El Gobierno provincial consiguió sortear el martes pasado en la Cámara de Diputados, a pura fuerza de número, el único escollo que tenía para aprobar el paquete minero que incluyó la Adenda al contrato de modificación del proyecto Fénix, el mayor y más antiguo productor de litio de la provincia y el país. Este nuevo acuerdo representa una resignación de la soberanía política del Estado en favor de una empresa multinacional, la cual, increíblemente, se queda con el derecho a decidir cuándo pagar o no sus aportes al fideicomiso minero.
La adenda del proyecto Fénix, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra, se convirtió en ley provincial en la segunda sesión especial convocada por la Cámara baja. La primera, realizada el día anterior, se había caído ante la negativa de la oposición a completar el quórum de dos tercios exigido para tratar sobre tablas este y otros proyectos mineros que aún no estaban en condiciones de ser aprobados. Pero el martes el oficialismo apeló a un artilugio reglamentario para sancionar todo por simple mayoría.
Así, el paquete minero salió como pretendía el Poder Ejecutivo. Había sido aprobado a principios de diciembre en el Senado, donde por supuesto fue un mero trámite, como suele suceder con todos los proyectos. En Diputados, no hubo trabajo de comisión y salió sin debate ni chances de mejoras o modificaciones. Pura imposición.
Junto con los agregados al contrato de la Provincia con las empresas Livent USA Corporation y Minera del Altiplano SA (MDA) por el proyecto Fénix, la Legislatura también aprobó la modificación del Acta de Farallón Negro y el Acuerdo Conciliatorio entre la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) y la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
Si bien todas las iniciativas recibieron reproches del interbloque La Libertad Avanza, finalmente la bancada del Frente de Todos logró el apoyo de los bloques de la UCR y el unipersonal de Sonia Nabarro. Eran en definitiva los guiños previsibles.
El nuevo acuerdo con la empresa estadounidense Livent y MDA establece dos puntos que abren controversias respecto al papel del Estado provincial en el control de la renta minera.
Fue firmado el 13 de noviembre de 2025 por el gobernador Raúl Jalil, Ignacio Costa (en representación de Livent y MDA) y Luciano Mancuso (MDA)
El valor de las regalías
En primer lugar, las partes acordaron que los aportes comprometidos por la explotación del proyecto Fénix serán destinados al Fondo Fiduciario de Regalías Mineras (FFRM) y equivaldrán al 1,2% de las ventas anuales de la empresa.
Pero, ¿cómo se constatará cuál es el monto real de las ventas anuales de carbonato o cloruro de litio del proyecto Fénix?
Dice el documento: “Las comparaciones de los valores que permiten la determinación del Valor Ventas Anual de MDA, en los términos definidos por el Contrato de Modificación, serán realizadas por MDA el momento de recibir la información referente a los valores de los distintos productos que la misma exporte en el mercado internacional, la cual es provista por una consultora especializada a nivel internacional”. Consultora que, por cierto, es contratada por la propia empresa.
¿Tiene la Provincia posibilidad de verificar esa información comercial? El Gobierno cuenta con áreas específicas para tal fin. Sin embargo, tal alternativa no está expresada en la adenda del contrato con Livent y MDA.
Cambio de roles
En segundo lugar, la modificación tal vez más polémica es la referida al destino de las contribuciones, que está establecido en la propia ley provincial N°5642.
La adenda indica que si los aportes comprometidos por MDA se aplicaran a un “objeto o finalidad distintos” que los previstos por ley, o si la empresa tuviera “pruebas” de que tales aportes “fueron directa o indirectamente ofrecidos, prometidos, entregados y/o utilizados para beneficio personal de un funcionario o empleado público (incluyendo, sin limitación, funcionarios y empleados de organismos internacionales y empresas estatales), partido político, autoridad de un partido político, candidato a un cargo público (…), entonces MDA tendrá derecho a suspender sus obligaciones de realizar los aportes comprometidos”.
Expresa que si tal “Evento de Incumplimiento” no fuera remediado en un plazo de 60 días “a satisfacción de MDA”, la obligación de la empresa de realizar los aportes comprometidos al Fondo Fiduciario de Regalías Mineas “quedará extinguida de pleno derecho, sin perjuicio de las acciones legales que le correspondan a MDA”. No solo eso, también prevé que podría quedar a salvo de pagar el canon de agua, “sin limitación”. Y finaliza con la aclaración de que el hecho de no pagar las regalías mineras “no constituirá un incumplimiento del contrato por parte de MDA”.
¿Por qué razón un inversor debe supeditar el pago de sus obligaciones al destino que tengan tales aportes al Estado? ¿Desde cuándo las empresas mineras son fiscales y jueces del uso que tienen los fondos que pagan en retribución por la explotación de recursos no renovables de una provincia?
Por otro lado, ¿cómo es posible que el Gobierno de Catamarca acepte tan dócilmente que una empresa se arrogue facultades que le competen exclusivamente al poder administrador de la renta minera?
Porque, al fin y al cabo, si los recursos de la minería se despilfarran o terminan en manos de la corrupción no es responsabilidad de la empresa que explota un emprendimiento, sino del propio Estado.
Además, el contrato indica que solo basta que la empresa tenga una “prueba” del dispendio o el incumplimiento para suspender los pagos. Es decir, ni siquiera tiene la precaución de dejar tal investigación en manos de la Justicia o incluso en sede administrativa. Y, para colmo, se permite emplazar al Gobierno a remediar tal irregularidad con recursos que ya no son propios para continuar con su obligación. Siempre y cuando, aclara, tal rectificación “satisfaga” sus pretensiones.
Antecedente
Para colmo, tales prerrogativas de transparencia y buen proceder vienen de parte de una empresa, Minera del Altiplano, que ha sido procesada por la Justicia nacional por “contrabando de exportaciones” entre 2022 y 2023, cuando operaba bajo el nombre Livent. Hoy ambas compañías quedaron en manos de Rio Tinto, uno de los gigantes del litio en el mundo.
Curiosamente, la adenda del contrato de modificación del proyecto Fénix tiene como uno de los firmantes a Mancuso, que fue procesado y embargado en $100 millones por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°4. El monto del embargo, según el tribunal, refleja la magnitud del perjuicio potencial estimado en relación con las operaciones declaradas a valores inferiores a los precios de referencia internacionales, con el fin de reducir el pago de tributos aduaneros.
Aunque el fallo recuerda que la empresa ya había pagado $5.300 millones en concepto de multas a la exAFIP por la subfacturación, tal sanción no extingue la acción penal por el delito de contrabando de exportación.
Finalmente, la Justicia decretó que el procesamiento de Mancuso sea sin prisión preventiva. Pero le prohibió salir del país y remitió oficios a Migraciones, además de al BCRA y los registros de propiedad inmueble y automotor para hacer efectiva la inhibición de bienes.
Realmente cuesta creer que el Gobierno de Catamarca haya concedido semejantes atribuciones a una empresa minera que registra un antecedente de intento de evasión fiscal y que ahora se permite condicionar sus obligaciones al correcto uso de los fondos.
Esta fue la ley que los legisladores del oficialismo y sus aliados aprobaron sin chistar en el cierre del año. Una vez más, la Legislatura, no solo el Senado, actuó como escribanía de una medida que pone a la Provincia de rodillas ante una empresa minera que no es ejemplo de nada bueno.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, lo admitió claramente al iniciar la sesión especial del último martes: “Vamos a hacer lo que vinimos a hacer”.