Una denuncia penal fue presentada este lunes ante la Fiscalía General de la provincia contra el gobernador Raúl Jalil por la emisión del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 142/2025. La acción fue impulsada por el diputado provincial Hugo Daniel Ávila, quien sostiene que la norma, que modifica el régimen de aportes a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), constituye un acto ilegal e inconstitucional. Además, apunta a que esta medida favorece al grupo económico vinculado a la familia Jalil, con fuerte presencia en el sector salud de la provincia.
Según detalla la presentación judicial, el DNU fue publicado en el Boletín Oficial el 11 de abril y modifica el artículo 2° de la Ley Provincial N° 5.116, alterando la base de cálculo de los aportes de los empleados públicos. Para Ávila, esta medida excede las facultades del Poder Ejecutivo, al legislar sobre materia tributaria y previsional, competencias que la Constitución Provincial reserva de forma exclusiva al Poder Legislativo. “Se trata de una usurpación de funciones y una ruptura del principio de división de poderes”, sostiene el legislador.
La denuncia, patrocinada por el abogado Diego Quinteros Martínez, invoca una serie de delitos, entre ellos abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito. Además, cuestiona que el DNU impone a la OSEP tareas de fiscalización tributaria sobre prestadores de salud, función que sólo puede ser dispuesta por ley formal, lo que tornaría al acto administrativo “nulo de nulidad absoluta”. También se argumenta que el decreto vulnera el principio de legalidad tributaria y afecta derechos laborales al imponer nuevos gravámenes sobre los salarios.
Uno de los puntos más polémicos señalados en la denuncia es la supuesta intención de beneficiar a empresas privadas vinculadas a la familia del gobernador, con intereses en el sistema sanitario provincial. Para Ávila, el decreto representa un retroceso en materia de equidad y transparencia institucional. Ahora, será la Fiscalía General de Catamarca la que deberá analizar la denuncia y decidir si corresponde iniciar una causa formal, en un caso que podría tener profundas repercusiones políticas y judiciales en la provincia.
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