El gendarme catamarqueño Nahuel Gallo declaró este miércoles ante la Sala I de la Cámara Federal y relató el calvario que sufrió durante los 448 días que permaneció detenido en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro lo acusó de espionaje y terrorismo.
La audiencia se realizó en el marco de la apelación que presentó Gallo contra la decisión de unificar las querellas en la causa que investiga en Argentina los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país caribeño.
Durante su exposición ante los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, el gendarme aseguró que fue víctima de esos hechos y solicitó que la Justicia lo reconozca como querellante único.
Cómo fue la detención
Las autoridades venezolanas detuvieron a Nahuel Gallo el 8 de diciembre de 2024, cuando ingresó al país para visitar a su familia.
Poco después, el Gobierno de Nicolás Maduro lo acusó de realizar tareas de espionaje y de integrar un supuesto plan para asesinar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Además, la Fiscalía venezolana le atribuyó presuntas actividades terroristas y acciones desestabilizadoras. Según esa acusación, el viaje familiar ocultaba un plan criminal.
Desde un primer momento, el Gobierno argentino denunció el caso como un secuestro y consideró a Gallo un preso político.
El gendarme pasó más de un año alojado en El Rodeo I, una de las cárceles de mayor seguridad de Venezuela.
La liberación y el regreso al país
Nahuel Gallo recuperó la libertad el 2 de marzo y regresó a la Argentina. Luego se reincorporó a la Gendarmería Nacional.
Un avión privado trasladó al gendarme junto a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La Justicia todavía intenta determinar cómo se desarrolló esa gestión.
Por ese motivo, la Cámara Federal también analiza un pedido para citar como testigo al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. El objetivo es conocer qué participación tuvo en las negociaciones que permitieron la liberación del catamarqueño.
La investigación contra Nicolás Maduro
La Justicia argentina abrió la causa en 2023 al aplicar el principio de jurisdicción universal, que permite investigar crímenes de lesa humanidad cometidos fuera del país.
En ese expediente, el juez solicitó la captura internacional de Nicolás Maduro y respaldó la investigación con informes elaborados por organismos internacionales.
Entre ellos figuran documentos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otras organizaciones.
Esos informes describen presuntas detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones a los derechos humanos atribuidas al régimen venezolano.
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