La Justicia como valor y virtud más que como poder de gobierno le debe mucho al histórico líder de los gastronómicos, Luis Barrionuevo. Si no hubiera sido por su irrupción en el escenario público de la muerte de su mano derecha en Catamarca y ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas, quizás hoy solo se estaría rezando el novenario de costumbre y no habría investigación por un asesinato que tiene a todos en vilo.
Así de insólita fue la revelación del hecho. Al mediodía del pasado domingo 4, la noticia plana fue que Rojas había muerto por “causas naturales”. Su cuerpo había sido hallado por uno de sus hijos en la galería de su humilde vivienda frente a la cancha del club Salta Central. El fiscal de Instrucción N°2, Laureano Palacios, ordenó que se realice una autopsia, la cual solo consignó la existencia de un traumatismo de cráneo. Hasta allí se suponía que se habría producido por una caída accidental. Luego, dispuso que se entregue el cuerpo a la familia.
Esa misma noche empezó el velatorio en la sede local de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), en Prado al 400. Allí concurrieron el gobernador Raúl Jalil y Barrionuevo -quien viajó de urgencia en el día- y se retiraron sin decir nada. Solo una foto para la prensa.
A la mañana del día siguiente, Barrionuevo pateó el tablero. "Desde un primer momento, para nosotros no fue muerte natural. Él tiene un golpe en el cráneo, en la parte de atrás, alguien lo sorprendió y lo golpeó. Esto no es una muerte casual, él estaba bien", dijo en declaraciones radiales.
Poco después se conoció que la Justicia había decidido hacer una segunda autopsia. No obstante, el fiscal Palacios insistía con su evaluación del caso. "Estamos tranquilos porque se realiza el protocolo adecuado, la gente de Homicidios estuvo en el lugar ayer (por el domingo). Pero no hemos notado nada extraordinario para sospechar de una muerte violenta. Sin embargo, no descartamos ninguna hipótesis", expresó a la prensa.
A esa altura, como era de esperar, cobraba más relevancia la versión del líder gastronómico que la del fiscal a cargo de la investigación. Y la ola empezó a crecer, impulsada, sobre todo, por la presión política.
Horas después, el abogado de la familia Rojas, Iván Sarquís, adelantó que analizaba pedir la designación de un fiscal ayudante o bien el apartamiento de Palacios. Afirmó que era un pedido surgido de un planteo de los familiares y allegados de la víctima, porque no estaban conformes con el curso de la investigación.
Esa misma noche del lunes se conoció el informe de la segunda autopsia: Rojas había muerto como consecuencia de una fractura occipital en el cráneo, pero además tenía golpes en el rostro. Estimó que llevaba entre 24 y 30 horas sin vida desde el momento en que fue hallado. O sea que lo habrían asesinado entre la mañana y el mediodía del sábado 3.
Toda esa información tendría que haberse conocido en la primera autopsia, a la que el fiscal Palacios consideró parcial. En rigor, eso no existe. Una autopsia bien hecha permite arribar a conclusiones definitivas, siempre que sea realizada por forenses competentes. Palacios la había dejado en manos de un profesional del Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF) con poca experiencia. Dada la envergadura del caso, tendría que haber convocado a los mejores. Sin dudas, no supo dimensionar el caso.
“Rojitas”, como lo conocían desde sus años de mozo en un bar céntrico, tenía 73 años. Era viudo de su primera esposa y después comenzó una relación con otra mujer. Pero vivía solo en esa casa del norte capitalino. Antes lo acompañaba uno de sus hijos, quien se fue cuando le entregaron una vivienda. Trabajaba a la mañana en Desarrollo Social y a la tarde en el sindicato. No era un político conflictivo ni menos aún enriquecido. Nadie supo que hubiera tenido enemigos. Y se descarta que lo mataran para robarle, porque no faltaba nada en la casa.
En suma, un menudo hecho para investigación de un fiscal que apenas tiene 3 meses en el cargo.
Aunque anoche, bajo presión, Palacios alumbró una imputación contra la única detenida del caso, Silvina Nieva, empleada del sindicato y, según la carátula que imprimió, “pareja” de la víctima.
Refuerzos y cuestionamientos
La sospecha de homicidio expuesta por Barrionuevo no solo puso la lupa sobre la Justicia, sino también sobre el Poder Ejecutivo. De hecho, el martes pasado, el fiscal Palacios salió a atender a los medios flanqueado por el fiscal general, Alejandro Dalla Lasta, y por la ministra de Seguridad, Fabiola Segura. Las expresiones faciales de ambos en esos instantes eran una muestra elocuente de la tensión en torno al asesinato y a su inexperto investigador.
Para asegurarse una mejor instrucción, la Procuraduría General designó a los fiscales Alejandro Gober y Hugo Costilla como coadyuvantes. Esto es, puso un triunvirato fiscal al frente del homicidio de Rojas. Y para evitar más apremios mediáticos inconvenientes, se ordenó el secreto de sumario en la causa.
La oposición no dejó pasar la oportunidad de ir contra el Gobierno. El diputado nacional Rubén Manzi (CC-ARI) interpretó que el caso Rojas es consecuencia del “abaratamiento que Raúl Jalil hace de la Justicia”. “Nombre usted a cualquiera y todo termina siendo cualquier cosa. Los ciudadanos sufren la inhabilidad y la impericia de la Justicia”, expresó.
Su par de la Cámara baja, Francisco Monti (UCR), también fustigó la deficiente investigación de la Justicia en manos de un “fiscal sin experiencia”, pero atribuyó tal situación a Jalil. “La culpa no es del chancho”, ilustró.
Pero al oficialismo provincial esta semana le preocupó más la condena por corrupción a Cristina Kirchner que el misterioso crimen de un compañero y ministro propio. ¿Prioridades electorales o simple escapatoria?
Defecto de origen
Laureano Palacios tiene 34 años y se graduó en la Universidad Nacional de Córdoba. Trabajó en un par de estudios jurídicos de Catamarca y pasó por varios cargos políticos: asesor legal del RENATEA, director de Catamarca Joven (Ministerio de Desarrollo Social), asesor del Ministerio de Obras Públicas y en los dos últimos años tuvo un cargo a las órdenes de Rubén Dusso, presidente del Senado. En materia penal, fue querellante del PJ en una causa en Andalgalá. No tuvo más.
Esos antecedentes figuran en el currículum adjunto al pliego de acuerdo elevado por el Poder Ejecutivo a la Cámara alta. Palacios ingresó a la Justicia por la vía más rápida: fue propuesto por el gobernador Jalil al haber quedado desierto el concurso convocado para ese cargo. Su entrevista formal fue en julio y su juramento en la Corte, el 21 de septiembre. Asombrosa agilidad administrativa.
En la “solución” que ideó el Gobierno para cubrir vacantes en la Justicia está la trampa. Luego de la escandalosa eliminación del Consejo de la Magistratura, Jalil implementó en su reemplazo junto al decano de Derecho de la UNCA, Gonzalo Salerno, la Comisión Evaluadora.
Allí los aspirantes deben someterse a exigentes exámenes teóricos que les toman profesores, investigadores y algunas “eminencias” de otras universidades nacionales, por lo general sin experiencia tribunalicia. El resultado es que la mayoría de los candidatos no cumplen con el mínimo exigido, entonces no se conforman ternas y los concursos quedan desiertos.
En esas evaluaciones se presentan fiscales, jueces y otros funcionarios judiciales que aspiran a un cargo mayor en el Poder Judicial. Los examinan con un nivel de excelencia avanzado. Así, muchos quedan a mitad de camino.
Entonces el Poder Ejecutivo aprovecha esa supuesta ineptitud académica para llenar los cargos con sus propios candidatos, muchos de los cuales nunca pisaron un juzgado. En consecuencia, la Justicia incorpora cada vez más magistrados menos competentes.
¿Cuál habría sido la suerte de esta investigación si Barrionuevo no lanzaba la hipótesis del asesinato? O, peor aún, ¿qué habría ocurrido si en lugar de un ministro y sindicalista de peso la persona muerta hubiera sido cualquier hijo de vecina? ¿La media autopsia habría sido determinante para sepultar el cuerpo y dejar un asesino suelto?
En el caso Rojas el Gobierno tiene una demostración clara del daño que puede causar la colonización política del Poder Judicial.
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