El gobernador Raúl Jalil parece empecinado en no desairar al presidente Alberto Fernández. Lo apoyó desde el principio en forma incondicional, aún en contra del ninguneo que Cristina Kirchner, responsable indiscutible de esta construcción institucional, hizo de su figura. El mandatario catamarqueño, sin embargo, hace abstracción de todo lo que no le interesa de la política. Incluso de lo que opina su principal aliado local, el intendente Gustavo Saadi.
A los hechos. En el plano electoral, hasta hoy Catamarca es la única provincia que votará en octubre junto con la Nación. Jalil tardó meses en decidirlo, y al final lo comentó, un poco forzado, en su balance de fin de año ante una radio local. La razón que dio fue estrictamente económica: hacer las PASO y las provinciales en marzo implica un gasto de $ 1.000 millones. “Y la Provincia no puede afrontarlo”, dijo.
Otros gobernadores, no obstante, hacen la suya. El miércoles pasado, San Juan terminó de confirmar que adelantará las elecciones a gobernador y legisladores para el 24 de mayo próximo. De ese modo, se acopló al lote de 12 provincias que irán separadas de la Nación. Son Santa Fe, Tierra del Fuego, Mendoza, Chaco, Jujuy, Misiones, La Pampa, Neuquén, Salta, Río Negro, Tucumán y Formosa. Aún hay 8 que no definieron qué harán.
De esa lista quedan excluidas Corrientes y Santiago del Estero, que tienen un calendario electoral diferente. Ambas realizan elecciones ejecutivas cuando el resto hace las legislativas. En 2021, el radical Gustavo Valdés fue reelecto en Corrientes, mientras que Gerardo Zamora hizo lo propio en Santiago del Estero.
El motivo por el cual la mayoría decidió desdoblar sus elecciones de las nacionales es lógico: los oficialismos no quieren poner en riesgo su hegemonía ante el panorama general que se preanuncia en el país por el rumbo de la economía. En rigor, que la crisis se mantenga más o menos como hoy es suficiente para prever un escenario adverso al Frente de Todos.
Por lo tanto, la estrategia de esos mandatarios es provincializar la elección y desmarcarse de la discusión nacional para que el dilema económico y político del Gobierno nacional no los afecte en forma directa en cada jurisdicción.
Con todo, en nada condiciona a Jalil la decisión de sus pares provinciales sobre la oportunidad de las elecciones. Lo incomprensible, sin embargo, es que haga oídos sordos a la postura de su principal elector en Catamarca, el intendente capitalino Saadi, con quien ni siquiera se sentó a hablar sobre si conviene o no adelantar los comicios provinciales o hacerlos junto con Fernández.
En ese contexto se inscriben las sucesivas declaraciones de Saadi marcando distancia respecto a la simultaneidad. “Nos llenamos la boca hablando de federalismo, pero parece que hay que pedir permiso a la Nación sobre cuándo vamos a hacer una elección. Lo decidamos los catamarqueños, eso es lo más importante”, expresó el intendente hace poco menos de un mes.
Una mala elección del Frente de Todos en el orden nacional produciría un efecto arrastre en los centros urbanos, que son los más permeables a esas tendencias. Por ser San Fernando del Valle el distrito más numeroso y a la vez más complejo para el peronismo desde siempre, Saadi sería el mayor perjudicado. Jalil confía en el apoyo de los intendentes del interior, incluso de algunos opositores a los que favorece con obras.
Quizás esa subestimación del impacto electoral negativo en Capital tenga que ver más con el hecho de que Jalil ve en Saadi al más peligroso competidor para la gobernación. Si bien el pacto inicial en el peronismo catamarqueño fue que cada uno de ellos tendría derecho a una reelección, la política suele no ser un terreno de promesas escritas a fuego.
Rebelión institucional
Si algo le faltaba al gobernador Jalil para sellar su compromiso con el presidente Fernández fue adherir, con presencia, firma y palabras, al acto de insurrección constitucional más grave que se recuerde en el país después de los gobiernos de facto.
El jueves último, Jalil se sumó al repudio de la Casa Rosada al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que restituye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los fondos coparticipables descontados unilateralmente por el Gobierno central para apagar el incendio del bonaerense Axel Kicillof, pese a que nada indica que tal pronunciamiento afecte al resto de las provincias.
"El fallo de la CSJN sobre la devolución de fondos a CABA representa un golpe al federalismo. Los gobernadores no fuimos escuchados y fueron desconocidas las facultades propias del Congreso de la Nación, en un claro conflicto de poderes. El federalismo es el pilar de esta Nación", manifestó Jalil a través de su cuenta de Twitter. Hasta allí era apenas un pronunciamiento de circunstancia.
Pero horas después acudió al llamado de Fernández a la Rosada, donde, junto con otros gobernadores y a propuesta del chaqueño Jorge Capitanich, se decidió no acatar el fallo del máximo tribunal de Justicia de la Nación. Esto es, la respuesta del Presidente y de los gobernadores elegidos democráticamente fue atentar contra el orden democrático.
El fallo hace lugar a la medida cautelar que reclama la Ciudad de Buenos Aires para que la Nación deje de descontarle sus fondos coparticipables y le envíe el 2,95% de estos, pese a que el reclamo es por 3,5%.
Los jueces sostienen que la Nación no puede alterar la participación porteña en el reparto de recursos federales sin un acuerdo bilateral, en línea con la autonomía de la CABA consagrada en la última reforma constitucional. Por lo tanto, el decreto por el que Fernández redujo esos ingresos, y la ley que lo convalidó, son inconstitucionales por haber sido unilaterales.
Y para despejar temores en el interior, la Corte destacó que “los recursos de las provincias y sus competencias propias no se ven en absoluto involucrados, pues la cuota de la Ciudad se conforma únicamente con los fondos coparticipados de la Nación”. No obstante, el discurso de los gobernadores obedientes es que tal fallo representa una espada de Damocles para el federalismo. Una sobreactuación forzada a pedido de la Rosada.
El papel de Alberto Fernández en este conflicto podría ser memorable. Un profesor de Derecho que además es Presidente de una nación y que ordena desacatar un fallo de la Justicia, es decir, actuar en la ilegalidad lisa y llana. No podría ser profesor de leyes ni autoridad constitucional.
El gobernador Jalil se prestó a ese peligroso episodio de rebelión democrática. Está claro que lo hace, como todo, por puro pragmatismo: él está donde están los recursos para financiar sus proyectos. Lo hizo antes con Mauricio Macri, ¿por qué no debería hacerlo con Fernández?