Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN SE) es una empresa muy particular. Asevera que pretende ser un “jugador protagónico” en el desarrollo minero local y hasta hacer minería propiamente dicha, pero al mismo tiempo goza de enormes privilegios respecto a las demás empresas. Es decir, actúa como un mero organismo gubernamental. O, peor aún, como un apéndice del Estado al servicio del poder político, con todo lo que eso representa.
CAMYEN fue creada por la Ley N° 5354 en enero de 2012, durante el primer gobierno de Lucía Corpacci, con el objetivo primordial de “promover el desarrollo de la minería” catamarqueña. En su estatuto declara que podrá ser “titular de derechos mineros” y realizar “por cuenta propia o asociada a terceros” actividades en el sector que van desde la investigación, prospección y exploración hasta la explotación y comercialización de sustancias minerales, en estado natural o ya industrializadas.
Hasta hace un año, la única “posesión” que tenía CAMYEN era Minas Capillitas, el yacimiento andalgalense de donde se extrae la rodocrosita, una piedra semipreciosa sin igual en el país. Pero la mina, pese a las insistentes gestiones de la Provincia aún pertenece a la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM).
En efecto, en 2015 la gobernadora Corpacci consiguió que el Gobierno nacional prorrogara por 10 años la concesión de Capillitas a CAMYEN. El acuerdo fue firmado por el exministro de Defensa Agustín Rossi. Pero en 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, la DGFM dio por terminada la concesión y retomó el control de la mina al asegurar que la adenda no tenía validez. En 2019, año final de su segundo mandato, Corpacci aludió enfervorizada a Minas Capillitas como “una colonia de la Nación” e instruyó a los senadores nacionales para que pidan la restitución de la concesión o el traspaso definitivo.
Pese al retorno del peronismo a la Casa Rosada, Minas Capillitas sigue en manos de la Nación y CAMYEN debe pagar un canon mensual de unos USD 6.000 por el préstamo de la mina. Una suma que difícilmente pueda sostener con una producción cada vez más baja.
En efecto, hace poco más de una década, la producción de Capillitas era de 15.000 toneladas de rodocrosita por mes, luego bajó a 10.000 y actualmente no supera las 5.000 toneladas. La información está basada en fuentes técnicas extraoficiales, ya que CAMYEN no informa absolutamente nada acerca de su producción, la venta del mineral y los números generales. Aún así se presenta en sociedad como una empresa “transparente”. De hecho, el apartado de “Transparencia” de su sitio web no conduce a nada.
Haz lo que digo…
A fines de diciembre de 2020, entró en vigor la reforma del Código de Procedimientos Mineros de Catamarca por la cual la autoridad minera administrativa pasó del Juzgado Electoral y de Minas a manos del Ministerio de Minería de la Provincia. En los hechos, la modificación significó la toma de posesión del poder concedente por parte del Ejecutivo provincial. Era lo que le faltaba al gobernador Raúl Jalil para concentrar el manejo de la minería.
Quizás el único contrapeso técnico -y en parte político- que tiene Jalil en la cartera de Minería para no caer en la lisa y llana discrecionalidad con las empresas privadas es el mismo titular del área, Marcelo Murúa, quien intenta cumplir a rajatablas con la misión del organismo y no favorecer a nadie en particular.
El nuevo esquema asigna a Minería la "competencia concedente”, que es la facultad de conceder, denegar o declarar caducos los derechos mineros de las pequeñas, medianas y grandes empresas del sector.
A partir de entonces, el único beneficiado con el nuevo estatus es CAMYEN. ¿Por qué? Porque cada vez que caduca un permiso, queda vacante o cesan los derechos mineros de una mina, el expediente pasa directamente a poder de la empresa estatal, la cual tiene 30 días para pedir o desistir de la concesión.
Y desde que asumió Susana Peralta –tal vez la funcionaria que goza de la mayor confianza del gobernador Jalil- como presidenta de CAMYEN, en agosto pasado, todas las minas vacantes son rigurosamente pedidas. Minas Capillitas ya no está sola.
De este modo, la empresa estatal se ha convertido en un auténtico banco de propiedades mineras de la provincia. Aunque a diferencia de cualquier privado, no le cuesta en absoluto retener los derechos sobre las minas. En realidad, nada le cuesta. Todo lo paga el Estado.
Efectivamente, si un privado quiere hacer minería y ya dispone de una mina para trabajar, debe transitar el siguiente procedimiento:
- Muestra legal: la petición formal debe ir acompañada de una muestra del mineral en cuestión. La autoridad minera envía esa muestra a un registro específico.
¿Lo hace CAMYEN con sus recursos humanos y técnicos o se ocupa el Ministerio de Minería? Ingenieros y geólogos que hacen trabajo de campo aseguran no haber visto a nadie de la empresa en esos menesteres.
- Arancel: para pedir una mina, un emprendedor privado está obligado a pagar un determinado arancel. El trámite se completa al adjuntar la boleta de pago junto a la factura del análisis realizado sobre la muestra legal.
No hay constancias de pago de CAMYEN sobre las minas pedidas.
- Impacto Ambiental: una vez concedida la mina por resolución ministerial, el privado dispone de un plazo de 100 días para realizar un Informe de Impacto Ambiental (si se prevé un proceso minero completo), o bien una simple Declaración Jurada (si solo se trata de prospección). En el caso de un IIA, el ministerio se toma 90 días para responder, y nunca faltan objeciones, como por ejemplo la exigencia de informar sobre el tratamiento de la flora y la fauna del lugar. Eso obliga al interesado a contratar a un biólogo para que realice el relevamiento.
Tampoco hay rastros de nada de eso por parte de la empresa pública.
- Labor legal: es un trabajo de campo que consiste en ir al lugar delimitado y demostrar que existe el mineral de interés y de qué tipo es, o sea, si es diseminado o vetiforme. Eso posteriormente es inspeccionado por la autoridad minera para verificar.
Suponiendo que CAMYEN cumpliera con tal requisito –lo que es improbable-, ¿el Ministerio de Minería inspeccionaría y autorizaría su labor legal?
- Mensura: el procedimiento más simple consiste en poner mojones para delimitar el área solicitada según las coordenadas establecidas previamente.
Finalmente, buena parte de los procedimientos de la empresa pasan por la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera (DIPGAM), un organismo famoso por haberse convertido en la “amansadora” de los pequeños y medianos empresarios mineros, que deben esperar horas para ser atendidos. Las grandes empresas, por cierto, reciben un trato diferencial.
¿Cuál es el trato que recibe CAMYEN en la DIPGAM, o ni siquiera necesita superar tal filtro?
El Gobierno se encargó de “ocultar” el resumen de gastos e ingresos de CAMYEN en el Presupuesto provincial para 2023. De hecho, las partidas correspondientes a las “empresas públicas no financieras” están aglutinadas en un único ítem. El total es de $ 7.018.824.337, que se supone debería ir para Aguas de Catamarca, AICAT, PRODUCAT y la propia minera, entre otras.
En suma, CAMYEN es una empresa minera que apenas extrae rodocrosita, cuyo destino y usufructo es un misterio, y aprovecha todas las ventajas de su carácter estatal para sortear los requisitos y gastos que se exigen a las empresas privadas para participar en el escenario minero. No rinde cuentas, no paga aranceles ni multas, no pierde concesiones.
Se trata, ni más ni menos, que de la consagración final de la inequidad en las reglas de juego de la minería.
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