El oficialismo busca aprobar, sin el apoyo de la oposición, el proyecto de ley para elevar a 25 el número de los integrantes del máximo tribunal.

Lo hizo ante la decisión de la justicia ordinaria de Córdoba de llevar a juicio al CEO de Adhemar Capital por las estafas en esa provincia.

El diputado provincial también se refirió al fallo de la Corte de Justicia de Catamarca en el caso de la Comunidad aborigen Atacameños del Altiplano y a la Ley de Emergencia Económica.

Se trata de 17 trabajadores del Instituto Provincial de la Vivienda, que se suman a los 60 empleados públicos de otros organismos que denunciaron al Gobierno provincial.

Intensifican la presión sobre el máximo tribunal para que los casos sean llevados a juicio lo antes posible.

Lo describió como un gesto de independencia digno de resaltar. También habló del DNU y de las prioridades que más preocupan actualmente a la Coalición Cívica Radical.

La CAEM interpreta que el fallo solo atañe a nuevos permisos y no a las actividades en curso.

Empleados públicos de distintos ministerios provinciales acudieron a la Justicia porque acusan tener perjudicado su poder adquisitivo producto de una mala liquidación.

Los trabajadores del sector defienden la actividad minera y temen por el futuro de su empleo.

Se anunció la próxima presentación de informes ambientales ante la Justicia.

La Corte de Justicia se pronunció sobre la actividad litífera en la zona del río Los Patos y en Salar del Hombre Muerto. Es por un amparo solicitado por una comunidad originaria.

CAME, SRA y CONINAGRO respaldan el Título IV del DNU 70/2023 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, buscando derogar artículos que consideran generadores de litigiosidad laboral.

Tras el fallo del juez federal de Rawson, Hugo Ricardo Sastre, que suspendió el recorte de fondos a la provincia de Chubut, el Gobierno se dispone a apelar la decisión, con posibilidad de acudir directamente a la Corte Suprema de Justicia. La situación evidencia un conflicto entre Chubut y el Estado Nacional que amenaza con intensificarse.

Lo hizo luego de la "acción declarativa de certeza" presentada por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, con el patrocinio como abogados del exministro de la Corte Raúl Zaffaroni y de Raúl Ferreyra. Mientras tanto, acumulan pedidos de amparo en la justicia en lo Contencioso Administrativo federal para impedir la aplicación de la norma.

Se trata del protocolo de actuación dispuesto por el Ministerio de Seguridad que fue respaldado por el conjunto del Gabinete y que fue cuestionado por organizaciones de derechos humanos.

Con fuertes recortes a la administración pública, Caputo anuncia este martes el paquete de medidas económicas

Los reclamos salariales mantiene al Poder Judicial prácticamente paralizado. En ese marco, se promulgó la previsión de gastos para el año 2024.