El Gobierno provincial parece haber ingresado en una etapa de furia y descalabro institucional. En una tanda de decretos acuerdo firmados el mismo día, disolvió el Ente Regulador (ENRE), creó una Defensoría del Pueblo a su medida y equiparó los sueldos de la cúpula del Tribunal de Cuentas con los de la Corte de Justicia. Todo ello sin debate legislativo previo ni justificación económica razonable. El nuevo organismo que se ocupará de amparar a los ciudadanos de los abusos del Estado estará conducido por un reciente exministro y socio político del poder gobernante. O sea, un burdo artificio de autocontrol.
La fecha para recordar es el 30 de abril de 2025. Ese día se firmaron en Casa de Gobierno cuatro decretos dignos de controversias. Tres de ellos fueron “decretos acuerdo” remitidos a la Cámara de Diputados y uno a la de Senadores, donde, se sabe, los asuntos oficiales son bien ágiles. Los primeros, en cambio, pueden no tratarse durante un año en el cuerpo y luego quedan aprobados automáticamente. Se denomina “sanción ficta”.
Los instrumentos enviados a la Cámara baja fueron los siguientes:
- Decreto acuerdo N°718: disolución del Ente Regulador de Servicios Públicos y otras concesiones (ENRE).
- Decreto acuerdo N°719: modificación de la Ley provincial 5337 de 2011 de creación del Defensor del Pueblo.
- Decreto acuerdo N°720: modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas (N°4621)
Al Senado solo se remitió:
- Decreto del Poder Ejecutivo N°781: designación en comisión de Dalmacio Mera como Defensor del Pueblo de Catamarca.
Para que su designación quede firme necesita la aprobación de 2/3 del Senado. Además, Mera deberá jurar ante el presidente del cuerpo, Rubén Dusso, por tratarse de un cargo creado en la órbita del Poder Legislativo, aunque por propuesta del Ejecutivo.
En suma, un trámite corriente.
En primer lugar, el Gobierno avanzó con la disolución del ENRE y repartió sus competencias originales entre el Ejecutivo y la Defensoría del Pueblo. De acuerdo con el decreto, todo lo que concierne a determinación de tarifas de los servicios públicos de energía y agua, el poder de policía y el control de la prestación de los servicios quedará en manos del Ministerio de Desarrollo Productivo. Mientras lo que respecta a la protección de los derechos de los usuarios será responsabilidad del Defensor del Pueblo.
Tal esquema no sería incongruente si los prestadores de los servicios fueran empresas privadas, pero en el caso de Catamarca los encargados son sociedades cuyo accionista mayoritario es el Estado provincial. De hecho, los presidentes de cada Sapem son designados por el Ejecutivo, como un cargo político más.
Si ya había sospechas respecto al rigor sancionatorio del viejo ENRE sobre las empresas estatales, con la nueva estructura política creada por el Gobierno tanto la determinación de un valor justo de la tarifa y el control de la calidad del servicio, por un lado, como el freno a los excesos en perjuicio de los usuarios, por el otro, el final parece estar escrito.
El Defensor, ayer y hoy
La figura del Defensor del Pueblo fue creada en 2011 por una ley de autoría de la exdiputada Pilar Kent de Saadi. Su misión fundamental es “proteger los derechos e intereses de los individuos y de la comunidad frente a los actos, hechos u omisiones de cualquier funcionario o agente de la Administración Pública Provincial o Municipal, que impliquen el ejercicio ilegitimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones”.
Aclara además que el funcionario a cargo “ejercerá las funciones sin recibir instrucciones de ninguna autoridad y con independencia funcional e institucional de todo poder del Estado”.
Si bien el decreto acuerdo firmado por el gobernador Raúl Jalil y todos los ministros, incluido el propio Mera en su carácter de ministro de Educación hasta el 30 de abril, conserva prácticamente las mismas competencias y características formales del Defensor, introduce varios cambios “estratégicos” acomodados a la situación política actual y a las necesidades personales del funcionario elegido.
Las principales diferencias entre la Ley 5337 y el decreto acuerdo de Jalil están sintetizadas en el siguiente cuadro:
Respecto a la designación, la ley original de Pilar Kent dejaba la conducción del proceso en manos de una Comisión Bicameral “ad hoc”, integrada por 7 senadores y 7 diputados. Esta debía habilitar un registro de postulantes al que podían presentarse todos los ciudadanos que cumplieran requisitos básicos, tales como ser argentino, 30 años mínimos, residir en Catamarca y no tener antecedentes penales. Es decir, el Defensor del Pueblo debía surgir del pueblo.
En cambio, el nuevo decreto establece que el Defensor será designado por el Ejecutivo y contar con la aprobación de los 2/3 de la Legislatura. Es decir, debe ser un representante del oficialismo de turno. Si los legisladores no tratan el asunto en el periodo de un año, el decreto adquiere carácter de ley. En las actuales condiciones, lo lógico sería que el peronismo en Diputados no mostrara ningún apuro en bajar el tema al recinto.
En cuanto a la remuneración, la ley establecía que el Defensor debía cobrar un salario equivalente a la dieta de un diputado provincial, que hoy ronda los 3 millones de pesos. El decreto elevó su rango: la remuneración del funcionario será “equivalente a la del presidente y vocales del Tribunal de Cuentas de la Provincia”.
Y como el decreto acuerdo N°720 equiparó las remuneraciones de la cúpula del TC con las de los ministros de la Corte de Justicia, el Defensor cobraría hoy un sueldo de entre 6 y 7 millones de pesos. Es decir, más del doble de lo que establecía la ley Pilar Kent.
Pero la verdadera “perla” de las modificaciones está puesta en el mandato del Defensor. La ley lo fijaba en 5 años con posibilidad de una reelección, mientras que el decreto establece que sea de 12 años sin reelección.
Mera tiene hoy 54 años. Con la ley previsional actual, se encuentra a 11 años de su jubilación. Curiosamente, otro cambio que se agregó en el decreto en el apartado referido al “cese” del mandato es “haber alcanzado la edad jubilatoria”.
La ilusión menos creíble
La ley de creación del Defensor del Pueblo en Catamarca, a tono con la figura nacida a la luz de la reforma de la Constitución Nacional en 1994, fue aprobada cuando Lucía Corpacci transitaba el último año de su primer mandato como gobernadora (1999-2011), con Mera como vicegobernador.
Fue una de las tantas normas nobles que se aprobaron en la Legislatura provincial y quedaron en letra muerta porque nunca se pusieron en marcha.
En general, los responsables de las Defensorías del Pueblo en Argentina fueron elegidos en el ámbito legislativo, con prescindencia del mandatario de turno. Porque precisamente su función primordial es defender a los ciudadanos de los abusos del Estado.
Pero en Catamarca el Defensor del Pueblo no solo fue elegido por el Gobernador, sino que además responde a los intereses políticos del oficialismo. Sin ir más lejos, es el mismo caso del Tribunal de Cuentas, donde su presidente, Jorge Moreno, y los vocales, Sebastián Véliz y próximamente Juan Cruz Miranda, surgieron del círculo gobernante.
Es ilusorio suponer que funcionarios afines -con conocidos lazos de amistad común, además- puedan ejercer estrictos controles de los organismos del Estado y sancionar sus incumplimientos, excesos, arbitrariedades, irregularidades y todo hecho que implique un abuso en perjuicio de los ciudadanos.
Cuesta imaginar un Estado que se castigue a sí mismo y favorezca a sus víctimas: usuarios de luz y agua, contribuyentes, grupos vulnerables, gente discriminada y excluida de planes de viviendas, de salud y asistencia social.
No hay forma de convencer a los catamarqueños de que el Gobierno es capaz de auto regularse, y que si no lo hace se cortará los dedos. De que tiene tan elevada concepción democrática que puede tomar distancia de sus malos actos y sancionarlos.
Por el contrario, más allá de las torpezas legales e institucionales, y de los supuestos delitos penales en los que habría incurrido con estos decretos acuerdo, según denunció el diputado opositor Hugo Ávila, subyace un peligro paulatino.
Se trata de la creciente concentración del poder, la supresión del debate democrático, la ausencia de rendición de cuentas y el control de la información. Características comunes en las dictaduras contemporáneas.
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