A fines de noviembre pasado, el Gobierno cerraba el primer capítulo de una batalla feroz contra el Poder Judicial por el presupuesto 2024. Éste había presentado en Diputados un resumen de gastos de $68.840 millones, pero se lo recortaron en más de $20.000 millones. Jueces, funcionarios y gremialistas salieron a la calle a repudiar el ataque a la independencia de ese poder. El Gobierno defendió la poda con el argumento de que los recursos provinciales habían caído y era imperioso acomodarse a la nueva crisis fiscal. Dos meses después, el Poder Ejecutivo se despachó con una veintena de designaciones políticas, la mayoría de ellas injustificables y vergonzosas. ¿Cómo podrá en adelante exigir ajustes a otros?
La contradicción del discurso oficial tuvo otro episodio. Tras la pelea con la Justicia, el gobernador Raúl Jalil encabezó el 12 de diciembre último una reunión con legisladores oficialistas y opositores con el fin de llegar a un “consenso sobre un temario (de las sesiones extraordinarias) que refleje las necesidades de la población y el contexto económico actual”, según informó un parte de Casa de Gobierno. Y en esa ocasión Jalil anunció una “reducción del 20% de la planta política del Poder Ejecutivo”. La medida no solo dejó en silencio a la oposición, sino que además tuvo una extendida repercusión nacional. Casi como un ejemplo para otros mandatarios.
Pero la realidad es que ocurrió todo lo contrario. Lo primero que todos imaginaron era que el Ejecutivo finalmente achicaría su organigrama. No fue así. El acto de reasunción de autoridades en diciembre pasado fue la confirmación de la continuidad de 16 ministerios más la Secretaría de Gabinete -con rango ministerial-. Entre ellos se mantienen dos que bien podrían ser secretarías o subsecretarías: el de Ciencia e Innovación Tecnológica, a cargo de Manuel “Taro” Molina, y el de Integración Regional, Logística y Transporte, cuyo responsable es Eduardo Andrada.
Descartada la “motosierra” en la superestructura ministerial, la reducción debería venir entonces por el lado de la nómina de asesores, supervisores o puntos índice, es decir, ese aguantadero de los “compañeros” desempleados que siguen colgados del Estado. El anexo parasitario del presupuesto provincial.
No obstante, tampoco sucedió eso. Por el contrario, el Gobierno decidió darles cobertura a unos 20 exintendentes, exlegisladores y exfuncionarios que finalizaron su actuación en diciembre y algunos otros que ya venían conchabados en asesorías sin funciones concretas.
Tales designaciones aparecieron mezcladas en el medio millar de funcionarios fuera de nivel cuyos decretos se publicaron en 7 ediciones consecutivas del Boletín Oficial de enero pasado. Buena parte de ellos son los que efectivamente vienen en funciones desde 2019 y forman parte de los equipos de trabajo de cada área del Poder Ejecutivo.
Los premiados
Entre los principales y más polémicos se encuentran los ex ministros Roberto Brunello (Cultura, Turismo y Deporte) y Manuela Ávila (Salud); los exfuncionarios Guillermo Dalla Lasta (Secretaría de Gabinete), Norberto Bazán (OSEP y SAME) y Jeremías Prieto (EC Sapem); y los exintendentes Roxana Paulón (Fiambalá), Juan Pablo Sánchez (Santa María), Lucas Carrazana (Saujil, Pomán) y León Mendoza (San José, Santa María) Solo faltaría para completar la nómina el inefable Elpidio Guaráz, otrora patrón de Bañado de Ovanta.
También fueron designados la exdiputada nacional Anahí Costa, el exsenador Jorge Sola Jais (Belén), los exdiputados provinciales Verónica Mercado, Jorge Andersch y Guillermo Marenco; y el exconcejal belicho Luis Valdez Franco. Hay más nombramientos que se suman al listado de favores políticos. El detalle de la jerarquía (sueldos) que percibirán puede consultarse en esta nota de INFORAMA.
Algunos casos asombran por la desfachatez. Por ejemplo, Brunello es un empresario gastronómico que vivió siempre de su trabajo en el sector privado. Lo mismo ocurre con Dalla Lasta, quien se ganaba la vida con un servicio técnico. Paulón (odontóloga), Ávila y Bazán (médicos) ejercían su profesión antes de llegar a la función pública. ¿Necesitaban estos cargos para sobrevivir? Es evidente que no consideran a la política como un ciclo temporal, sino como una bolsa de trabajo cómoda y segura. Y no por el empleo en sí, sino por la remuneración garantizada.
Con excepción de Sola Jais, Bazán y Marenco, el resto de los designados con distintos niveles de puntos índice fueron a caer bajo la órbita del Ministerio de Gobierno y Justicia, nunca mejor llamado “ministerio político” del Ejecutivo provincial. Una pena que su titular, Fernando “Fano” Ávila, haya tenido que retomar sus estudios de Derecho en Canadá y perdiera así la ocasión de dar la bienvenida a su docena de flamantes asesores.
Sumariados por la UIF
Quizás en Casa de Gobierno desconocían al momento de firmar los decretos de designación de estos asesores que dos de ellos se encuentran en aprietos ante la Unidad de Información Financiera (UIF), donde fueron sumariados por haber realizado maniobras irregulares con fondos del Estado.
En efecto, en el segundo semestre de 2023, en pleno fragor de la campaña electoral, los municipios de Fiambalá y Saujil, por entonces bajo la responsabilidad de Paulón y Carrazana, hicieron retiros de fuertes sumas de dinero en efectivo por ventanilla de las sucursales del Banco Nación en Fiambalá y Pomán, respectivamente.
La comuna al mando de Paulón mandó a extraer $153.181.483, mientras que la de Carrazana cobró un cheque propio por $127.790.559. Es evidente que ningún municipio necesita tal cantidad de dinero en efectivo para pagar sueldos, becas o a proveedores, ya que todo eso está bancarizado.
A partir del caso de Milagro Sala en Jujuy, condenada en 2019 por fraude, extorsión y desvío de fondos públicos por USD 900.000 como jefa de la Agrupación Tupac Amaru, todas las personas físicas y jurídicas que realicen extracciones de dinero por ventanilla, más si proviene del Estado, quedan en la mira de la UIF.
Cuando se produce un retiro bancario de esas características, “salta” un alerta en la entidad y la UIF toma intervención. Luego elabora un informe de ROS (Reporte de Operación Sospechosa), que puede derivar o no en una posterior denuncia penal.
La UIF es un organismo autónomo y autárquico que funciona en la órbita del Ministerio de Economía de la Nación. Se ocupa del análisis, tratamiento y transmisión de la información recibida, “a fin de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de los delitos de tenencia y comercialización ilícita de estupefacientes, contrabando de armas, actividades de una asociación ilícita o de una asociación ilícita terrorista, fraudes y otros delitos contra la Administración Pública, prostitución de menores y pornografía infantil y financiación del terrorismo”, según reza en su sitio web.
Y por supuesto puede requerir informes, documentos y antecedentes a las autoridades municipales y provinciales, o a las mismas personas físicas o jurídicas involucradas, bajo apercibimiento de ley.
De manera que tal vez tanto los nuevos asesores del Gobierno Paulón y Carrazana deban rendir cuentas ante la UIF –o en la Justicia Federal- sobre los obscenos retiros de efectivo en el Banco Nación al calor de las urgencias electorales.
Para colmo, a ninguno de ellos les sirvió de mucho la movida, ya que perdieron las elecciones a manos de Raúl Usqueda (Fiambalá) y Enzo Carrizo (Saujil). En el primer caso, Paulón dejó el municipio con un rojo de $400 millones, mientras que Carrazana se fue con un déficit de $100 millones.
Aún así, fueron premiados en la estructura del Gobierno provincial con cargos cuyos haberes superan el millón de pesos. No quedan dudas de que el gasto político exacerbado forma parte del ADN del peronismo catamarqueño.
Lamentablemente para el Ejecutivo, estas designaciones arbitrarias le quitaron autoridad para reclamar a los demás un ajuste del cinturón. Es que un buen gobierno debe dar el ejemplo.
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