El Senado de la Nación votó por amplia mayoría el rechazo al decreto de necesidad y urgencia 70/23, propuesto por el gobierno de Javier Milei para desregular la economía. Este revés no solo afecta al Ejecutivo, sino que profundiza la crisis entre el presidente y Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación, debido a la controversia generada por permitir que el DNU se debatiera en el recinto del Senado.
La votación resultó en 42 votos a favor del rechazo, 25 en contra y 4 abstenciones. Además del kirchnerismo, que contó con el apoyo de fuerzas provinciales y del radical Martín Lousteau, se alinearon en contra algunos senadores radicales y provinciales, así como peronistas del bloque Unidad Federal.
Este rechazo no deroga el decreto, ya que según la ley de Trámite Legislativo, se requiere el rechazo de ambas cámaras legislativas para su derogación. Ahora, las miradas están en la Cámara de Diputados, donde se definirá la suerte del DNU.
La vicepresidenta Villarruel fue objeto de críticas tanto del oficialismo como de la oposición dialoguista. El malestar en la Casa Rosada se hizo evidente a través de un comunicado que advertía sobre las consecuencias del rechazo del Senado, además de un ataque en redes sociales por parte de seguidores de la administración Milei.
Durante el debate en el Senado, las críticas se dirigieron tanto al decreto en sí como a la gestión política de Milei. El radical Martín Lousteau lo calificó como inconstitucional, mientras que desde Unión por la Patria se cuestionó su legalidad y se hizo énfasis en las consecuencias económicas que podría tener.
El cierre del debate estuvo marcado por la defensa del gobierno de Milei, representado por el jefe de la bancada libertaria, Ezequiel Atauche, quien acusó a la oposición de intentar sabotear su gestión. Además, se intentó postergar el tratamiento del DNU, pero la propuesta fue rechazada por una mayoría abrumadora.
Antes de discutir el DNU, el Senado aprobó por unanimidad modificaciones al Código Penal y a la ley de lucha contra el lavado de dinero, una medida impulsada por el Gobierno para evitar la calificación negativa del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) debido a legislaciones laxas en materia de lavado de dinero.
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