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Nueva Ley Penal Juvenil: Catamarca busca evitar el colapso del sistema y la judicialización de las escuelas

El juez Fabricio Gershani Quesada advirtió sobre el impacto del nuevo régimen nacional, la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años y las falencias edilicias actuales para afrontar la reforma.

El juez del Tribunal Penal Juvenil, el doctor Fabricio Gershani Quesada, mantuvo una reunión clave con la Comisión de Infancia y Adolescencia de la Cámara de Diputados para coordinar la adecuación de Catamarca a la Ley 27.801. El encuentro tuvo como objetivo central sentar las bases para la transición provincial hacia el nuevo régimen penal juvenil nacional, el cual entrará en vigencia el próximo 5 de septiembre y reconfigurará los mecanismos de justicia para menores.

La baja de la edad de imputabilidad a los 14 años y la inclusión de delitos que antes no eran punibles generarán un incremento considerable en el volumen de causas penales, aunque la proyección debe hacerse sobre la marcha. El magistrado explicó que el escenario actual carece de datos empíricos que permitan medir el impacto real con precisión matemática, lo que obligará a las autoridades a realizar un monitoreo continuo y dinámico "para ir dando respuesta a medida que vayamos viendo cómo caminan", atendiendo minuciosamente las diferentes realidades del interior.

Uno de los principales focos de preocupación judicial radica en el denominado fenómeno de "traslación", que podría derivar en la judicialización de los conflictos que actualmente se resuelven en el ámbito escolar. El doctor alertó sobre el riesgo de que discusiones menores o amenazas dejen de procesarse mediante los gabinetes pedagógicos de las escuelas y pasen a sobrecargar el sistema, advirtiendo que se deben tomar las medidas necesarias para evitar "la judicialización de la escolaridad" y que una simple disputa involucre innecesariamente a decenas de profesionales.

En materia de infraestructura, el magistrado reconoció abiertamente que la provincia cuenta con un lugar de alojamiento que, en líneas generales, "no cumple en este momento las medidas básicas que establece la nueva ley nacional". Ante esta falencia edilicia, el Poder Judicial coordina junto a la Secretaría de Seguridad un proyecto por etapas para readecuar el Centro Juvenil Santa Rosa; una obra física que llevará su tiempo pero que se apoya en la fuerte especialización y experiencia previa que Catamarca ya posee en sus instituciones de justicia.