Actualidad

La minera estatal YMAD figura en la lista de privatizaciones que pretende Milei

Se encuentra dentro del grupo de 41 empresas seleccionadas en el marco de la "Ley Ómnibus". Catamarca tiene la mayor participación en la minera.
Por Redacción Inforama

En el marco de la polémica "Ley Ómnibus" propuesta por el presidente Javier Milei, la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) fue incluida entre las 41 empresas destinadas a ser privatizadas.

YMAD, creada bajo la ley 14.771, tiene como objetivo principal llevar a cabo el cateo, exploración y explotación de minerales en la extensa zona de Agua de Dionisio, ubicada en el distrito de Hualfín, departamento Belén. Su dirección está compuesta por representantes de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y el presidente designado por el Poder Ejecutivo Nacional.

De acuerdo con la ley de creación, el 60% de las utilidades de la empresa corresponden a la provincia de Catramarca, mientras que el 40% restante es de la UNT. Hoy la única propiedad minera en producción es Farallón Negro.

Enclavada en un terreno de 344 kilómetros cuadrados caracterizado por un clima duro y seco, Agua de Dionisio representa un desafío ambiental y logístico para las operaciones mineras.

El actual presidente de YMAD designado por el expresidente Alberto Fernández es Fernando Jalil, hermano del gobernador Raúl Jalil. Representa al Estado nacional y fue designado en marzo de 2020 por un mandato de 4 años. Los dos directores en representación de Catamarca son Ángel Mercado y Daniel Gutiérrez, mientras que los directores por la UNT son Domingo Marchese y José Roberto Toledo.

Sobre esta cuestión el propio Raúl Jalil, se puso en contacto con la secretaria de Minería, Flavia Royón, ya que YMAD “no podría ser privatizada”, ni ser convertida en una sociedad anónima al ser una firma interestadual. El mandatario adelantó al medio Infobae que mandará un nota junto al rector de la Universidad de Tucumán, para “aclarar esta situación”. También sostuvo que es una “empresa de 60 años, que deja utilidades”.

La iniciativa del presidente Milei provocó incertidumbre en torno a la participación estatal en empresas estratégicas.