Lo que el sentido común no pudo en cinco años, el ajuste de Javier Milei lo logró en apenas tres meses. El Gobierno pasó de 16 ministerios a 12, obligado por la repentina y brusca caída de la coparticipación federal. Aunque no precisó cuánto gasto público ahorrará con la medida. En lo político, la crisis fue aprovechada por el gobernador Raúl Jalil para quitarse de encima algunos funcionarios cuestionados.
El 5 de diciembre de 2019, la Legislatura aprobó la Ley N°5635 -que modificó la anterior Ley de Ministerios N°4693-, a través de la cual se crearon 16 ministerios del Poder Ejecutivo. A pocos días de su debut, la actual gestión sumó uno más: el Ministerio de Comunicación, donde debutó el hoy senador nacional Guillermo Andrada. Pero tuvo corta vida, ya que en diciembre de 2021, cuando Andrada se mudó al Congreso, Comunicación volvió al rango de secretaría y quedó en la órbita de la cartera de Gobierno. Fue un claro ejemplo de cargo político creado sin justificación funcional.
Por lo demás, la razón que alegó el Ejecutivo fue la necesidad de jerarquizar áreas que antes funcionaban como secretarías o subsecretarías. Así, se elevaron a rango ministerial a Minería, Seguridad, Vivienda, Trabajo, Ciencia e Innovación, Industria e Inversión y Desarrollo. También se reformularon los ministerios de Servicios Públicos como Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente; Obras Públicas como Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles. Además, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) quedó bajo el Ministerio de Vivienda y Urbanización, entre otros casos.
El entonces asesor general de Gobierno, Fernando Ávila, lo explicó así: “La finalidad de estos cambios es que estas áreas tengan una nueva dinámica en 2022, con un trabajo conjunto de equipos que tienen los mismos objetivos con las mismas herramientas de trabajo y gestiones para lograr mayores niveles de eficiencia”.
Para Alejandra Nazareno, exministra de Hacienda, la pretensión del Gobierno fue “ir hacia mejores estándares de austeridad y efectividad”, sin modificar la planta de personal, pero sí redistribuir tareas en la estructura ministerial.
Sin embargo, más burocracia estatal no fue sinónimo de mejor gestión. En rigor, no hubo resultados concretos que demostraran que el aumento de ministerios hubiera contribuido a una mayor capacidad de respuesta a las demandas sociales. Por el contrario, la medida fue “leída” como un incremento del gasto público con fines políticos.
Desde allí y hasta hoy, la oposición legislativa usó la super estructura ministerial como argumento para contraatacar al Gobierno cada que vez pedía austeridad o retaceaba fondos para otros fines. Eso sumado a la gigantesca nómina de “puntos índice”, esos favores políticos que se pagan con el presupuesto provincial.
Cifras contradictorias
Pero la fiesta parece haber llegado a su fin. Según informó el Gobierno, entre enero y febrero de este año los recursos coparticipables para Catamarca disminuyeron unos 20.000 millones de pesos, lo que representó una caída del 16,4%.
El viernes pasado, Jalil recibió a 31 de los 36 intendentes para hablarles de la crisis económica actual y del pronóstico nada alentador de los próximos meses. Les explicó que con los $3.500 millones que la Provincia recibió en lo que va de abril, la caída proyectada respecto a marzo alcanza el 40%.
Aunque los números presentados por el Gobierno provincial difieren bastante de los que muestran otras fuentes.
Por ejemplo, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en su informe de febrero último sobre “Transferencias a las provincias por recursos tributarios de origen nacional y transferencias de coparticipación”, indica que el balance para las provincias ha sido positivo.
“En febrero de 2025, se observa un crecimiento interanual de los Recursos de Origen Nacional (RON) de 20,1% en términos reales (considerando una inflación en febrero de 2,4%). Por su parte, la Coparticipación Federal de Impuestos exhibió una mejora de 17,5% interanual. Así, se observa una recuperación parcial de lo perdido en febrero de 2024”, detalla el informe.
En cuanto a los impuestos nacional con mayor incidencia, el CEPA precisa que “la recaudación por IVA aumentó 5,5% en términos reales y fue acompañada de una recuperación de Ganancias de 43,0%”.
En el caso de Catamarca, en febrero de 2025 los ingresos por RON se incrementaron 19,6%, mientras que los de coparticipación crecieron 19,1%. O sea, apenas por debajo del promedio nacional en el primer ítem, y 1,6% por encima del promedio de coparticipación.
Lo que el Gobierno catamarqueño no dice, pero lamenta y reniega, es que la Nación no ha cumplido con el compromiso de compensar a la Provincia con $48.200 millones destinados a obras de infraestructura vial, agua y saneamiento, vivienda y energía, entre otras.
Tal reintegro fue acordado en diciembre pasado, en el marco de la adhesión de Catamarca al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, creado por el decreto nacional 969/2024, con el objetivo de extinguir, total o parcialmente, las obligaciones recíprocas entre las jurisdicciones, para posibilitar el saneamiento definitivo de las acreencias financieras.
Esos recursos eran en devolución a la Provincia por las obras públicas nacionales que la gestión Milei dejó de financiar a poco de asumir, y que el Gobierno local ejecutó por su cuenta.
Los insostenibles
Ahora bien, aún cuando la situación financiera objetiva de la Provincia no sea tan grave como la planteó el Gobierno, en buena hora que haya tomado la decisión de avanzar con un reacomodamiento racional de la estructura ministerial y, de paso, aprovechar para sacar de la escena a los funcionarios que estaban en la mira por sospechas de corrupción y gestión deficiente.
Son los casos de Lucas Zampieri y Fabiola Segura, exministros de Salud y Seguridad, respectivamente, quienes se habían convertido en una carga muy pesada para la administración Jalil.
Zampieri, cuyo mentor político es el vicegobernador Rubén Dusso -de hecho, comenzó como contador en la empresa constructora Ducanor y luego lo acompañó en Obras Públicas y otros organismos-, fue denunciado en la Justicia por el diputado radical Tiago Puente por haber avalado un negocio familiar con recursos del Ministerio de Salud.
La maniobra tuvo como protagonistas al médico Caleb Carlos Camji, exjefe de la Dirección Provincial de Medicina Social Integral (DIPROMESI); su pareja, Ana Gabriela Rizo, exsecretaria de Administración de la cartera de Salud; y su madre, Miryam Iris del Valle Carrizo, titular de la firma “M&C Insumos”. Camji y Rizo habían sido designados por Zampieri el 9 de diciembre de 2023, cuando éste asumió como ministro de Salud.
Puente los denunció por negociaciones incompatibles con la función pública, ya que se comprobó que Camji ordenaba compras de insumos a la firma de su madre, con el acuerdo de Rizo y del propio Zampieri, sin licitación, en forma directa y en detrimento de otros proveedores.
Si bien el Gobierno resolvió echar a Camji y Rizo inmediatamente, Zampieri quedó en el medio del escándalo. Y como máximo jefe del área, no dio explicaciones ni asumió ninguna responsabilidad. Fue evidente que estaba golpeado, sin reacción. El último viernes, en su lugar, Jalil le tomó juramento a la médica Johana Carrizo.
En cuanto a Fabiola Segura, el recurso marketinero de ser la “primera ministra de Seguridad de la Provincia”, tal como la presentaron, le duró poco tiempo: prácticamente no pasaba un mes sin recibir cuestionamientos. Y nadie en el Gobierno se atrevía a defenderla en público.
El primer paso en falso fue la actuación negligente de la Policía en el homicidio del exministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas. Porque los uniformados no preservaron la escena del crimen, sino que la contaminaron. Segura no ordenó ninguna investigación de ese procedimiento.
Por otro lado, benefició a la empresa Providers, proveedora de internet y cámaras para el SAE 911, cuyo representante local era a su vez director del propio servicio de emergencia, algo claramente incompatible. No solo eso, Segura llamó a licitación para la segunda etapa, pero la dio por fracasada y le postergó el contrato a la firma. Un favorecimiento evidente.
Respecto al oscuro asalto violento a la familia Rolón Reynoso en Parque América, la funcionaria tampoco movió un dedo para que la Policía busque al quinto asaltante, y supuesto jefe de la banda, que escapó frente a las narices de la fuerza de seguridad. Además, quedó muy expuesta por ser prima de Camilo Carrizo, uno de los asaltantes. A raíz de ese hecho, Segura fue objeto de dos pedidos de interpelación presentados por la oposición en la Cámara de Diputados, que el oficialismo rechazó sin debate.
Por lo demás, Segura demostró incapacidad para manejar los conflictos salariales en la Policía, que finalmente terminaron en manos de otros ministros. En definitiva, el cargo siempre le quedó grande.
¿Cómo resolvió Jalil este problema? Suprimió del organigrama al Ministerio de Seguridad y lo convirtió en una secretaría bajo la órbita del Ministerio de Gobierno. Es decir, la vieja fórmula. El jefe del área será el abogado Leandro Luna, del equipo del ministro Rosales Matienzo.
¿Menos gasto?
Además de Seguridad, los otros ministerios que desaparecieron como tales son Infraestructura y Obras Civiles (se fusionó con Economía), Ciencia e Innovación Tecnológica (quedará en Educación) y el de Industria, Comercio y Empleo (fusionado con Inclusión Digital y Sistemas Productivos en el nuevo Ministerio de Desarrollo Productivo) En total, serán 12 ministerios.
Los ministros que seguirán son: Verónica Soria (Trabajo, Planificación y Recursos Humanos), Rosales Matienzo (Gobierno, Seguridad y Justicia), Juan Marchetti (Hacienda y Obra Pública), Fidel Sáenz (Vivienda y Urbanización), Gonzalo Mascheroni (Desarrollo Social), Dalmacio Mera (Educación, Ciencia y Tecnología), Juan Cruz Miranda (Desarrollo Productivo), Eduardo Niéderle (Agua, Energía y Medio Ambiente), Marcelo Murúa (Minería), Daiana Roldán (Cultura, Turismo y Deporte) y Eduardo Andrada (Integración Regional, Logística y Transporte).
Pero si bien esta supuesta caída de recursos fiscales forzó la reducción de la nómina ministerial, el Gobierno se cuidó de no detallar cuál será la disminución del gasto público que, se supone, debería producir esta medida. De hecho, no hay números de reducción de la planta política.
En consecuencia, habrá que seguir de cerca cuál será el destino de los “recortados” en el presupuesto provincial. Porque, es sabido, en el peronismo catamarqueño nada se pierde, todo se transforma… en otro cargo.
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