El Dr. Pablo Gallardo, vocal titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Catamarca, se expidió con relación a los dichos Exequiel Moreno, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Catamarca, en los que cuestionaba el funcionamiento de la Justicia en la provincia. “El Poder Judicial no es una casta, por el contrario tenemos responsabilidades funcionales y constitucionales”, expresó.
Sin embargo, sostuvo que no se debe “polemizar más”. “Fueron unas expresiones desafortunadas nada más pero no creo que haya desconocimiento del derecho. Eso sí, agraviantes a la función judicial y de la Magistratura”, agregó a INFORAMA RADIO.
“Nosotros fuimos claros y creemos que la sociedad merece una explicación de algunos conceptos vertidos por Moreno”.
Pablo Gallardo, vocal titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial
“La garantía de inamovilidad no es una garantía subjetiva de un magistrado/a, de un fiscal o de cualquier funcionario judicial, por el contrario, es una garantía objetiva que está dispuesta en la Constitución de la Nación y de la Provincia. Y también esa garantía está prevista en el derecho convencional, lo que la gente conoce comúnmente por medio de Tratados Internacionales que la República Argentina ratificó con la reforma constitucional de 1994”, detalló.
Por lo que explicó que la garantía de inamovilidad “no otorga privilegio alguno” y tampoco es absoluta, ya que según relató Gallardo, están previstos procesos de remoción constitucionales para jueces y magistrados y para miembros de la Corte de Justicia de la provincia: "Existe un juicio político para los miembros de la Corte y el Procurador para la hipótesis de no cumplir con los objetivos o tener un mal desempeño y existe un Jury de Enjuiciamiento para quienes somos magistrados o fiscales, procedimiento en el que también participa el Colegio de Abogados”.
“El Poder Judicial es el garante de la paz social (…) y el garante del funcionamiento del Estado”.
Pablo Gallardo
Al respecto, Gallardo dijo que “la elección de un juez o de otro funcionario del Poder Judicial, como puede ser un fiscal, es una designación indirecta del pueblo porque el pueblo con su voto popular eligió gobernadores y legisladores en quienes reposa la designación última de quien postula un cargo en la magistratura”.
Y resaltó que la designación de un magistrado o de un juez “es un proceso complejo”, que inicia con un llamado a concurso, lo que “derriba cualquier situación de castas o cualquier otro pensamiento que se le parezca”.
Finalmente, explicó que el Poder Judicial tiene una oficina de Sumario, que recepta la queja de abogados y de ciudadanos y que "funciona, investiga y llega a la respuesta que merece el ciudadano/a abogado e incluso el funcionario que se ve involucrado”.
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