El Gobierno nacional comienza a delinear los primeros lineamientos de su nueva fase. Tras un período de consolidación de su posición, que incluyó acuerdos con aliados tanto a nivel local como internacional, el Consejo de Mayo dio a conocer formalmente varias de las iniciativas que se debatirán en el Congreso durante las sesiones extraordinarias. Entre ellas, despejó las incógnitas en torno a una de las propuestas más esperadas: la reforma impositiva.
Elaborada por el Ministerio de Economía, el eje central de la modificación del Régimen Penal Tributario –denominado oficialmente “Ley de Presunción de Inocencia Fiscal”– consiste en elevar los umbrales de declaración necesarios para no ser encuadrado en delitos de evasión, subiendo el piso desde $1,5 millones hasta los $100 millones. Según estimaciones extraoficiales, los argentinos mantendrían unos u$s243.000 millones fuera del sistema formal, por lo que la norma buscaría incentivar el blanqueo de una porción de esos fondos sin requerir justificación sobre su procedencia.
Esta iniciativa formaría parte de la discusión del Presupuesto 2026, cuyo contenido aún no se dio a conocer, aunque se prevé que su tratamiento comience en la Cámara de Diputados con el objetivo oficial de lograr su sanción antes del cierre del año. En paralelo, en el Senado iniciaría su camino el proyecto de reforma laboral</strong, que contendría un paquete de reducción de cargas patronales para los empleadores con personal en blanco. La aspiración del oficialismo es lograr, al menos, una media sanción durante diciembre para convertirla en ley en la segunda etapa de las extraordinarias, que arrancará en febrero próximo.
El llamado “Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral” fija condiciones para reducir a la mitad (de 10 a 5 años) el plazo de prescripción de las deudas por aportes previsionales, de seguros y de obras sociales. En este último caso, legisla sobre el artículo 24 de la Ley N°23.660, la misma que el propio Javier Milei modificó a los diez días de asumir, a través del recordado DNU 70/2023. A esto se sumaría la institucionalización de un sistema simplificado para la declaración del Impuesto a las Ganancias.
“El proyecto habilita mecanismos que permiten comprar la impunidad penal”, evaluó en diálogo con este medio el diputado Carlos Castagneto (Fuerza Patria), exjefe de la AFIP, refiriéndose a la modificación del Régimen Penal Tributario, al que calificó como “un premio al incumplidor, que contradice los estándares de la OCDE y el GAFI”. Además, cuestionó “la reintroducción de la cuarta categoría de Ganancias” y señaló que “al disponer de menos información, dado que no se informan montos de casi $50 millones para algunos casos y transacciones, la declaración jurada queda sujeta a que el fisco solicite más datos porque no los tiene. Vamos en dirección contraria a lo que piden la Unión Europea y la OCDE respecto a impuestos como el de las grandes fortunas”.
Durante la conferencia de prensa de presentación, Manuel Adorni prometió además medidas que no se plasman en el texto, como una reducción de cargas laborales por dos años, exención de IVA al consumo de energía eléctrica en el sector agroindustrial, un “régimen de incentivos para medianas inversiones” y baja de impuestos internos a productos “electrónicos, automóviles, aeronaves, embarcaciones, telefonía celular, servicios audiovisuales, cine y alquileres destinados a viviendas”. “Se eliminan los impuestos cedulares a renta financiera y a la enajenación de inmuebles”, agregó el jefe de Gabinete.
El alcance de la propuesta y la estrategia de La Libertad Avanza para su aprobación se terminaron de definir en dos reuniones clave del martes: una matutina en Casa Rosada y otra vespertina entre los legisladores oficialistas. Desde la oposición peronista afirmaron a este medio que avanzan en un análisis urgente de la iniciativa, para determinar su postura y una eventual contrapropuesta en un encuentro pautado para el mediodía del miércoles. En los bloques Provincias Unidas e Innovación Federal advierten sobre la necesidad de incluir reformas impositivas demandadas por los gobernadores: reducción –o redistribución– del impuesto a los Combustibles y baja del IVA que aportan las gestiones municipales.
La Nación retoma la pulseada fiscal con provincias y municipios
El anuncio del paquete impositivo se produjo horas después de que Luis Caputo presentara una reducción de las alícuotas de las retenciones agropecuarias, proyectando una baja gradual –aunque no legislativa, sino por interpretación fiscal del Ejecutivo– hasta su eliminación total. La medida, acompañada por la promesa oficial de suprimir el impuesto al cheque, ocurrió un día después de que el ministro criticara a una comuna por el aumento de tasas y lanzara un contundente llamado: “Compren en otro lado”.
La baja de retenciones y la reducción de cargas laborales sí generó una primera reacción opositora, al menos en el plano de las redes. “Implican, en conjunto, un costo fiscal aproximado de u$s4.031 millones […] Para dimensionar: el presupuesto 2026 del Ministerio de Salud asciende a $3.101.450 millones, que al tipo de cambio mayorista actual ($1.451,5) equivale a u$s2.136,7 millones. Es decir, solo este costo fiscal es prácticamente el doble del presupuesto anual del Ministerio de Salud de la Nación”, analizó Julia Strada, una de las referentes económicas de Fuerza Patria en Diputados.
En sintonía, un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) evidenció que “la capacidad efectiva de gasto público provincial cayó un 9,8% entre 2010 y 2024. Veinte jurisdicciones incrementaron su grado de correspondencia fiscal, básicamente como consecuencia de la significativa caída de las Transferencias Nacionales Automáticas”. Como consecuencia, explicaron que “una proporción mayor de los recursos que financian el gasto provincial proviene hoy de fuentes generadas en cada jurisdicción”.
Esto significa que los Ingresos Brutos, uno de los blancos de las críticas tributarias de Hacienda, sostienen cada vez más los servicios que las provincias deben asumir por el déficit en los envíos federales. Simultáneamente, la creación del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN) tuvo motivaciones principalmente impositivas: reunir más voluntades para reclamar por los fondos necesarios para atender responsabilidades de las que la Nación se desliga.
Las entidades privadas alineadas con el discurso oficial también se posicionaron. Un estudio reciente del Departamento de Política Tributaria de la Unión Industrial Argentina (UIA), cuyo presidente Martín Rappallini integró el Consejo de Mayo, aseguró que las empresas industriales abonan en promedio 7,4 tasas municipales “que, en general, no tienen contraprestación ni proporcionalidad” y que registran un saldo a favor de $526 millones por Ingresos Brutos provinciales en 2025. Tampoco exceptuó a la Nación: reclamaron que las firmas industriales tienen, en promedio, un 41% de saldo a favor en al menos un impuesto nacional.
“El sector privado financia al sector público por la no devolución de saldos a favor”, planteó el informe, pidió la creación de una “Cuenta Única Tributaria que permita la devolución de saldos en forma ágil” y consideró “necesario revisar el diseño de los Regímenes de Recaudación y eximir a las pymes para evitar que sean agentes de retención y percepción de impuestos”. Esas iniciativas no fueron incorporadas en la reforma impositiva. Una de las explicaciones podría radicar en que las opiniones del Consejo de Mayo no eran vinculantes.
En esa línea, este mismo martes la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) emitió un duro comunicado rechazando “el incremento de la presión impositiva que están llevando a cabo diversas jurisdicciones subnacionales”. “Debe advertirse que la voracidad fiscal lamentablemente es un fenómeno por demás extendido”, añadieron e instaron “a las jurisdicciones subnacionales a evitar nuevos incrementos tributarios y a revertir los recientemente dispuestos”. Coinc