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Gobierno, jueces y trabajadores enfrentados por un ajuste inevitable

Pasó la fiesta electoral del kirchnerismo en retirada y ahora hay que pagarla. A pesar de que falta una semana para que asuma Javier Milei como presidente, los números de las cuentas en las provincias ya empiezan a ponerse al rojo vivo. En Catamarca, el gobernador Raúl Jalil quiere curarse en salud y mandó a podar el presupuesto del Poder Judicial. Y así desató un conflicto nunca visto: jueces y funcionarios salieron a la calle a reclamar junto a sus empleados y gremialistas. El acuerdo por el ajuste aún está lejos.

El nuevo contexto fiscal es tan duro como previsible. Las transferencias por coparticipación federal, leyes especiales y compensación del Consenso Fiscal enviadas a todas las provincias y CABA sufrieron una caída real del 12,4%, la peor desde julio del 2020 en plena pandemia.

Tal derrumbe se explica básicamente por la decisión electoralista del ministro de Economía y excandidato presidencial, Sergio Massa, de eliminar el impuesto a las Ganancias y poner en marcha el programa Compre sin IVA. El impacto de los cambios aprobados produjo una baja de 31,8% en términos reales contra igual mes del año anterior.

Según el senador nacional Flavio Fama (UCR), la provincia de Catamarca pierde unos $4.000 millones por mes en concepto de Ganancias. Y para 2024 la caída total se estima en $45.000 millones. “Votaron a favor del ‘Plan Platita’ de Massa y ahora lo estamos pagando los catamarqueños", dijo en diálogo con INFORAMA Radio.

Por esta razón, Jalil se reunió esta semana en Buenos Aires junto a otros gobernadores peronistas con el próximo ministro del Interior, Guillermo Francos, a quien le pidieron que la Nación coparticipe la mitad de la recaudación del impuesto al cheque. La respuesta será dada después que asuma Milei.

Los mandatarios estuvieron además con el propio Massa, quien les anunció una compensación para todas las provincias de $230.000 millones de un remanente de ATN (Aportes del Tesoro Nacional) y otras partidas no utilizadas, con el objeto de que puedan pagar sueldos y aguinaldos en diciembre.

Un informe de la consultora Politikon Chaco precisa que Catamarca necesitaría $10.245 millones para cumplir con el aguinaldo. El gobernador Jalil anunció que tanto los sueldos como el aguinaldo están asegurados este mes. Y en una entrevista con el canal TN aclaró que en Catamarca “no habrá ajuste”. Aunque no dio precisiones, se interpretó que se refería a una reducción de la planta de personal.

No obstante, lo cierto es que el año próximo la provincia contaría con menos recursos para hacer frente a los gastos corrientes del Estado. De hecho, el proyecto de ley de Presupuesto 2024 prevé una diferencia negativa entre recursos y gastos de más de $2.157 millones. El ajuste del cinturón está a la vuelta de la esquina.

Jueces en la calle

La primera noticia de la reducción fuerte de gastos fue la modificación de los números previstos en 2024 para el Poder Judicial. Este presentó su presupuesto por un total de $68.842 millones, entre gastos corrientes y de capital. Pero el despacho de de la Comisión de Hacienda y Finanzas de la Cámara de Diputados lo aprobó por $47.979 millones, una poda del 30%. Hasta hoy, así es como bajará al recinto el miércoles próximo para su tratamiento.

El presupuesto original presentado por la Justicia fue de $68.842 millones.
La versión final aprobada por la Comisión de Hacienda de Diputados recortó más de $20.000 millones

Sin embargo, no era la proporción del achique lo que más se discutió esta semana, sino los aumentos salariales de la Justicia. Tanto los jueces y funcionarios, algunos nucleados en la Asociación de Magistrados y otros autoconvocados, como los trabajadores del gremio judicial salieron a protestar a la calle en reclamo de la “independencia del Poder Judicial”. Todos coincidieron en que el Poder Ejecutivo estaba avasallando tal autonomía.

Desde el punto de vista técnico, la diferencia estriba en la forma de cálculo del incremento salarial. La Justicia se basa en los índices de la inflación estimada por el INDEC y aplica cada aumento mensual sobre el sueldo anterior, mientras que en la Administración provincial el cálculo es sobre un monto inicial del año.

Por esa razón, el Poder Ejecutivo sostiene que mientras la Justicia nacional tuvo hasta septiembre pasado un aumento salarial acumulado del orden del 75,5% y cerraría el año con un 80%, la Justicia provincial entre enero y septiembre alcanzó un incremento del 104%, mientras que el acumulado anual sería superior al 120%.

En realidad, hasta ahora el Gobierno no había objetado el cálculo de los incrementos salariales en la Justicia porque no tenía problemas con los recursos. Pero todo cambió con el horizonte fiscal que asoma a partir de la gestión Milei. “Tenemos diferencias con la técnica presupuestaria que aplica el Poder Judicial”, explicó el ministro de Gobierno, Juan Cruz Miranda, en un intento por suavizar la controversia.

El último incremento salarial de la Justicia provincial es del 13,5% en noviembre. Con los recursos que gira el Ministerio de Hacienda, la Justicia no estaba en condiciones de afrontar tal mejora. Debido a eso, la presidenta de la Corte de Justicia, Fernanda Rosales, anunció que se había decidido pagar el aumento con los recursos disponibles en “caja chica”. Esto significa que quedarán varios proveedores a la espera.

Más allá de los detalles económicos, el verdadero fenómeno que se vio esta semana en las calles de la ciudad fue de orden social: fiscales, jueces y camaristas marcharon a la par de los gremialistas y empleados de la Justicia provincial; algunos vinieron del interior de la provincia. Se contaban por cientos. Con bombos y pancartas, con encendidas arengas institucionales y declaraciones periodísticas a granel. Cortaron calles y avenidas en el camino hacia la Casa de Gobierno y luego con manifestaciones de apoyo frente a la Corte de Justicia. Jamás la Justicia se mostró tan movilizada.

Jueces Rodrigo Morabito y Marcelo Soria hablan con la prensa frente a la Corte de la Justicia.

“Cómo podemos exigirles a los jueces que intervengan en los piquetes si ellos mismos piquetean”, expresó indignado un conductor que debió esperar que le abran paso en la avenida Presidente Castillo.

Por el reclamo salarial, la Justicia estuvo prácticamente paralizada esta semana. Salvo el martes, que hubo paro total, el resto de los días trabajó solo media jornada. Las quejas de los abogados litigantes fueron, por supuesto, en voz baja. A pocos días del comienzo del receso estival, es sabido el apuro por las presentaciones pendientes en todos los fueros. Ni siquiera pudieron operar en el sistema digital después de las 10.

“Ya no existe más esa vieja idea continental europea de los jueces detrás de los escritorios y solo hablando a través de las sentencias. En estos supuestos de afectación de la independencia del Poder Judicial y de la autonomía presupuestaria, los jueces tenemos no solo la facultad sino el deber de ponernos al frente de esta lucha”, proclamó el juez Miguel Figueroa Vicario, desde el ingreso al edificio de la Corte de Justicia y entre aplausos de los manifestantes.

Miguel Figueroa Vicario, juez de la Corte de Justicia de Catamarca.

Ley de tope salarial

Tal vez la única “solución” que consiguieron los jueces en la semana fue el anuncio de que el Senado no iba a tratar el proyecto de ley de Equidad Salarial que remitió el Ejecutivo junto con el presupuesto. La iniciativa pretende hacer operativo el artículo 141° de la Constitución provincial para que ningún funcionario, legislador, magistrado o empleado cobre un sueldo superior al del Gobernador de la Provincia.

El compromiso estuvo a cargo del vicegobernador Rubén Dusso, quien recibió en su despacho el martes a un grupo de magistrados que antes habían estado en la Gobernación con Jalil. Esa fue otra manifestación de los judiciales frente a la Legislatura. Al término de la reunión, el juez Jorge Palacios habló de cara a ellos. “Esta es una conquista, es un logro de todos ustedes”, dijo eufórico.

El proyecto, que propone congelar los sueldos de los jueces hasta tanto se equiparen a los de los ministros del Ejecutivo, no fue enviado a archivo, sino simplemente frenado. Aún así lo celebraron con ganas.

El proyecto de Equidad Salarial enviado por el PEP es para todos los ámbitos públicos.

Los jueces argumentan que el Poder Judicial de Catamarca se encuentra en el “lugar N°18” -entre 24 jurisdicciones- del ranking nacional de remuneraciones. Es decir, no están tan bien, pero tampoco nada mal. Lo innegable es que se trata del área del sector público que percibe los mejores sueldos de Catamarca.

Según Figueroa Vicario, en el oficialismo provincial están “discutiendo la nada misma” porque aún no se conoce el presupuesto nacional 2024 que presentará Milei, de manera que mal podría Catamarca anticiparse a un recorte todavía desconocido.

Pero como buen exdiputado peronista que fue no puede ignorar las señales que ya dio el presidente electo y su equipo, y el propio perfil político del liberalismo. La caída de la coparticipación, por caso, no es “la nada misma”.

En suma, el ajuste ha llegado para quedarse por un tiempo. En el tira y afloja entre el Ejecutivo y el Judicial, ¿quién terminará aflojando?

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