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Piden que Costilla sea apartado de la investigación por la muerte de Rojas: ¿qué pruebas lo comprometen?

Los hijos del ex ministro representados por el abogado querellante Iván Sarquís pidieron la recusación del fiscal que investiga la causa. Según el escrito, el funcionario judicial no puede garantizar la imparcialidad por la cercanía con Luis Barrionuevo.
Por Redacción Inforama

A un mes de cumplirse un año del crimen dele x ministro de Desarrollo Social, los familiares apuntan directamente a quien está a cargo de la investigación: el fiscal Hugo Costilla.

Esta mañana, a través de un escrito presentado en la Justicia, solicitan que el funcionario sea apartado de la causa como condición “necesaria a los fines de garantizar la objetividad” de la investigación.

A través de su abogado querellante, Iván Sarquís, la familia presenta como pruebas para su solicitud un audio donde se reproduce un encuentro que habrían mantenido en el mes de febrero con Crisanto Jayme, vicepresidente de Obra Social de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (OSUTHGRA).

“En tales circunstancias el Sr. Jayme ha manifestado conocimiento y comunicación fluida con el responsable de la instrucción (Costilla) y con los investigadores intervinientes, circunstancias que considera la familia contradicen con las previsiones del art. 311 del CPP, como así también ponen en duda la garantía de objetividad e imparcialidad que debe regir el desenvolvimiento del Ministerio Público en funciones”.

Presentación de la querella, a cargo del Dr. Iván Sarquís

Según la querella, hay clara evidencia del un vínculo entre el gremialista Luis Barrionuevo y el fiscal Costilla. En los audios, Jayme habría expresado: “Hay un trabajo con el fiscal directo. El fiscal (Hugo Costilla) le informa a Luis (Barrionuevo)”.

“Esta situación que reviste gravedad institucional, puesto que se investiga nada menos que el homicidio de un ministro político en funciones no hace más que mellar el nombre de la institución judicial y poner en duda la trasparencia en el desarrollo investigativo”, reza el documento.

“Consideramos su separación como definitivamente necesaria a los fines de garantizar la objetividad en los decisorios y garantizar los fines del proceso”, concluye.