La Dirección de Inspección General de las Personas Jurídicas ordenó la intervención y fiscalización del Club Social, debido a la disputa de alquiler que enfrenta a los socios del Club con Esteban Cano, propietario del Bar Caravati, y a raíz de las repercusiones que tuvo la columna de INFORAMA sobre el tema.
En medio de esa disyuntiva, también surgieron acusaciones graves por violencia y acoso a las mozas del local gastronómico, que de alguna manera, sumaron presión para que la Dirección tome las medidas pertinentes por la presunta realización de juegos clandestinos y por situaciones de hostigamiento y acoso.
El presidente del Club Social 25 de agosto, Arturo Navarro habló al respecto y dijo que el viernes de la semana pasada recibieron una notificación de una Resolución del director de Personas Jurídicas en “donde designaba una comisión normalizadora y establecía una sanción a la actuales autoridades del club para que no puedan presentarse como candidatos en la próxima elección que iba a ser convocada por esa comisión Normalizadora”.
“Esto es una intervención sin decirlo, porque la resolución no dice estamos interviniendo el Club Social, pero de hecho era una intervención. El día de hoy esa resolución no está vigente, porque a primera hora presenté un recurso de reconsideración (…) en contra de esa resolución con efecto suspensivo, eso significa que no queda vigente hasta que se resuelva el recurso”, señaló.
También comentó que entre los varios argumentos planteados, se encontraba el cuestionamiento de que no cumplía con el objetivo estipulado en el Estatuto. “Cumplimos con todos los objetivos por el cual fue creado. Actualmente tenemos una escuela de Ajedrez que funciona dentro del Club Social junto con la Asociación Civil Catamarca Ajedrez, tenemos una escuela de ping pong, tenemos una vasta actividad cultural, estamos construyendo canchas de fútbol cinco de pádel y pileta de natación en el predio que tenemos en Avenida Colón. Obviamente con un retraso por los costos de la construcción, pero estamos cumpliendo acabadamente el objetivo y el objeto del club social”, aseguró.
Y comentó a Radio Valle Viejo, que cuentan con una constancia que demuestra su condición de persona jurídica regularmente constituida, emitida el año pasado por la Inspección de Personas Jurídicas: "No cambió nada nuestra situación del año pasado a ahora para que nos traten de intervenir”, enfatizó Navarro, y aludió a sentirse extorsionados por estas maniobras. Hablan "de denuncias de acoso, por ejemplo, de denuncia, de abuso (…) jamás la justicia, en diez meses que llevamos de conflicto, imputó a un socio del club”.
En cuanto a los motivos de estas denuncias, dijo: "Acá prima un interés económico por parte del usurpador que tenemos en la sede del club, que factura mensualmente más de 50 millones de pesos por lo cual estira y hace toda clase de trampas y trabas para seguir usurpando ese local. Ese interés económico le da un poder total en donde contrata abogados, contrata periodistas, maneja falsa información y causa perjuicio”.
“El dueño del Bar Caravati es el responsable de toda esta campaña de difamación que se hace. Él hizo una serie de presentaciones en personas jurídicas de las cuales jamás se nos dio traslado ni a los socios ni a la Comisión Directiva del club. Desconocemos todo lo que se tramitó ahí desde el año pasado hasta ahora", añadió.
Asimismo, dijo que se enteraron por los medios que el supuesto socio que realizó la denuncia fue Ignacio Galíndez, "socio o ex socio de Cano en la santería del Obispado al lado de la catedral. Osea que es una persona que tiene un interés total en el conflicto que tenemos y en contra del club social, además no es socio del club porque no paga la cuota (…) desde julio del 2022” con lo cual está suspendido, según manifestó.
Sobre lo obrado por la Dirección de Persona Jurídica, aseguró que “se largó con una resolución inaudita parte y que avasalla todos los derechos del Club y de los Socios”.
Finalmente, informó que iniciaron las acciones correspondientes de desalojo.
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