Muchos clientes optaron por resignarse y comenzar de nuevo; otros no pueden superar el amargo sabor de la pérdida de sus ahorros o de las deudas contraídas con la ilusión de una renta salvadora; y algunos confían en que la Justicia logrará finalmente recuperar algo de lo que invirtieron. Y unos pocos, los “de apellido” y de cierta exposición pública, prefieren negar que fueron engañados o que tuvieron alguna responsabilidad con la monumental estafa.
Ese podría ser, en líneas generales, el cuadro de situación en torno al tendal de víctimas que dejaron en Catamarca las financieras de las ganancias extraordinarias en base al esquema piramidal Ponzi. Un modelo de estafa surgido hace un siglo en Estados Unidos y que se basa en el pago de utilidades a los primeros inversores con el dinero que aportan los más recientes.
Pese a que se trataba de algo evidente, el gurú de este engaño masivo, Edgar Adhemar Bacchiani, insistía en que era el Dios de las criptomonedas (“Soy el puto trader God”, se jactaba), con un pulso único para conseguir una rentabilidad que no existía ni en los enclaves financieros más exclusivos del mundo. Se presentaba en sociedad como un Rey Midas redivivo.
Obviamente, semejante trama no podría haberse montado sin el apoyo cómplice de personajes públicos con cierta influencia. Empresarios, profesionales y políticos que fueran funcionales a la estrategia de la prosperidad fácil y al alcance de todos. Unos lo demostraban con sus “logros” económicos envidiables (vehículos e inmuebles nuevos, viajes y lujos) y otros con sus prédicas a favor de esta “nueva cultura financiera”.
En este último lote de evangelizadores de la inversión suicida se anotaron los diputados del PRO Natalia Saseta y Diego Figueroa -el segundo con mandato cumplido-, quienes llegaron al extremo de pedir que la Cámara baja declare de interés parlamentario una “capacitación” cripto de Bacchiani y lo distinga a él en persona.
Y junto a ellos, desde la política aunque sin banca, también jugó un rol central Mariano Manzi, abogado, exgerente de Empleo de la Nación en Catamarca y presidente del Congreso provincial de la Coalición Cívica-ARI. Hoy se sabe, merced a la investigación abierta en la Justicia Federal por el caso Adhemar Capital, que además fue inversor, consejero-asesor y hasta chofer ocasional de Bacchiani en el periplo de desprendimiento de sus boatos de millonario en fuga.
Defensa y confesiones
El derrotero pro Bacchiani de Manzi merece un repaso cronológico. A fines de septiembre de 2021, cuando aún la aventura financiera catamarqueña marchaba viento en popa, el dirigente salió al cruce de los gobernadores de Catamarca y La Rioja, Raúl Jalil y Ricardo Quintela, quienes habían pedido al Banco Central (BCRA) que intervenga en el caso de las inversiones en criptomoneda en ambas provincias, con elevadísima rentabilidad, ante el temor de que se pudiera afectar a corto plazo a los clientes.
"Señores gobernadores: ocúpense de sacar del pozo de la pobreza, la falta de oportunidades y de horizonte a nuestras provincias. Parece ser que las actividades que no controlan o monopolizan les quitan el sueño. No todo puede ser de ustedes. ¡No le tengan miedo al progreso!, por el contrario, apóyenlo, no pretendan aislar al país y a Catamarca del mundo. ¡Dejen el kirchnerismo de lado!", escribió Manzi en una red social.
Aseguró luego que “la tecnología y la innovación en inversiones y las nuevas formas de ahorro son una realidad y una oportunidad de desarrollo para la provincia”. Habló de que se trata de entender “los nuevos paradigmas y dejar de lado los prejuicios”. Y exhortó a que los gobiernos deben “acompañar y potenciar estos procesos y dejar de lado una mirada corta y cerrada, pensando solo en recaudar y generando regulaciones excesivas que terminan por ahogar a los emprendedores e innovadores”. Una verdadera apología del fraude piramidal en ciernes.
Por esos días, Manzi integraba la lista de candidatos a diputados provinciales de Juntos por el Cambio. Es decir, necesitaba exposición. Igual no le alcanzó para ser electo.
En febrero pasado comenzó la debacle del “nuevo paradigma” financiero. Los pagos se hacían en cuentagotas y solo con algunos privilegiados, bajaron las tasas de retorno y se empezó a escuchar más seguido el término “reprogramación” de los vencimientos. Ya en marzo los ahorristas se agolpaban en los ingresos de cada una de las financieras en reclamo de su dinero. Y en abril Bacchiani fue detenido por orden de la Justicia Federal. Fue el primero de media docena de dueños de financieras que siguieron su mismo modelo de renta estrafalaria.
Junto a Bacchiani, fueron detenidos también sus dos principales gerentes en Adhemar Capital SRL: José Blas y Alexis Sarroca. Blas no soportó su situación y se ofreció como “imputado colaborador”. Y uno de sus primeros aportes a la causa fue un audio que comprometería a Manzi. Lo grabó en un viaje que hizo a Buenos Aires, a principios de febrero de este año, junto a Bacchiani y Manzi. El “trader” y Blas fueron a vender una Ferrari y a devolver una coupé Mercedes Benz. O sea, cada uno viajó en un vehículo distinto de ida y los tres juntos regresaron en la camioneta de Manzi.
Según Blas, fue en ese viaje de vuelta a Catamarca cuando Manzi habría aconsejado a Bacchiani sobre las distintas alternativas que podría usar para “insolventarse” y no pagar deudas a los clientes damnificados.
La defensa de Manzi fue muy poco creíble. Dijo que hizo coincidir el viaje con unos “trámites” pendientes en Buenos Aires, que se ofreció a traerlos de vuelta como una “gauchada”, que como Bacchiani y Blas se deshicieron de los autos en pocas horas, le pidieron viajar al día siguiente y él se quedó sin tiempo de cumplir con su agenda, canceló todo y regresó a Catamarca con ellos. Y respecto al audio que presentó Blas, aseguró a la prensa que él, como abogado que es, puede “asesorar sin ser apoderado”.
De nada le sirvió el relato. El juez federal Miguel Ángel Contreras imputó a Mariano Manzi como "partícipe necesario de insolvencia fraudulenta" en beneficio de Bacchiani. La misma acusación recayó en la escribana Joaquina Córdoba Gandini, el contador Iván Segovia y su madre, Justa Figueroa, y el suegro del abogado Lucas Retamozo -defensor de Bacchiani-, César Augusto Agüero Berrondo.
Piezas sueltas
La versión que contó Manzi en la Justicia suscita demasiados interrogantes.
- ¿Cómo se entiende que Bacchiani y Blas le pidieran si en determinada fecha él viajaba a Buenos Aires “los busque y los traiga a Catamarca”? ¿Tanto interés tenían en que sea Manzi y no otra persona quien hiciera tal favor?
- ¿No es una sugestiva casualidad que el mismo día en que Bacchiani y Blas le dijeron que iban a llevar los autos, Manzi hiciera coincidir sus “trámites” personales? Una agenda más que eficiente.
- Y, por otra parte, ¿tan irrelevantes eran sus asuntos personales que al día siguiente de la operación con los autos decidió no cumplirlos para, en cambio, hacerles la “gauchada”? ¿Creía Manzi acaso que ofreciéndose como chofer podría cobrar el dinero que, según dijo, había invertido en Adhemar Capital?
- El “Dios” de las cripto no tenía plata para pagar un pasaje de avión? ¿O bien prefirió viajar entre “12 y 15 horas” en la camioneta de Manzi?
- Pero lo más importante de todo, ¿por qué Blas grabó esa conversación? ¿Lo hizo motu proprio o por pedido de su jefe? ¿Acaso desconfiaba de Manzi? ¿Creía que éste podría proponer alguna transacción inconveniente y evidentemente inconfesable?
El complot
Desde antes de pisar el Juzgado Federal por sus vínculos con Bacchiani, Manzi había empezado a desplegar una estrategia defensiva que no solo no le sirvió a los efectos legales sino que además, como el relato de su viaje como conductor de los desposeídos, carecía de credibilidad.
Decía Manzi que es víctima de una “persecución política” y que el pedido de indagatoria del juez era un “carpetazo preelectoral”.
“Acá hay un operativo político (…), el cual tiene que ver con vinculaciones del gobierno de Raúl Jalil con personas que estuvieron y están vinculadas a las cuestiones de las criptomonedas”, afirmó Manzi a la prensa en la puerta del Juzgado Federal.
¿Creerá que tiene suficiente peso político y electoral como para el oficialismo provincial le arme un operativo judicial para desacreditarlo y restarle chances en las urnas?
La teoría del complot, aparte, supondría que el gobierno de Jalil se pusiera de acuerdo con la Justicia Federal para perjudicarlo solamente a él y, quizás, a su padre, el diputado nacional Rubén Manzi.
Es evidente que Manzi hijo tiene serios problemas para convencer a la opinión pública y especialmente al juez Contreras de que sus vínculos con el mayor embaucador de Catamarca y de esta parte del país son inocentes o, en el mejor de los casos, solo alentados por su necesidad de recuperar la inversión perdida.
Las huellas de Mariano Manzi en la causa Bacchiani están a la vista.
Más Información
