Elpidio Guaraz, exintendente de Bañado de Ovanta, quiso no hundirse solo en el escarmiento penal. Por eso, en una reacción desesperada, involucró a la cúpula oficialista provincial en un supuesto complot para ocultar el crimen del exministro Juan Carlos Rojas. Esperaba apoyo político para voltear una condena por abuso sexual y privación ilegítima de la libertad, pero esta vez quedó solo y pagará sus delitos en la cárcel. Ya bastante amparo tuvo de los jefes partidarios cuando manejaba el municipio como patrón de estancia. Ahora apenas le concedieron una absurda protección policial para aislarlo de la prensa.
La causa judicial que lo llevó a prisión comenzó a instruirse en 2021, cuando aún era intendente. Una joven, que entonces tenía 16 años, lo denunció por haberla agredido sexualmente y mantenerla cautiva por varias horas en su casa. Tal hecho habría ocurrido un año antes. Por entonces, Guaraz tenía 58 años. Según dijo a la Justicia, mantenía un buen vínculo “de pareja” con la joven.
Entre 2021 y 2022, Guaraz fue citado varias veces por la Justicia. Concurrió algunas veces y otras no porque alegaba no haber sido notificado. Como todavía era el caudillo de Santa Rosa se permitía ciertas inconductas; en definitiva, hasta allí se había movido a su antojo entre la política y sus deberes públicos sin sanciones.
Llegaron las elecciones de 2023 en las que Guaraz pretendía ser reelecto por quinta vez y alcanzar así 20 años consecutivos de mandato. Pero perdió a manos de su mayor rival en la localidad, el concejal Mario Páez, un peronista disidente que encabezó un movimiento vecinal y se impuso por más del 51% de los votos. Fue el principio del fin del controvertido jefe comunal.
Así, ya solo como un ciudadano común, Guaraz encaró el tramo decisivo del proceso judicial con la defensa del abogado Luciano Rojas. Junto con la causa de abuso sexual, estaba acusado también por el delito de fraude contra la administración pública.
El 27 de septiembre de 2024, la Cámara del Crimen de 1ra. Nominación lo declaró por unanimidad culpable por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad agravada, y lo condenó a purgar una pena de 9 años de prisión. En cambio, fue absuelto por beneficio de la duda en la causa de fraude.
Un año después, la defensa del exintendente presentó un recurso extraordinario ante la Corte de Justicia de Catamarca con la intención de que la Corte Suprema de la Nación revise la condena y frene su ejecución. De ese modo, se extendería su estado de libertad durante el proceso de revisión.
Pero el pasado martes 3, la Sala Penal de la Corte de Justicia local denegó el recurso de casación y confirmó la sentencia anterior, con lo cual dio por cerrado el proceso. En suma, Guaraz debía cumplir la condena en prisión.
Al día siguiente, fue trasladado desde su finca en Bañado de Ovanta hasta Investigaciones de la Policía provincial, para luego ser derivado al Penal de Miraflores. El operativo policial en aquella localidad fue verdaderamente desproporcionado: los uniformados montaron un tope perimetral de 300 metros para impedir que se acerque la prensa. No solo eso, luego dejaron una guardia con media docena de efectivos en la ruta para evitar que los móviles de Tveo y Catamarcaencana pudieran seguir el convoy de traslado. Un despliegue así podría esperarse para el jefe de un cartel de droga, no para un abusador.
Acusaciones desesperadas
Ese mismo miércoles a la mañana, poco antes de que llegara la Policía a su casa, Guaraz lanzó desde su cuenta en Facebook una catarata de acusaciones gravísimas contra el gobernador Raúl Jalil, la senadora nacional Lucía Corpacci y el vicegobernador Rubén Dusso, a quienes endilgó un supuesto intento por manipular la investigación del crimen del exministro Juan Carlos Rojas, ocurrida en diciembre de 2022.
Guaraz dijo haber estado reunido con Dusso en su oficina del Senado -presumiblemente ese mismo domingo en que se encontró el cadáver de Rojas-, cuando este “hizo bajar al fiscal (Laureano) Palacios”, hasta allí a cargo de la investigación, para que “darle la orden de parte de Jalil y Corpacci” de que “lo de Rojas pase por muerte natural”. Además, subió a su red social un par de audios propios con más detalles de lo mismo.
Según Guaraz, “todo esto” le pasa porque, afirmó, “nunca acepté que roben a través de mi municipio”. Y remató: “Hoy estoy pagando eso”. Es decir, no está en la cárcel por haber cometido un abuso sexual y privado de la libertad a una menor, sino por una suerte de venganza política de parte de los principales referentes del oficialismo provincial. Peor todavía: porque sus jefes políticos no hicieron nada para evitar la condena judicial.
Las acusaciones fueron desmentidas inmediatamente por Dusso, pero no por Jalil ni Corpacci. Quizás entendieron que no valía la pena salir al cruce de un hombre atribulado y fuera de sí. Quienes conocen a Guaraz comentan que en realidad es así en lo cotidiano, sin filtros. Tan resentido como irresponsable.
La oposición reaccionó en forma previsible: varios diputados pidieron a la Justicia que cite a declarar a Guaraz y también a Jalil, Corpacci y Dusso. El crimen de Rojas volvió a estar en el tapete.
Pero el fiscal Hugo Costilla, a cargo de la investigación de esa causa, ya había enviado la citación a Guaraz, quien fue llevado el jueves pasado a la sede de las fiscalías. Pero este no dijo nada nuevo, solo se limitó a repetir lo que había lanzado en su red social. “Estaba desesperado”, confió una fuente presente en la audiencia. La investigación sigue como entonces.
¿Podría caberle una responsabilidad penal por haber conocido tal supuesta maniobra y no denunciarla antes? Existen dos posturas al respecto. Por un lado, hay quienes sostienen que Guaraz no estaba obligado a denunciar porque no correspondía a sus funciones ni tenía participación en la causa. Por otro, algunos funcionarios judiciales consideran que podría ser imputado por “encubrimiento agravado”, al tener conocimiento de un delito cuya pena es superior a 3 años y no denunciarlo. Pero para esto primero debería comprobarse si fue cierto lo que Guaraz dijo respecto a Dusso y el fiscal Palacios.
Antecedentes nefastos
El caso del abuso sexual y cautiverio temporal de la joven santarroseña fue sin dudas el delito más grave de Guaraz. No obstante, su historia al frente de la comuna de Bañado de Ovanta, desde 2007 al 2023, estuvo plagada de irregularidades y manifestaciones patoteriles.
Algunas de las más resonantes fueron las siguientes:
- Corte de ruta: en septiembre de 2012 fue denunciado en la Justicia Federal por cortar la ruta nacional 64, que atraviesa la comuna, sin autorización de Vialidad nacional. Lo hizo para realizar actos oficiales y usó vehículos y personal municipal Pese a las intimaciones formales, Guaraz nunca obedeció.
La denuncia también alcanzó a su hermana, Esther Guaraz, quien era presidenta del Concejo Deliberante, por haber coordinado una protesta en contra de la denuncia federal.
Por pedido de la oposición, en el Senado provincial se abordó la acción de Guaraz como una posible violación al derecho de libre tránsito y una conducta reprochable desde el punto de vista constitucional y legal. Sin embargo, el tema pasó a archivo.
- Abuso de Autoridad: en 2020, Guaraz fue imputado por la Justicia Federal por cerrar la ruta nacional de manera arbitraria durante el aislamiento por la pandemia, lo que generó conflictos con transportistas y el propio Gobierno. Según alegaba, lo hacía para que "no ingrese el virus del Covid-19" al pueblo.
- Maniobras electorales: en las elecciones municipales de 2019, el entonces candidato Elpidio Guaraz fue acusado por sus rivales de haber manipulado los comicios a través de una maniobra de “voto cadena”. Esto es, sostenían que punteros políticos del intendente entregaban a los electores boletas en sobres ya firmados por las autoridades de mesa para que los introduzcan en las urnas y así asegurarse el voto.
Además, hubo denuncias reiteradas de que hacían votar a electores de Frías (Santiago del Estero) y de otras localidades vecinas, que aparecían en los padrones de Santa Rosa de un día para otro. En algunas urnas, curiosamente, los rivales de Guaraz no tenían un solo voto.
A pesar de estos antecedentes, el peronismo siempre apoyó a Guaraz en las campañas electorales. Jalil, Corpacci y el propio Dusso participaron en distintos actos con el polémico intendente como candidato. “El compañero Elpidio”, le decían. Curiosamente, Guaraz fue uno de los intendentes del Este que firmó un documento en respaldo a la reelección de Dusso en 2023.
Solo las entonces diputadas oficialistas Cecilia Guerrero y Adriana Díaz se atrevieron a cuestionar públicamente la inclusión de varones denunciados por violencia de género en las listas de candidatos. Pero la mayoría apeló al argumento de la “presunción de inocencia” para justificar la candidatura de Guaraz.
En rigor, nunca hubo voluntad política del Gobierno ni del Partido Justicialista para poner un freno a los atropellos del Guaraz intendente. Incluso cuando este perdió las elecciones en octubre de 2023, el Gobierno acordó con Páez que lo ayudaría en la transición y posterior gestión si se comprometía a no denunciar al intendente saliente.
Es que Páez ya había anunciado que presentaría denuncias por vaciamiento de las arcas municipales, desmantelamiento del parque automotor, desaparición de documentos oficiales, deudas salariales y contrataciones de último momento, además de una nómina sobredimensionada de becas, entre otras cosas. No lo hizo.
Así, el Gobierno se ocupó de asegurar una salida “prolija” para el cuestionado Guaraz. Que haya sido absuelto en la causa por fraude a la administración pública por el “beneficio de la duda” habla bastante de la deficiente (o desinteresada) recolección de pruebas.
En definitiva, el exintendente pagará en prisión por un delito abominable cometido en su vida privada en perjuicio de una mujer. Todo lo que hizo en sus 16 años como señor feudal de un pueblo tiene el perdón de la política.
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