El Gobierno de Javier Milei autorizó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a realizar auditorías sobre las cuentas de las universidades nacionales, una medida que marca un cambio significativo en la regulación del control financiero en el ámbito educativo.
La Procuración del Tesoro, encabezada por Rodolfo Barra, firmó un dictamen que concluye que la SIGEN está capacitada para llevar a cabo esta tarea, a pesar de que las universidades ya están sujetas a la supervisión de la Auditoría General de la Nación (AGN).
Esta decisión, según el gobierno, responde a la necesidad de establecer un sistema de control interno que se enmarca en la Ley de Administración Financiera y del Sistema de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, aplicable a las universidades sin afectar su autonomía funcional y autarquía administrativa-financiera reconocidas por la Constitución Nacional y la Ley de Educación Superior 24.521.
El dictamen de Barra no solo define el encuadre normativo del control que ejercerá la SIGEN, sino que también la incluye dentro de la Ley de Administración Financiera (LAF) y sus normas complementarias. Esta medida se enmarca en un contexto de mayor transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos en el ámbito universitario.
Barra argumenta que el sistema de control interno puede aplicarse a las universidades sin afectar su autonomía o independencia financiera, tal como lo establece la Constitución Nacional.
Con esta medida, la SIGEN recupera la capacidad de auditar universidades, que desde entonces solo estaban bajo la supervisión de la AGN, un órgano dependiente del Congreso. Desde la cartera de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello, destacan que esta decisión es parte de un esfuerzo por aumentar la transparencia y el control en el uso de los recursos públicos en el ámbito universitario, en un contexto de creciente tensión debido al veto presidencial a la ley de financiamiento universitario.
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