Iván Sarquís, representante de la familia Juan Carlos Rojas en la causa que investiga el asesinato del exministro de Desarrollo Social, contó que realizaron un pedido a la Fiscalía a cargo de la investigación, solicitando informes sobre las filmaciones que fueron solicitados oportunamente al SAE 911.
Sobre esto fue consultado por el programa 1/2 Mañana de Radio INFORAMA. El abogado querellante explicó que "la Fiscalía pidió el 28 de enero del 2023 al SAE 911, el registro fílmico de todas las cámaras de seguridad los días 3 y 4 de diciembre". La familia pide acceder a los registros para "saber si es que están, porque no solamente estamos con dificultades por no tener conocimiento, no tenemos avances ostensibles ni palpables en la investigación".
Sobre las imágenes de la causa puntual de Rojas, el abogado explicó que "no tienen certeza" de la existencia de las imágenes. "Se habría producido la carga de los registros, pero no sabemos detalles y eso es lo que estamos pidiendo", dijo.
El abogado manifestó que la fiscalía pidió el registro de las 293 cámaras que tiene el SAE 911 y ellos tienen la sospecha de que algunas no habrían sido solicitadas a tiempo. "Queremos saber si se encuentran en su integridad plena y en el caso de que no, queremos saber el porqué y si hay responsabilidades. La causa reviste de gravedad institucional y si nos encontramos ante una irregularidad, una posible sustracción, destrucción o alteración de un elemento de prueba tan relevante como una cámara de seguridad del sistema provincial, policial o municipal, estamos ante un hecho gravísimo".
Participación nacional
En la entrevista, Sarquís, comentó que los hijos de la víctima presentaron un informe circunstanciado ante el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, para que "tome conocimiento y considere procedimientos de federalización de la causa para que tenga los recursos investigativos adecuados para avanzar positivamente en la dilucidación del hecho".
La presentación al ministro Cúneo Libarona se recibió en mesa de entrada y está en gestión normal. El letrado explica que recurrieron a esta instancia, ya que el caso "reviste la decisión de un cariz político".
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