A casi dos meses de que saliera a luz, finalmente la oposición se atrevió a presentar el pasado jueves 24 la denuncia en la Justicia penal contra el ministro de Infraestructura y Obras Civiles de la Provincia, Eduardo Niederle, y a la empresa Air Total, por presunto fraude en perjuicio de la Administración pública.
El hecho denunciado es la extraordinaria concentración de obras asignadas a la empresa Air Total entre septiembre de 2021 y julio de 2022. En esos diez meses, la cartera de Niederle pagó 38 contrataciones directas a la empresa, además de 3 concursos de precios que ganó en una compulsa para hacer refacciones en el Predio Ferial de Catamarca. En total, la firma embolsó la friolera de 2.100 millones de pesos.
Air Total SRL es propiedad de Rodolfo Ernesto Gallo, amigo del gobernador Raúl Jalil. En su inscripción formal, la empresa declaró, como su nombre lo sugiere, que se dedica a la “compra, venta, reparación y reacondicionamiento de equipos de aire acondicionado y refrigeración en general, compra, venta de repuesto y accesorios de refrigeración”.
Pero en los dos últimos años, además de seguir como proveedor del Estado en sistemas de climatización, diversificó su espectro a todo tipo de obras: construcción de parques solares fotovoltaicos, reparación de escuelas, alumbrado público, remodelación del Cine Teatro Catamarca, construcción de centros de desarrollo infantil, refacciones en el hospital San Juan Bautista y hasta asfaltado de calles en Valle Chico. Lo que le haga falta al Gobierno.
Un dato que llamó la atención a los legisladores denunciantes no fue solo que la empresa es multirrubro, sino que además cuenta apenas con medio centenar de trabajadores para abarcar todo el territorio provincial. Sin dudas, algo no cierra en la ecuación.
No les fue nada fácil a los máximos dirigentes opositores alinear a los diputados radicales tras la denuncia contra el funcionario y la empresa; de hecho, no lo lograron con todos. Hubo tres díscolos: los celestes Luis Fadel y Alejandro Páez y José “Chichí” Sosa (CPR). Las especulaciones sobre por qué no firmaron son variadas. En el bloque de Juntos por el Cambio los denominan “los amigos de Niederle”.
Los primeros en poner la rúbrica fueron los diputados nacionales Francisco Monti y Rubén Manzi y el senador nacional Flavio Fama.
Un incondicional impune
El ingeniero civil Eduardo Niederle está acostumbrado a los manejos retorcidos en la función pública. Cuando era secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de la Capital en la gestión de Raúl Jalil ya había insinuado, con bastante desparpajo, esa tendencia a los excesos al límite del Código Penal.
En septiembre de 2017, cuando corría el tramo final de la segunda intendencia de Jalil, el Obispado de Catamarca decidió convertir al edificio del centenario diario La Unión, en San Martín al 600, en una simple playa de estacionamiento. Para eso contó con la ayuda del municipio capitalino, que aportó máquinas y trabajadores al servicio de la demolición. O sea, una asistencia administrada por Niederle.
Al año siguiente, debutó la playa de estacionamiento y un detalle sobresalió por encima del resto: el propietario era nada ni nada menos que el monotributista categoría “G” Eduardo Alejandro Niederle, quien entre sus actividades secundarias inscribió “servicios de playas de estacionamiento y garages”. La principal es, por cierto, “servicios de arquitectura e ingeniería”.
A Jalil lo tuvo sin cuidado que su responsable de Obras Públicas hiciera estos negocios paralelos mientras estaba en la función pública. Y si al jefe no le molestó, mucho menos al audaz colaborador. La impunidad llegó a tal punto que hasta las facturas de alquiler de la playa a particulares salían a nombre de Niederle (ver imagen). O sea, no le importaba nada.
Tampoco le importó decir en su carácter de funcionario municipal que la recuperación del Estadio Bicentenario “era realmente fácil”, pese a que él fue el director técnico de la empresa Capdevilla en la obra de construcción del “Coloso de la loma”, parte de cuyas estructuras colapsaron por el uso de “material no apto”, según concluyó en 2016 un informe elaborado por el Laboratorio de Suelos de Tucumán a pedido del Gobierno provincial.
Las expresiones de Niederle sobre el Bicentenario fueron a raíz de otras que había lanzado el entonces intendente Jalil cuando dijo que pensaba proponerle a la gobernadora Lucía Corpacci que cediera los trabajos de refacción del estadio a la municipalidad capitalina, dado el estado de abandono en que se encontraba hasta allí. ¿Habrá sido el propio Niederle el que convenció a Jalil de pedir la obra en un intento de redención?
La vida suele ofrecer esas revanchas. En 2019 Jalil fue elegido gobernador y llevó al Ejecutivo provincial a Niederle como ministro, junto a otros colaboradores del municipio. Hace dos meses, se dio el gusto de reinaugurar el Estadio Bicentenario, tras 8 años de abandono, juicio contra la empresa -con posterior arreglo- y polémicas políticas interminables.
En los trabajos de refacción y reparación del Estadio, Niederle contrató a Air Total SRL, la empresa favorita del Gobierno provincial para lo que sea necesario hacer.
El papel de la Justicia
Según la denuncia penal, los legisladores de la oposición piden a la Justicia investigar una supuesta “cartelización” de la obra pública con el caso Air Total. Para ello se basan en las palabras del propio Niederle en su inesperada visita, a mediados de octubre, a una comisión de la Cámara baja con las que justificó el reparto de las obras en pocas manos. “Esto pasa porque hay muchas obras y pocas empresas”, afirmó.
La cartelización de la obra pública tiene antecedentes muy sonados. En Argentina, el caso más controvertido fue el que tuvo como protagonistas al exsecretario kirchnerista de Obras Públicas José López y al empresario estrella de esa época Lázaro Báez. Se entendía por cartelización al reparto de las obras en un círculo cerrado de empresas constructoras que simulaban competir entre ellas.
Catamarca también tuvo lo suyo en 2011. Una megalicitación de 1.300 viviendas del IPV terminó en manos de un puñado de empresas que se habían puesto de acuerdo en repartirse los barrios a puertas cerradas. Por esos tiempos, el ministro de Obras Públicas era Rubén Dusso y el titular de la Vivienda, Dante López Rodríguez, hoy al frente de una diputación nacional.
Pese a algunas evidencias incontrastables, la Justicia provincial no intervino, quizás porque no hubo denuncias ni nadie se sintió afectado, al menos públicamente. El simulacro de competencia o la falta de transparencia no configuran un delito. Además, ninguna empresa “chica” podía declararse perjudicada porque de lo contrario sería excluida del círculo. Es un código de hierro que domina el rubro.
Hay algo más grave aún. En rigor, la denuncia de la oposición debería recaer en el despacho del fiscal de Delitos Especiales, Facundo Barros Jorrat, quien debe ocuparse de todo lo que implique corrupción en la esfera del Estado provincial.
Pero Barros Jorrat, quien es hijo del exdiputado provincial y dirigente del PJ Daniel Barros, está en ese cargo precisamente para no investigar nada que comprometa al poder político de turno. Fue la primera designación que hizo Jalil en la Justicia.
Cuando la Corte de Justicia y la Asociación de Magistrados le reclamaron airadamente por la falta de antecedentes profesionales del candidato, Jalil los “tranquilizó” asegurándoles que no habría más designaciones de esa naturaleza. En realidad, fue la primera de una seguidilla.
Hasta aquí, lo más “incómodo” para el oficialismo que hizo Barros Jorrat fue imputar al exintendente de Los Altos Rafael Olveira por peculado, falsedad ideológica e uso de instrumento público adulterado. La causa, no obstante, no avanzó más allá.
De manera que pocas o nulas expectativas deberían cifrarse en torno a la denuncia contra Niederle y Air Total. Para los denunciantes, alcanza con la puesta en escena política. Y al Gobierno, le basta con que la Justicia siga como hasta hoy, inofensiva y subordinada.
La impunidad está garantizada.
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