La condena contra los exfuncionarios Víctor Brandán y Pablo Doro, subsecretario de Acción Social y ministro de Salud de la gestión del Frente Cívico y Social en 2003, tiene una virtud y una carencia fundamentales.
Por lo primero, la sentencia cierra una causa de 20 años sobre la corrupción política en el Estado con la excusa de la asistencia social. Pero, por otro lado, deja sin respuestas los interrogantes sobre los verdaderos responsables y beneficiarios del circuito: los que crearon un sistema para eludir la competencia y favorecer a un selecto grupo de empresarios.
Brandán y Doro fueron condenados por la Cámara Penal 3 el jueves último por "fraude en perjuicio a la Administración Pública por administración infiel en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público", por la famosa causa de las compras directas de asistencialismo. A Brandán le dieron 10 años de prisión, mientras que Doro recibió 6 años. Ninguno irá a la cárcel hasta que la sentencia quede firme.
Al juicio también llegaron acusados dos empleados de la cuestionada aquel organismo: Carlina Zurita, quien estaba a cargo del área de Contaduría, y Guillermo Martínez, encargado del depósito. Ambos fueron absueltos.
El desmadre asistencialista se desencadenó en un 2003 donde hubo cuatro elecciones en Catamarca: la fallida e inolvidable del 2 de marzo de la quema de urnas; la presidencial de abril que ganó Néstor Kirchner; la provincial de agosto que encumbró a Eduardo Brizuela del Moral y la legislativa nacional de octubre. O sea, un año donde el aparato clientelar funcionó a pleno.
El gobernador de entonces, Oscar Castillo, había incorporado a las filas del FCS y del gobierno a Brandán, quien desde entonces sigue siendo secretario general de la UOCRA, con esa vieja idea de que al sumar peronistas rebeldes a la coalición gobernante ensanchaba su base política. Tanto así que lo puso al frente de las dádivas para atraer votos.
Y el gremialista no se privó de imprimirle vértigo a la lapicera. En ese año hizo compras directas de materiales para asistencialismo por unos 27 millones de pesos (hoy tal cifra sería aproximada a unos $2.700 millones). Más del 70% de las operaciones favoreció solo a una decena de empresas, varias de las cuales fueron creadas pocos meses antes. No solo eso, la única actividad que declaraban era ser, precisamente, proveedor del Estado.
Brandán contrataba y Doro autorizaba, quizás sin saberlo al detalle, porque entonces el ministerio era de Salud y Acción Social. Pura responsabilidad jerárquica. Pero el decreto que autorizó el sistema para esquivar los concursos de precios y licitaciones fue, obviamente, dictado por el Poder Ejecutivo provincial.
Foco en lo administrativo
El debate en la Justicia se centró, más que nada, en las irregularidades administrativas en el manejo del asistencialismo, que a su vez dejaron al desnudo el aprovechamiento descomunal de los defectos del sistema para usar a la gente con fines inconfesables.
Por caso, una decena de testigos citados como supuestos beneficiarios de la ayuda social declararon que nunca solicitaron los materiales que figuraban en los expedientes; que desconocían por qué aparecían sus DNI en tales documentos públicos si no los habían facilitado; y otros tantos dijeron que, en efecto, habían pedido asistencia, pero que jamás llegó a sus manos. ¿A dónde fue a parar todo eso? Nadie lo sabe.
Y tales irregularidades, propias del descaro que propicia un sistema carente del debido control, son las que pesaron en la condena contra los exfuncionarios de la gestión Castillo. Si bien el próximo viernes 31 se darán a conocer los fundamentos de la sentencia, las expresiones de los fiscales del tribunal a la salida del juicio abonan esa hipótesis.
En declaraciones a la prensa en Tribunales tras escuchar la sentencia, Doro no solo insistió con su inocencia, sino que además dijo que en este juicio, “de lo que menos se habló fue de las compras directas” y, tras cartón, se corrió de la sospecha de enriquecimiento ilícito: “No es tan difícil ver qué tengo yo y qué bienes tienen los secretarios de Estado que vinieron después, incluso sus hijos”, expresó sin apuntar a nadie en particular.
Es decir, como afirma Doro, más que esclarecer el tema de las compras directas por las cuales se enriquecieron empresarios y tal vez funcionarios, la causa derivó en el manejo irregular de la asistencia social, en el pandemónium burocrático y el incumplimiento de los deberes públicos. La “administración infiel” de la que habla la imputación.
En consecuencia, la Justicia condenó a los exfuncionarios por su torpeza administrativa y el perjuicio al erario provincial. Fueron responsables por haber estampado sus firmas en los expedientes. La decisión política de que existiera un sistema que favorecía el robo y la malversación quedó lejos de la lupa.
20 años sin cambios
A dos décadas de aquella grosera manipulación de los recursos públicos para asistencialismo y del aprovechamiento infame de los carenciados, las cosas no han cambiado en el Estado provincial. Por el contrario, algunas parecen haberse agravado.
En efecto, las compras directas gozan de buena salud en el Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles, donde su responsable, Eduardo Niéderle, fue denunciado por haber pagado el año pasado más de $2.100 millones en unas cuarenta contrataciones directas a la misma empresa: Air Total, propiedad de Rodolfo Ernesto Gallo.
La firma es una auténtica polirrubro: proveyó al Estado con equipos de climatización, construcción de hospitales, centros de desarrollo infantil, terminales de ómnibus, reparación del Estadio Bicentenario y pavimentación de calles. Niéderle justificó su contratación por cuando, según dijo a los diputados, en Catamarca hay “pocas empresas”.
Tanto en aquel gobierno de Castillo como en el actual del peronista Raúl Jalil impera idéntico vicio: el Estado evita la competencia entre oferentes privados a través de contrataciones directas en favor de unos pocos. O sea, prioriza mecanismos administrativos de uso extraordinario en perjuicio de la transparencia que suponen los concursos o licitaciones.
Y en lo que concierne al área asistencialista, se mantienen las mismas sospechas acerca de la falta de control en la gestión de recursos económicos y materiales que deberían ser destinados a la gente que más necesita. Está visto que un sistema público ineficiente propicia las condiciones ideales para la corrupción.
De hecho, ese contexto rodea el crimen del exministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas, que sigue impune a más de tres meses de haber iniciado la investigación. “Se daba vuelta y las cosas ya no estaban”, contó Fernando Rojas, uno de sus hijos. Dijo además que en los últimos tiempos “Rojitas” estaba tenso y nervioso porque “no quería firmar algunos expedientes”. Nada bueno se dice del organismo clientelar del Estado.
Si Rojas fue asesinado por lo que hacía o se negaba a hacer, en Desarrollo Social no solo había desmadre, sino ambiciones sin límites. Tan desmedidas que ni la vida merecía respeto.
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