir lo que se escriba.
En un país donde la palabra de los políticos está más devaluada que la moneda, el desafío no es otro que persuadir a la ciudadanía con hechos.
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