La salud pública es de esas contrariedades centrales de la provincia que resisten el paso del tiempo. Los reclamos salariales, las guardias médicas que pagan Ganancias, las deficientes condiciones laborales y el mal estado del hospital de cabecera son los principales temas que se reiteran desde hace dos décadas, con etapas de mayor paz o virulencia.
Al gobernador Raúl Jalil le tocó el ciclo crítico, aunque no es un castigo del destino sino más bien una condena autoimpuesta: el brete en la salud viene escalando sin pausa desde mediados de año por un manejo errático de la política salarial.
En las últimas semanas, Autoconvocados de la Salud y APROSCA, los grupos sanitaristas más rebeldes, enfocaron sus dardos a la Legislatura provincial, en donde esperaban lograr una respuesta comprometida con su causa. Si bien eran conscientes de que no se trata de un ámbito con poder de decisión, creían, sí, en su poder de influencia sobre el Ejecutivo.
Primero lograron una reunión con las autoridades de la Cámara baja y con los integrantes de la comisión de Salud y diputados de la oposición. De allí surgió un compromiso de los legisladores de llevar propuestas al recinto y abrir el debate. Ya era algo.
La tribuna
La Cámara baja finalmente decidió sesionar el miércoles 2, asueto provincial por el Día de los Muertos. No puede negárseles sacrificio a los pobres diputados. Catamarca fue una de las pocas jurisdicciones del país que cerró las ventanas del Estado esa fecha, que por supuesto no se tradujo en un aluvión de visitas a los cementerios ni tampoco, lamentablemente, en más ventas de los escasos floristas que aún sobreviven.
El orden del día incluía dos proyectos. Uno del oficialismo que proponía crear una comisión bicameral que se encargará de modificar la ley de la Carrera Sanitaria, y otro de la oposición que, en pocas palabras, le pedía al Poder Ejecutivo que invierta los recursos necesarios para dar una solución al reclamo salarial de los trabajadores.
La iniciativa oficialista fue atacada por la oposición porque, a su criterio, el hecho de trasladar el problema a una comisión a conformar supone dilatar su resolución y le permite al Gobierno ganar tiempo. “Para que algo no funcione, nada mejor que crear una comisión”, chicaneó el radical Alfredo Marchioli en alusión a la popular frase atribuida a Domingo Perón.
Y la oposición con su pedido de “aumento salarial ya” hizo honor, nuevamente, al famoso teorema del extinto radical Raúl Baglini, según el cual cuanto más lejos se está del poder, más irresponsables son los enunciados políticos; en cambio, cuanto más cerca, más sensatos y razonables se vuelven.
El debate no fue más que una puesta en escena previsible. Para el oficialismo, lo que hizo representó una forma de ayudar al gobernador Jalil reconduciendo el abordaje del tema sobre la actualización de la carrera sanitaria, que en verdad resulta necesaria porque la actual es anacrónica.
La presidenta de la Cámara, Cecilia Guerrero, explicó algo que es rigurosamente cierto. Dijo que el Poder Legislativo no puede avanzar sobre la política salarial porque se trata de una facultad exclusiva del Ejecutivo, tal como establece la Constitución provincial. En cambio, puede proponer una legislación que procure ordenar la estructura escalafonaria de la salud.
Por el lado de Juntos por el Cambio y aliados, el conflicto de la salud reúne todas las condiciones para ser un tema de campaña, y no solo porque sirve para cuestionar las prioridades del gasto público: hay legisladores que suelen acompañar las marchas callejeras para mostrarse solidarios y combativos, e incluso hay una diputada que se convirtió en habitué del hospital San Juan Bautista, desde donde hace “vivos” para sus redes sociales con las miserias del nosocomio y las promesas incumplidas de las autoridades.
De manera que la extensísima sesión del miércoles, que concluyó cerca de la medianoche, solo sirvió para la tribuna. Mucho discurso de tono preelectoral para un meollo que, hoy por hoy, está sujeto a la lapicera del gobernador Jalil.
Contraofensiva
Al día siguiente de la sesión, los Autoconvocados y APROSCA volvieron a la calle con energías renovadas. Largaron en la Legislatura donde mostraron su indignación con huevazos al edificio y luego marcharon a la plaza principal con las consignas de siempre. Esta vez, sin embargo, escracharon a todos los oficialistas médicos y profesionales de la salud que alguna vez desempeñaron una función ejecutiva. No se olvidaron de ninguno.
Paralelamente, el Gobierno apeló a una estrategia que Jalil considera convincente pero que poco resultado le dio. Hizo circular en la prensa planillas con el gasto en la salud en 2022, que en términos generales implicó un aumento en las partidas salariales del orden el 86% promedio.
Puso como ejemplos los casos de un médico que en 2021 ganaba $88.000 hoy cobra $172.000, mientras que los pediatras terapistas que el año pasado percibían de $124.000 hoy redondean unos $310.000. Todo medido en salarios brutos.
El operativo fue respondido inmediatamente por los trabajadores más postergados del escalafón. Por caso, profesionales de la Maternidad provincial convocaron a los medios para mostrar sus recibos de sueldo, con especial énfasis en el neto a cobrar, que oscila entre 71.000 y 120.000 pesos. Es decir, por debajo de la canasta familiar básica.
Los desocupados que acumulan subsidios del Gobierno nacional sin más esfuerzo que hacer una fila en ANSES superan los ingresos de quienes deben lidiar día a día con la vida y la muerte. Delicias del populismo argentino.
Si bien tiene razón el ministro de Gobierno, Juan Cruz Miranda, en que hay grupos del sector sanitario a los que “el conflicto les viene cómodo”, y la prueba es que algunos personajes han hecho de estas marchas, desde hace años, el “leit motiv” de su existencia, esta vez hay otros actores que no se manifiestan y que padecen en carne propia la inequidad de la política salarial. Lo de la Maternidad es claro al respecto.
En definitiva, la administración Jalil tiene por delante el desafío de diseñar una distribución del ingreso en la salud pública que se acerque lo más posible a una escala racional. No hay mejor, ni más difícil, cualidad de un gobernante que ser justo.
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