El Senado aprobó el proyecto que actualiza y blinda el presupuesto de las universidades públicas y rechazó el Decreto de Necesidad y Urgencia que le otorgaba fondos millonarios a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). En la misma jornada en la que la Cámara alta dio luz verde a la Boleta Única, que deberá regresar a Diputados.
La ley no solo incrementa el presupuesto, sino que incluye una recomposición para los docentes y no docentes. Esto generará un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que implica el 0,14 por ciento del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Como punto central establece que el Poder Ejecutivo tendrá que actualizar desde el 1 enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales por el Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC.
De acuerdo a la OPC, la actualización de partidas del 2023 según el IPC es de 210.742 millones de pesos; el ajuste bimestral de los recursos para 2024 es de 86.254 millones de pesos, en tanto que para salarios los fondos oscilan en los 441.600 millones de pesos.
Otro de los aspectos primordiales es que se aumentarán todos los meses los salarios de docentes y no docentes con actualizaciones según la inflación.
Los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional se deberán actualizar a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la presente ley por la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC durante ese periodo.
Posterior a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre, los salarios deberán actualizarse en forma mensual y conforme a la inflación informada por el INDEC. Este mecanismo de aumento salarial dejaría de tener vigencia sólo si hay un acuerdo entre docentes y autoridades de las Universidades Nacionales.
De todos modos, el Gobierno ya advirtió que podría vetar esta ley como sucedió con el aumento de las jubilaciones. De proceder de esa manera, el oficialismo quedará a merced de otra masiva movilización como sucedió a principios de abril. Durante el mediodía del miércoles tuvo una pequeña dosis con una manifestación de estudiantes frente al Palacio Legislativo.
La aprobación fue por 57 votos afirmativos, 10 negativos y una abstención. La propuesta opositora incrementa los recursos para las Universidades para garantizar su funcionamiento. Para la Casa Rosada, el 0,14 por ciento atenta contra la política de déficit fiscal a la que apunta el ministro de Economía, Luis Caputo.
Con respecto a la SIDE, la Casa Rosada recién ayer planteó una salida a la cuestión para evitar que el decreto desembarcara en el recinto este jueves, manifestó Noticias Argentinas. La jugada fue propuesta por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un encuentro en Casa Rosada que encabezó el presidente Javier Milei.
La acción consistió en pedir una sesión especial secreta con el objetivo de quitar del temario oficial el DNU de la SIDE. El pedido ingresó por la tarde al Senado y fue recibido por la vicepresidenta Victoria Villarruel que lo puso a consideración de los bloques. Con picardía, los radicales disimularon jugar en favor de Balcarce 50, pero no lo rubricaron.
Eso permitió que quede en minoría la solicitud del Ejecutivo y que el DNU pueda ser sumado al plan de sesión que se aprobó ayer en la reunión de Labor Parlamentaria con apoyo del kirchnerismo, logrando los dos tercios necesarios para plasmar la jugada. "Los radicales se dieron vuelta", decían oficialistas en los pasillos del Senado ayer por la tarde.
El DNU de la SIDE fue dictado el pasado 23 de julio, luego de que la cúpula del Ejecutivo decidiera la disolución de la AFI y restaurara la vieja SIDE. El decreto le dio cien mil millones de pesos de fondos reservados a la flamante secretaría que quedó en manos de Sergio Neiffert, a quien lo vinculan con Santiago Caputo, asesor principal de Milei.
El rechazo, que se produjo pasadas las 2.15 del viernes, fue 49 votos frente a 11 positivos para mantenerlo vigente y dos abstenciones. Fue la primera vez que el Congreso rechaza un DNU.
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